3. Paso a examinar el programa del candidatoAntonio Garamendi, que ya adelanto que es mucho más estructurado y ordenado, al
menos a mi parecer, que el de Juan Rosell, y que lleva por título “De nuevo.
Independencia, ética y transparencia”, en cuya presentación se destaca que el
programa está realizado “con aportaciones de muchas organizaciones
empresariales”, y que además “está abierto a ser completado, modificado o
rectificado en todo aquello que nos desees sugerir”. La crítica a la actual
situación de la CEOE es clara en todo el programa y me parece que se resume muy
bien en esta frase del candidato: “yo deseo y espero que una CEOE por mí presidida
vuelva a ser útil a sus representados y, por lo menos, luche por defender sus
intereses y aspiraciones”.
El primer bloque
del programa está dedicado a las propuestas “para el progreso de la economía y
el avance social”, partiendo del reconocimiento expreso de “la unidad
territorial, la indivisible soberanía del Pueblo español y el marco
constitucional”, con una mención a la necesidad de tener en cuenta también “las
diferentes peculiaridades de las Comunidades Autónomas”, y con una propuesta
general y transversal de reducción de los costes de las empresas, “ya sean
laborales, fiscales, energéticos, sociales o de cualquier tipo”, aduciendo (y
aquí sería conveniente una argumentación en apoyo de la tesis) que esas
reducciones serían “la mejor manera de que las administraciones ayuden a los
empresarios a cumplir su importante función social, principalmente en la
creación de empleo”. En este bloque se concentran todas las propuestas en
materia laboral y de protección social, a excepción de una referida específicamente
a la importancia institucional de los agentes sociales, que se encuentra en el
segundo, que llevas por título “Sobre CEOE y las organizaciones empresariales”.
A) Un apreciable
punto de convergencia con las propuestas del documento de Juan Rosell, y que
pone de manifiesto, subrayo, la preocupación empresarial por un determinado
intervencionismo judicial (y no sólo en las relaciones de trabajo) se constata
en la crítica a la “judicialización de la actividad de las empresas”, por el
coste económico y de tiempo que supone, postulando la simplificación de los
trámites (recuerdo, por si alguien se ha olvidado, el derecho a la tutela
judicial efectiva proclamado en el art. 24.1 de la Constitución), “exigiendo”
(no se anda por las ramas el documento) “una justicia más rápida y ágil” (¿y
más eficiente?), y promoviendo los mecanismos de arbitraje.
En definitiva,
tras las críticas al poder judicial se esconde en muchas ocasiones, vuelvo a
insistir refiriéndome al ámbito laboral, una crítica a determinadas
interpretaciones de la normativa que no son consideradas ajustadas a sus
intereses, o bien que no se corresponden a aquello que pretendían los poderes
públicos con la reforma laboral de 2012,
pretensiones plasmadas de forma muy clara, pero no tan jurídica, en la tantas
veces citadas en mi blog exposición de
motivos del RDL 3/2012 y después de la Ley 3/2012. La insistencia en
evitar la intervención judicial se concreta más en el ámbito laboral cuando se
afirma más adelante que las empresas necesitan disponer de un marco regulatorio
“más adaptable a las especiales circunstancias por las que atraviesan”, y que
dicho marco “no esté permanentemente judicializado”, un deseo que para
convertirse en realidad necesitaría de mucho más pacto, acuerdo, consenso, con
las organizaciones de trabajadores del que actualmente existe en España a mi
parecer.
B) Las propuestas
generales se acompañan en ocasiones de propuestas más concretas y muy pegadas
al terreno de los cambios normativos acaecidos en los últimos meses. Ejemplo
concreto de ello es la petición genérica (semejante a las propuestas de la otra
candidatura) de reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social,
con la mucha más concreta de no computar en la base de cotización determinados
conceptos, que son, aunque no se citen de forma expresa, los resultantes de la
modificación del art. 109 de la Ley General de Seguridad Social por el Real Decreto-Ley 16/2013, afirmando
que hay que modificar esa normativa, o dicho con las propias palabras del
programa “también hay que volver a permitir que no se computen en la base de
cotización aquellos gastos que debe realizar el empresario para poder conseguir
su objetivo y que no sean estrictamente remuneratorias de la actividad que
realiza el trabajador”. La modificación fue calificada en su momento por la
organización empresarial que preside el Sr. Garamendi como negativa para el
tejido empresarial ya que las subidas de las cotizaciones empresariales “no
solamente no contribuyen a la generación de la contratación ni mejoran la
empleabilidad de los trabajadores, sino que, por el contrario, puede perjudicar
la recuperación de la actividad empresarial de las pymes y de los autónomos”.
C) Más proclamas
de carácter general se encuentran en el documento sobre el valor de la
negociación colectiva, a la que parece querer dársele un papel relevante en la
ordenación de las relaciones laborales en el ámbito estatal, de tal manera que
el documento parece alejarse claramente de las negociaciones autonómicas y
provinciales (creo que especialmente de las primera, muy conocidas directamente
por el candidato en el País Vasco). Junto a ello, se valora positivamente la
reforma laboral de 2012 por haber significado un avance en los ámbitos de
flexibilidad interna y externa, pero se subraya, por si alguien pensara que ya
es suficiente, que tal flexibilidad “sigue siendo imprescindible para ganar en
competitividad”, siendo conveniente adaptar mediante la negociación colectiva
“adaptar las plantillas a las necesidades de las empresas”.
D) Como he dicho
con anterioridad, el programa de Antonio Garamendi es mucho más detallado, y
articulado, que el de su contrincante en el proceso electoral, y junto a puntos
de convergencia, como el ya reseñado sobre la limitación de la presencia judicial
en la resolución de las controversias de trabajo, hay otros en los que se
diferencia notablemente, además de introducir menciones concretas a cuestiones
no abordadas en el programa de Joan Rosell, como por ejemplo la regulación del
derecho de huelga, propuestas a las que me parece que no son ajenas su militancia
empresarial en el País Vasco y en la patronal del metal, ámbitos geográfico y
sectorial donde los conflictos laborales tienen una especial carga de
intensidad.
a) Así por
ejemplo, en materia de contratación laboral se muestra muy flexible en su
regulación según cuales sean las necesidades de cada sector productivo,
rechazando una reducción sin motivo de las mismas (es decir más por razones
teóricas de buen funcionamiento del mercado de trabajo, construidas o diseñadas
en un laboratorio jurídico o económico y que no han pasado la prueba de su
concreción práctica) dado que ello “puede suponer una incomodidad para las empresas”.
La propuesta del candidato va más lejos aún, ya que defiende la conveniencia de
mantener los contratos de duración determinadas y los contratos a tiempo
parcial (parece haber, y siempre según mi parecer, un rechazo a la tesis del
contrato único tan querida por algunos economistas, por muy poco juristas y por
algún partido político como UPyD, sin olvidar el cariño externo que le llega a
esta propuesta de los asesores de la OCDE y del FMI), argumentando, y desde la
perspectiva empresarial no le falta desde luego razón, que “son muy valiosos
para las empresas, pues permiten adaptar las plantillas a las necesidades
concretas de negocio en un momento determinado”.
b) Dónde sí hay
una tesis empresarial clásica, recogidas en muchos documentos tanto de la
propia CEOE como de sus organizaciones asociadas, es en la valoración negativa
del absentismo y en la necesidad de, se afirma textualmente, “controlar la
presencia de los trabajadores en los centros de trabajo”, reivindicando, y las
recientes reformas en materia de Incapacidad Temporal y la modificación de la
LGSS que se aprobará el próximo jueves y que afecta directamente a las MATyEP
van en la misma línea, que las MATyEP puedan jugar “un papel protagonista” para
conseguir “un mayor control de las bajas laborales y enfermedades profesionales”.
El papel de las mutuas es también reivindicado en la lucha (una variante del
caso anterior) contra la siniestralidad laboral, así como también el de los
servicios de prevención de las empresas, para lo que se plantea una
corresponsabilidad del trabajador y una mayor capacidad empresarial de “gestión
y ordenación de la actividad en el centro de trabajo” (no se plantea
abiertamente una modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
pero las propuestas apuntan en estas línea)
No hubiera estado
mal, encontrar alguna referencia en el documento a la conveniencia de mejorar
las condiciones laborales, que iría tanto en beneficio “de la cuenta de
resultados de la empresa” como de la calidad de vida laboral de los
trabajadores, pero supongo que estas “pequeñas” cuestiones no son de interés en
un debate electoral del mundo empresarial español (¿o sí deberían serlo?).
c) Un gran titular
del documento es el siguiente: “Una de las reformas pendientes y urgentes es la
del derecho de huelga, cuestión compleja pero necesaria”. Bueno, más
exactamente aquello que se plantea es la adopción de medidas no dirigidas
precisamente a potenciar el ejercicio de un derecho constitucional fundamental,
sino más claramente a limitar y encuadrar su ejercicio, siendo las propuestas
(al menos así lo parece de la redacción
del texto) pensadas básicamente para “sectores o actividades de interés público
y general”, terminología que no es propiamente jurídica ya que convendría hablar
de servicios esenciales para la
comunidad, pero en tal caso las propuestas se concentrarían en un número
bastante más reducido de conflictos laborales, de lo que deduzco que no hay tal
incorrección sino una manifestación de limitar el derecho de huelga en más
amplios sectores de actividad.
Las propuestas
bajan a un detalle que no se encuentra en el resto de los apartados del
documento: votación “en urna”; imposibilidad de realizar las acciones informativas
de la convocatoria el mismo día de la huelga “porque entonces se convierten en
piquetes coactivos”; imposibilidad de convocar las huelga por un sindicato “que
carezca de representatividad en la empresa o sector de que se trate”. Insisto:
las medidas propuestas me parece que guardan mucha relación con conflictos que
se producen en el País Vasco y en sectores y empresas donde hay una presencia
sindical que no es sólo, ni mucho menos, la de los sindicatos más
representativos, ya sean estatales o autonómicos.
E) Volvemos a las
propuestas más generales (estoy realizando mi análisis por el orden de las
propuestas presentadas) y a encontrar semejanzas con las de la otra
candidatura: reducción del coste del despido individual, sin concretar cuantía
pero cabiendo razonablemente pensar, por la omisión de la referencia a los
despidos colectivos, que la cuantía debería situarse en los 20 días de salario
por año de servicio y un máximo de 12 mensualidades; flexibilidad y moderación salarial,
vinculando estrechamente el salario a la productividad de cada compañía “e
incluso de cada puesto de trabajo” (individualización de las relaciones
laborales en el ámbito salarial es la denominación más correcta que yo
pondría a esta propuesta, pero como no
soy el candidato no puedo hacerlo); buscar “fórmulas imaginativas para reducir
el desempleo juvenil”, siendo urgente a
juicio de los redactores del documento la reforma de la formación profesional y
la implantación de la formación dual con presencia de los jóvenes en las
empresas, propuesta con la que no puede sino estar de acuerdo siempre y cuando
exista un real proceso formativo que redunde en beneficio del estudiante –
trabajador;
También, la preocupación
por el mantenimiento del sistema de pensiones, del que se manifiesta su defensa
en términos generales pero (clásica propuesta empresarial) con un fomento
decidido “de los sistemas de ahorro y de previsión complementaria”, por
considerar que estos proporcionarán
rentas con las que mejorar la capacidad de los futuros pensionistas, y que ello
repercutirá tanto “en mantener su capacidad de consumo” como “en beneficio de
la economía en general”. Pragmatismo empresarial, desde luego, que pone el acento
en el jubilado como consumidor y que no dedica una sola línea a la importancia
de reconocer el derecho de todo trabajador tras muchos años de trabajo a una
vida digna y que no sólo se base en el consumo.
Igualmente es muy
parecido el planteamiento del documento de la candidatura de Antonio Garamendi
sobre la importancia de la formación continua al defendido en el de Juan
Rosell, ya que se reivindica el papel fundamental de las organizaciones
empresariales “en la identificación de las necesidades formativas concretas de
las empresas y en la gestión de los planes correspondientes”, con plena
reivindicación del carácter finalista de los fondos de FPE, por lo que
indirectamente se está criticando el uso que la normativa presupuestaria
permite efectuar de una parte de los mismos para otras medidas de políticas
activas de empleo.
F) En fin, cabe
valorar positivamente la importancia que se concede a las organizaciones
empresariales y sindicales de acuerdo al reconocimiento constitucional, no sólo
referido a temas laborales sino a todas aquellas cuestiones de relevancia
sociopolítica, reivindicando la
importancia del diálogo social, con independencia de que en algunas
ocasiones se alcancen acuerdos y en otras no, y defendiendo, “frente a la
tentación de deslegitimar a las centrales sindicales” el que considera que es “el
importante papel representativo e institucional que cumplen los sindicatos en
la Sociedad, como cauce para hacer oír la voz de los trabajadores y como
vehículo para llegar a acuerdos en materias que incumben a los agentes sociales,
evitando en lo posible el conflicto y el enfrentamiento”.
4. Concluyo. Buena
lectura de los dos programas electorales y no sólo del contenido laboral que he
tratado de explicar en páginas anteriores, ya que hay numerosas referencias a
asuntos políticos, económicos y sociales que sin duda interesarán a los
lectores y lectoras del blog. Y a esperar ahora los resultados del día 17, y
también a comprobar cómo el programa
electoral del ganador se lleva a la práctica.
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