1. Hoy se ha
constituido el nuevo Parlamento Europeo, resultado de las elecciones celebradas
entre los días 22 y 25 de mayo en los Estados miembros de la UE, con lareelección (con mandato temporal de dos años) del parlamentario socialdemócrataalemán Martin Schulz, que en su discurso ha hecho referencia, entre otras
materias a tener en consideración durante la nueva legislatura, la política de
inmigración. Hoy también comienza el
mandato semestral de Italia en la presidencia europea, con referencias a las
políticas de inmigración y a la necesidad (y nadie mejor que este país, por su
conocimiento directo del asunto, para proponerlas) de abordar las medidas con
responsabilidad y solidaridad entre todos los Estados.
En el ámbito
internacional, los debates sobre las políticas migratorias han obtenido un
significativo impulso con la presentación por el Secretario general de la OIT,
en su Memoria a la 103ª conferencia anual internacional celebrada del 28 de
mayo al 13 de junio, del documento “Migración equitativa. Un programa de la OIT”,en el que Guy Rider llama a dotarse de un programa “que no solo respete los
derechos fundamentales de los trabajadores migrantes, sino que también les
ofrezca oportunidades reales de obtener un trabajo decente”, poniéndose en práctica
criterios de gobernanza “que garanticen un reparto equitativo de la prosperidad
que la población migrante contribuye a crear”. Entre las diferentes propuestas
de actuación, se llama a la OIT a una actuación firme y dinámica “en sus
esfuerzos para corregir las situaciones en que los trabajadores migrantes se
encuentran expuestos a condiciones y tratos inaceptables”.
También destaca por
el especial interés que a las migraciones internacionales y las políticas de
desarrollo ha prestado el Informe 2014 de la OIT sobre el mundo del trabajo, sin
que debamos olvidarnos, por su trascendencia, de la llamada “Cumbre sobre elmundo del trabajo”
celebrada durante la Conferencia anual de la OIT,
concretamente el 9 de junio, en la que los ponentes dedicaron especial
importancia a la inmigración desde realidades económicas y sociales tan
distintas como las de México, Luxemburgo, Túnez o Filipinas, interviniendo
también la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, Sara
Burrow, quién afirmo que la migración “debe ser una elección” y no una obligación,
y que deben respetarse los derechos de las personas migrantes, destacando que
una buena y ordenada regulación de los flujos migratorios “podría contribuir a
subsanar el desajuste entre la oferta y la demanda de competencias
profesionales”. No quiero olvidarme tampoco del mensaje dirigido por el PapaFrancisco a la conferencia de la OIT, en el que dedicó especial atención a las migraciones y manifestó su especial
preocupación por la situación de un número importante de hombres y mujeres que
se ven obligados a buscar trabajo fuera de sus países de origen, alertando
sobre la necesidad de que dispongan de condiciones de vida y de trabajo dignas
y de que se acabe con situaciones que atentan a la dignidad humana como la
trata de personas y el trabajo forzoso.
2. El 31 de
diciembre llega a su fin el programa plurianual (2010- 2014) en materia de
libertad, seguridad y justicia, más conocido como Programa de Estocolmo, y que
llevaba por subtítulo “Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al
ciudadano”. Llega pues el momento de aprobar un nuevo Plan y para ello la
Comisión ya se puso manos a la obra en marzo de este año con la presentación de
una importante Comunicación el día 11 de dicho mes, cuyo título creo que es
suficientemente claro respecto a aquello
que pretendía el Programa de Estocolmo y que no parece que haya logrado: “Una
Europa abierta y segura: ha llegado la hora de hacerla realidad”.
Más adelante, el
Consejo de Justicia e Interior celebrado los días 5 y 6 de junio aprobó
diversos documentos y propuestas en las materias de sus competencias, con
especial atención a la política de inmigración, y destaco ahora las
conclusiones adoptadas por el Consejo y los representantes de los gobiernos de
los Estados miembros “sobre la integración de los nacionales de terceros países
que residan legalmente en la UE”.
Por fin, el
Consejo Europeo celebrado los días 26 y 27 de junio aprobó, de acuerdo con los
documentos citados, las líneas maestras del nuevo programa de libertad,
seguridad y justicia, en las que se destaca, y hay que esperar a saber cómo se
concreta en el nuevo Programa a partir de 2015, que uno de los objetivos clave
de la UE es justamente la construcción de un espacio de libertad, seguridad y
justicia “sin fronteras interiores y en el que se respeten plenamente los
derechos fundamentales”, y que para ello “se deben adoptar medidas coherentes
de política relativa al asilo, la inmigración, las fronteras y la cooperación policial
y judicial, de conformidad con los Tratados y sus Protocolos correspondientes”.
El interrogante
del título de esta entrada responde a que, tras leer y analizar todos los
textos citados, tengo bastantes dudas de que se trate de una nueva política que
profundice en una auténtica política europea de inmigración sino que más bien sea
una continuación de la ya existente con el deseo de llevar a cabo aquello que
no se ha podido realizar durante el quinquenio que ahora termina, en la que
además parece ponerse especialmente el acento en las políticas de seguridad
bastante más que en las de integración.
Está por ver
como avanzará la elaboración del nuevo programa durante la presidencia italiana
de la UE que hoy se inicia, y que viene acompañada de nuevos dramas humanos, de
pérdida de vida de muchas personas que intentan acceder a la fortaleza Europa.
No debemos extrañarnos, por consiguiente, de la preocupación manifestada por la
comisaria de interior en el anterior gobierno europeo, Cecilia Malmström, al
afirmar, en una reunión de trabajo celebrada en Barcelona el día 20 de junio,
que no ve posible lograr una política común europea de inmigración en los
próximos años, afirmando también que “Lo que hacemos es poco, porque el desafío
es enorme y no parará, pero la UE no puede resolver todos los problemas. Los
Estados miembros están más centrados en construir fronteras que en encontrar
soluciones constructivas”.
Repaso a
continuación los contenidos más destacados a mi parecer de la Comunicación de
la Comisión, de los textos aprobados en la reunión de ministros de Justicia e
Interior, y de las conclusiones del Consejo Europeo, y remito a las personas
interesadas a entradas anteriores del blog en las que he ido analizando la
política de inmigración europea durante el período 2010-2014. Recomiendo también
la lectura de un interesante artículo de Elisabet Collet, directora del
Migration Policy Institute Europe, publicado el pasado mes de mayo con el
título “Future EU policy development on immigration ans asylum: Understandingthe challenge”. En la presentación del
documento de la autora, que se manifiesta crítica con la aplicación efectiva
del programa de Estocolmo, se expone que “This MPI Europe policy brief, the
first of three on EU immigration and asylum policy, sets out the reasons for
increasingly sclerotic policy development, and why policy will be harder to
make in the future. It highlights that these challenges will not subside in the
future, but EU institutions and Member State governments will have to find
different ways of working together to identify common solutions based on the
real future needs of Member States, and by focusing on adding value to existing
immigration systems”.
3. Pero antes,
me detengo en un breve comentario de los datos más relevantes de la inmigración
en la UE recogidos en el recientemente presentado V Informe anual de migracióny asilo (2013), hecho publicado por la Comisión Europea el 22 de mayo.
Según el V
Informe, en 2013 la población de la UE (datos facilitados por la oficina
estadística Eurostat) era de 503 millones, siendo el 4 % de dicha población, es
decir 20,4 millones, nacionales de terceros Estados. Respecto a la concesión de
permisos de primera residencia, y con datos
ahora sólo disponibles de 2012, estos fueron un total de 2.100.000,
siendo mayoritarios los concedidos por razones de reagrupación familiar (32 %),
situándose en segunda posición, ambos con un 23 %, los otorgados para llevar a
cabo una actividad laboral y por otras razones (que incluye la protección
internacional), respectivamente, mientras que los dados para llevar a cabo
estudios en países de la UE supusieron el 22 % del total.
Respecto a los
datos, nuevamente de 2013, sobre denegación de entrada, detención, devolución o
interceptación, el Informe destaca en el primer supuesto que afectó a 317.840
personas, de las que “la gran mayoría (61 %) fueron rechazadas en España”, algo
que no debe sorprender ya que somos frontera con el territorio africano. Sobre
el segundo, el número fue de 386.230 personas, mientras que la devolución
afectó a 166.470 ciudadanos extracomunitarios. Por fin, en relación con la
interceptación de personas que pretendían cruzar al margen de la ley las
fronteras europeas, el número fue de 7.140 personas según los datos de Frontex,
destacándose que esta cifra “a partir de julio se incremento significativamente
afectando mucho la costa italiana, debido sobre todo al recrudecimiento de la
crisis siria”.
En fin, otros
datos que deben merecer la atención de los gestores de las políticas públicas
son los relativos a la situación de los migrantes en el mercado de trabajo
europeo, que se caracteriza de manera global por una menor presencia de los
mismos entre la población ocupada y una mayor presencia entre las desempleadas,
poniéndose de manifiesto que los indicadores de la UE sobre integración de los inmigrantes “apuntan a un
empeoramiento de su situación en relación con los ciudadanos de la UE”,
afirmación que se concreta en datos como los del desempleo (22 % de nacionales
de terceros países frente al 11 % de nacionales UE) y los de riesgo de pobreza
y exclusión social (44,3 % de nacionales de terceros países frente al 24,8 % de
nacionales UE).
4. Como ya he
indicado, la Comunicación de la Comisión de 11 de marzo lleva por título “Una
Europa abierta y segura: ha llegado la hora de hacerla realidad”, y en su
introducción se pone de manifiesto que los objetivos marcados en el Programa de
Estocolmo eran “ambiciosos” y que se han realizado importantes avances en
materia de libertad, seguridad y justicia, pero que aún queda “mucho por hacer
para asegurar la plena aplicación y el cumplimiento de los instrumentos
existentes”, poniendo de manifiesto que la legislación en materia de asilo
“debe ser traspuesta de forma coherente” y
que el marco jurídico para una política común de inmigración “aun no se
ha finalizado y se necesitan mayores esfuerzos en el ámbito de la integración”.
La tensión
permanente entre más seguridad, más crecimiento económico y mayor aportación de
la inmigración (cualificada) se observa perfectamente en la manifestación
efectuada en la Comunicación de que, de cara a los próximos años, “resultará
esencial aprovechar al máximo las ventajas que puedan aportar las políticas de
interior para fomentar el crecimiento económico y atraer a Europa a personas
con las capacidades adecuadas y a viajeros legítimos” (curiosa traducción dicho
sea de paso, de la referencia a personas que deben acceder de forma legal al
territorio europeo).
El texto de la
Comisión dedica una buena parte de su contenido a la política de inmigración, calificada
como una de las prioridades políticas para los próximos años, planteándose la
necesidad de poner en marcha efectivamente una política de migración y
movilidad “eficaz”, maximizar los beneficios de la inmigración y la
integración, adoptar un enfoque “creíble” de la inmigración irregular y el
retorno, gestionar de manera integrada las fronteras exteriores de la UE y
proceder al reforzamiento de la aplicación de la política común de visados,
poner en marcha efectivamente el sistema europeo común de asilo, con un
adecuado ejercicio de responsabilidad y solidaridad por parte de los Estados
miembros, y reforzar (en estrecha relación con la política exterior europea)
“el planteamiento global de la migración y la movilidad (GAMM)”.
Tras la lectura
del documento no he encontrado modificaciones de relevancia con relación a la
política aplicada hasta este momento y a los objetivos perseguidos, y las
“alertas” sobre el decremento de la población europea por el proceso de
envejecimiento y la subsiguiente necesidad de abrir canales de adecuados de
inmigración para atraer a personal extranjero cualificado, en el marco de una
intensa competición a escala internacional, se han reforzado. Que las
propuestas van en la línea de reforzar y consolidar lo hecho hasta ahora, junto
con la adopción de nuevas medidas que atiendan a las necesidades económicas a
corto y largo plazo es algo que también se observa con nitidez en el texto. En
cuanto a la política del quinquenio que termina este año, se destaca la
adopción de un enfoque sectorial de la migración legal, es decir dirigido no a
todos los extranjeros sino a determinadas categorías de personas, y la
promoción del “compromiso compartido de los Estados miembros en cuanto a la
integración y el retorno”, compromiso llevado a cabo de manera muy desigual en
especial por lo que respecta a la integración, habiendo afirmado Cecilia Malmströn
en la reunión antes citada que hay unos principios comunes fijados por la UE y
en los que cada Estado debe profundizar, si bien hay Estados “que reciben a
estas personas (inmigrantes) y no saben qué hacer”.
La relación
entre inmigración y mercado de trabajo sigue bien presente en las políticas
comunitarias, proponiéndose por parte de la Comisión la puesta en marcha de
diálogos estructurales (ese diálogo social tan poco practicado, por cierto, en
España en los últimos años, y no sólo en materia de política de inmigración) en
los que deberían participar los Estados, las empresas y los sindicatos, y que
deberían girar “acerca de la demanda de migración laboral y la movilidad
relacionada con el comercio”. No se plantea una política común de inmigración
(recuérdense las limitaciones al respecto establecidas en el Tratado de la UE),
pero sí una cierta articulación de la normativa de acceso a cada Estado miembro
que pudiera llevar a una codificación y racionalización de las condiciones de admisión y de los
derechos de los ciudadanos de terceros Estados, dado que ello permitiría, y
dentro del minimalismo de la propuesta considero que sería ciertamente un paso
adelante, avanzar hacia “un único ámbito de inmigración, con el objetivo de
facilitar la movilidad dentro de la Unión de los nacionales de terceros países,
en particular mediante el reconocimiento mutuo de los permisos”.
Con respecto a
las políticas de retorno, nada nuevo, o al menos así me lo parece, sobre el
marco normativo vigente y que es fundamentalmente la Directiva de 2008, ya que la prioridad oficial sigue
siendo la del retorno voluntario pero al mismo tiempo se recuerda que la UE
debe conseguir la plena aplicación de los acuerdos de readmisión suscritos con
terceros países y por ello que estos acepten “el retorno efectivo de los
nacionales de terceros países sin derecho a permanecer legalmente en la UE”, al
mismo tiempo que llama la atención sobre la necesidad de formalizar nuevos
acuerdos con otros Estados de los que provengan flujos importantes de migrantes,
debiendo recordarse ahora que en 2013 se suscribieron acuerdos con Armenia, cabo
Verde y Turquía, y que existen negociaciones con Azerbaiyán y Bielorrusia.
En este punto,
la relación con la política exterior europea es clara y evidente, y ante la
difícil situación que se vive en muchos países africanos y de la Europa del
Este se plantea la necesidad de reforzar las asociaciones en materia de
movilidad, con especial atención a la aplicación de las suscritas en 2013 con
Marruecos y en 2014 con Túnez. Los acuerdos deben ir de la mano con políticas
que traten de mitigar las causas de la emigración forzosa e irregular, afirmando
(con frase que puede leerse en documentos de años anteriores, si no con el
mismo texto sí con el mismo espíritu) que la UE “debe continuar ayudando a los
países de origen y tránsito a reforzar su capacidad de prevenir la migración
irregular y luchar contra el tráfico de emigrantes y la trata de seres humanos,
mejorar la gestión de las fronteras y la capacidad de acogida”.
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