El Instituto Nacional
de Estadística ha publicado hoy la Encuesta de Población Activa correspondienteal cuarto trimestre de 2012. En síntesis, puede afirmarse que no vamos bien,
que es una forma suave de decir que los datos sobre el empleo y el desempleo en
España y en Cataluña dibujan un panorama sombrío que tiene pocas posibilidades
de mejorar en el futuro inmediato. Obviamente, el dato que ha merecido la mayor
atención por los medios de comunicación ha sido el de personas desempleadas en
España, 5.965.400, con un incremento trimestral de 187.300 desempleados y
alcanzando el porcentaje del 26,2 %, mientras que para Cataluña las cifras son de
885.100 parados, con un incremento trimestral de 44.700 personas y una tasa de
desempleo del 23,94 %.
Pero hay otras muchas cifras
de interés. Me gustaría destacar en esta entrada algunos de los datos de la EPA
que considero de especial importancia, aunque su lectura íntegra y estudiodetallado es obligada para todos quienes trabajamos en el ámbito de las
relaciones de trabajo.
Las tasas de desempleo
en España oscilan entre algo menos del 16 % en la Comunidad Autónoma del País
Vasco y más del 35 % en Andalucía. Dichas diferencias se producen con la existencia,
y digo una obviedad, de la misma normativa laboral, algo que demuestra una vez
más que no son las normas laborales las responsables de la difícil situación
social que vivimos en la actualidad.
El cuarto trimestre ha
visto el incremento del número de hogares que tienen a todos sus miembros
activos en situación de desempleo, un total de 95.800, de tal manera que el
número de hogares en los que se produce tal situación es en la actualidad de
1.833.700. Repárese, por consiguiente, en la importancia de adoptar medidas de
política de protección social (y el debate sobre la continuidad o no del Plan
Prepara es un claro ejemplo) que eviten una situación de fractura social y de
incremento de la pobreza para una parte de la población.
En esta misma línea de
la conveniencia de adoptar medidas que faciliten la creación de empleo
(políticas activas) y de protección social (combinación de políticas activas y
pasivas), debe situarse el dato de que hay 470.700 personas más que en el
cuarto trimestre de 2012 que han perdido su empleo hace más de un año. El
impacto de dicha situación sobre la empleabilidad de tales personas es
preocupante, así como también lo es la progresiva disminución de la protección
social al ir agotando, si han podido acceder a ellas, las prestaciones por
desempleo (contributivas y asistenciales). Especial situación problemática, por
las menores redes sociales que poseen de protección, es la de la población
extranjera, cuya tasa de desempleo alcanza ya el muy elevado porcentaje del
36,53 %, más de 12 puntos superior a la tasa de desempleo entre personas de
nacionalidad española, el 24,23 %. Además, los datos globales sobre incremento
de desempleo ponen de manifiesto que la necesidad de protección se irá
incrementando en los próximos meses, pues no de otra forma creo que pueda
valorarse el dato de su incremento trimestral en 187.300 personas y anual en
691.700.
¿Ha llegado la crisis
al empleo del sector público? La respuesta es afirmativa, pero no sólo con los
datos de este trimestre sino con los del conjunto del año, algo en lo que ha
influido poderosamente a mi parecer la política de los gobiernos central y de
la mayor parte de las autonomías de reducción de personal, al amparo de las
obligadas medidas impuestas desde Bruselas, y no se olvide que después acogidas
en la reforma de la Constitución, de estabilidad presupuestaria. No debe
olvidarse tampoco, ni mucho menos, el impacto de la reforma laboral en la
reducción del empleo en el sector público a partir de las posibilidades que
ofrece la reforma laboral, y si para muestra vale un botón repárese en la
situación de muchas corporaciones locales que han presentado expedientes de
regulación de empleo en los últimos meses para extinguir contratos de su
personal laboral (Jerez, Estepona, Gáldar, La Oliva,…). Los datos de la EPA
ponen de manifiesto que se ha producido una mayor reducción porcentual anual
del empleo público (- 6,98 %) que del sector privado (-4,30 %), y más en
concreto en el cuarto trimestre la ocupación ha disminuido en 363.000 personas,
de las que 74.500 corresponden al empleo público y 288.700 al empleo privado.
Los datos estadísticos
ayudan también, y mucho, a ver qué cambios se están operando en el mercado de
trabajo como consecuencia tanto de la crisis económica como de la reforma laboral
puesta en marcha en febrero de 2012 por el Partido Popular y que ha contribuido
a un incremento del poder de dirección del empleador y a un debilitamiento de
la negociación colectiva sectorial. En este último trimestre analizado, el
empleo a tiempo completo se ha reducido en 473.000 personas (expedientes de
extinción de contratos, despidos objetivos, finalización de contratos
temporales, etc.), mientras que el empleo a tiempo parcial ha aumento su número
en 110.100 personas, muy probablemente por el impacto de los expedientes de
reducción de jornada laboral y también por la ampliación de las posibilidades
para formalizar dicha modalidad contractual que ha operado la reforma laboral.
La reducción del empleo
afecta a trabajadores y trabajadoras, sin duda, pero sigue siendo más intensa
la reducción del empleo entre el personal masculino, y no es ajeno a este dato
que la ocupación siga descendiendo en el sector de la construcción y la
industria como ha ocurrido en este trimestre (62.900 y 58.500 ocupados menos,
respectivamente), mientras que el importante descenso en el sector de servicios
(305.600) tiene un reparto mucho más equilibrado en cuanto que la presencia de
población femenina ocupada en el sector es importante. Los datos en serie anual
reflejan la preocupante reducción del empleo entre los trabajadores (569.000) y
trabajadoras (281.500), hasta llegar al total de una reducción de 850.500
personas. También debe destacarse el elevado porcentaje de reducción trimestral
de la población extranjera (89.000), menor en términos absolutos lógicamente
que el producido entre la población española (274.300) pero que pone de
manifiesto el impacto de la crisis sobre la población extranjera.
En fin, para Cataluña,
además de los datos indicados con anterioridad, la situación es especialmente
preocupante, y más si los analizamos en serie anual sobre el mismo período de
2011. La población mayor de 16 años, que puede acceder al mercado de trabajo,
ha disminuido en 71.700 personas, la población activa, que trabaja o busca
activamente trabajo, ha descendido en 85.700, la ocupada por cuenta ajena o
propia se reduce en 195.400, y la desempleada se incrementa en
109.700 personas.
Difícil tarea la que
tienen nuestros gobernantes, y el conjunto de la sociedad, para modificar esta
situación, pero es algo que debe (debemos) ineludiblemente hacer si no queremos
poner gravemente en peligro la cohesión social, una cohesión que ya tiene
preocupantes agujeros en su traje. El reto principal es ponerse todos manos a
la obra, porque en caso contario la situación será cada vez más sombría y
preocupante para una gran parte de la población (no para toda ciertamente,
porque las desigualdades sociales se están incrementando de forma acelerada
durante esta crisis).
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