sábado, 8 de diciembre de 2012

La gobernanza europea 2020, el estudio prospectivo anual sobre el crecimiento 2013 y las políticas de empleo para enfrentarse a la crisis. ¿Algo nuevo bajo el sol? (I)




1. El Consejo deministros de política social, empleo, sanidad y consumidores (EPSCO) celebradolos días 6 y 7 de este mes ha tenido un primer intercambio de impresiones sobre diversos documentos aprobados el 28 de noviembre y que forman parte de la política comunitaria del “semestre europeo”. La próxima semana, el Consejo europeo también iniciará el análisis de la documentación, que será aprobada en el consejo de marzo 2013 para dar paso a la elaboración de los programas nacionales. Igualmente, hubo un primer debate sobre los documentos de políticasde empleo para jóvenes aprobados el 5 de diciembre por la Comisión, a la espera de un análisis más concreto en próximas reuniones.


2. El documento marco de referencia es el titulado “Estudio prospectivo anual sobre elcrecimiento 2013”, que está acompañado de otros no menos importantes y que abordan temáticas más concretas: el proyecto de informe conjunto sobre elempleo; el Indicador de resultados de empleo, que incluye la evaluación comparativa de los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020; el Informe sobre elmecanismo de alerta 2013, relativo a la prevención y corrección dedesequilibrios macroeconómicos; en fin, el informe macroeconómico anexo alprimer documento.

Los documentos fueron presentados a los Ministros de los Estados miembros por el Comisario responsable de Empleo, L. Andor, que destacó lo siguiente: “I underlined that employment and social policies are key priorities of this year's AGS because of their crucial role in pursuing growth-friendly fiscal consolidation and in tackling the consequences of the crisis. I emphasised that strategies to restore the sustainability of public finances must be implemented in a way that supports growth, employment and social fairness”. 

Por parte de la presidencia del Consejo se elaboró una nota previa para organizar las discusiones de la reunión, en la que se destacó que el Estudio prospectivo identificaba las mismas prioridades que el año anterior, incluida la respuesta al desempleo y a las consecuencias sociales de la crisis, porque “ aún sigue presente la situación económica crítica”, y también porque “las reformas, que se toman su tiempo para producir efectos, son más necesarias que nunca”, enfatizando que “para 2.013 las perspectivas de empleo siguen siendo poco halagüeñas y no se espera que mejoren hasta 2.014”. En efecto, la lucha contra el desempleo y las consecuencias sociales de la crisis es una de las cinco prioridades propuestas por la Comisión, a la que acompañan “proseguir la consolidación fiscal diferenciada y favorable al crecimiento; restablecer las condiciones normales de préstamo a la economía; fomentar el crecimiento y la competitividad actual y futura; modernizar la administración pública”.

3. Desde la perspectiva de las políticas laborales y de empleo, destaco a continuación aquellos contenidos de la Comunicación de la Comisión “Estudio prospectivoanual sobre el crecimiento 2013” que me han parecido más interesantes, partiendo de la constatación del impacto de la crisis, que ha provocado un incremento del desempleo y un recrudecimiento de la miseria y la pobreza, dificultades que “son especialmente visibles en la zona del euro, pero no sólo se circunscriben a ella”.

A) En la primera de las prioridades antes citadas, la Comisión insiste en sus conocidas propuestas de reformar los sistemas de pensiones, con su no menos conocida concreción, que ya se está aplicando en muchos países, de “alinear la edad de jubilación con la esperanza de vida, restringir el acceso a los regímenes de jubilación anticipada y permitir la prolongación de la vida laboral”, así como también sobre las formuladas desde hace ya varios años en las orientaciones generales de empleo, de reducir sustancialmente la presión fiscal sobre el trabajo en aquellos países “en los que es comparativamente elevada y obstaculiza la creación de empleo”. En la prioridad del fomento del crecimiento y de la competitividad, la Comisión llama nuevamente a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para mejorar los resultados de los sistemas de enseñanza y formación y los niveles globales de cualificación, de tal manera que se establezca “un vínculo más estrecho entre el mundo laboral y la formación”.

B) Obviamente, las propuestas más concretas sobre empleo se encuentran en la prioridad dedicada específicamente a esta cuestión, que se formulan tras poner de manifiesto que la gravedad de la crisis se manifiesta en las débiles perspectivas de crecimiento, que implica, por el conocido desfase entre recuperación económica y recuperación del mercado de trabajo, que “no hay ninguna perspectiva de mejora inmediata o automática de la situación del empleo”, y que la situación se agrava por el progresivo proceso de envejecimiento de la población, aprovechando aquí la oportunidad la Comisión para reiterar su tesis contraria al fomento de las jubilaciones anticipadas, por considerar que es una medida “ineficaz y costosa”. Por otra parte, para corregir los desajustes en el mercado laboral, que lleva a la existencia de puestos de trabajo sin cubrir paradójicamente en una situación de elevado desempleo, se enfatiza una vez más la importancia de aumentar la participación de la población en el mercado laboral, mejorar los niveles de cualificación y aumentar la movilidad.

C) La Comisión califica de “muy ambiciosas” algunas reformas laborales que se han puesto (¿impuesto?) en marcha en algunos Estados, entre los que incluyo España. Su valoración no es expresamente positiva pero de la redacción del texto así se deduce con claridad. Dice la Comisión que es “ambicioso”, por ejemplo, “facilitar las modalidades de contratación flexibles en las empresas, reducir las indemnizaciones por despido de los contratos estándar y simplificar los procedimientos de despido individual o colectivo”. Igualmente ve con muy buenos ojos las medidas adoptadas para flexibilizar los salarios (España es un alumno aventajado con su última reforma laboral), de tal manera que “se han suavizado las condiciones que permiten a las empresas no aplicar los acuerdos de negociación colectiva de nivel superior y se han revisado los convenios salariales sectoriales” (¿habrá redactado este párrafo algún miembro español del staff técnico de la Comisión que conozca muy bien la reforma laboral?).

Por cierto, sobre los ajustes salariales, y la reducción en muchos casos, hay otro punto de vista en el importante documento presentado el día 7 por la OIT sobre los salarios en el mundo, que lleva por título exacto “Informe mundial sobresalarios 2012-2013. Los salarios y el crecimiento equitativo”, que subraya los efectos negativos de una participación decreciente de la participación del trabajo en el ingreso nacional porque perjudica el consumo de los hogares y puede generar insuficiencias de la demanda agregada, afirmando de forma clara y contundente que “una estrategia de reducción de los costos laborales, una recomendación frecuente en términos de política para países en crisis y con déficit en su cuenta corriente, podría correr el riesgo de deprimir el consumo interno más de lo que aumentan las exportaciones. Si se buscan reducciones competitivas de los salarios en forma simultánea en un gran número de países, esto podría llevar a una «carrera hacia el fondo» en la participación del trabajo, reduciendo la demanda agregada”. La OIT apuesta también por el desarrollo de sistemas de protección social bien diseñados que permitirían “a los trabajadores y sus familias reducir el monto de sus ahorros de reserva para invertir en la educación de sus hijos y contribuir a una mayor demanda del consumo interno y elevar los estándares de vida”.

D) Las recomendaciones formuladas por la Comisión al objeto de irse “preparando” para una recuperación generadora de empleo coinciden sustancialmente con las orientaciones vigentes en materia de política de empleo y que he analizado con detalle en anteriores entradas del blog: limitación de la carga fiscal que recae sobre el trabajo y medidas de apoyo a la contratación de personal con mayores dificultades para acceder o permanecer en el mercado de trabajo; “simplificar” (sic) la legislación laboral, con una versión renovada, en los términos utilizados que no en cuanto al fondo del contenido, de la defensa de un contrato único (tan querido para un sector de los economistas españoles y tan denostado por la gran mayoría de los laboralistas), que se concreta en esta rebuscada frase: “la reducción de las lagunas que existen en la protección del empleo entre los distintos tipos de contratos laborales también debería contribuir a disminuir la segmentación del mercado laboral y el trabajo no declarado en algunos países”, reiterando la necesidad de esa simplificación en las conclusiones de la Comunicación como un “elemento esencial” de las propuestas de creación de empleo.

Con otro lenguaje, pero mismo contenido, el proyecto de Informe conjunto sobre el empleo se refiere al incremento de la segmentación del mercado de trabajo, con especial importancia en los países mediterráneos y Polonia, afirmando que la “asimetría (sic) de la legislación en materia de protección del empleo entre puestos de trabajo permanentes y temporales de duración determinada constituye la causa principal del mercado de trabajo”. Como pueden comprobar los lectores y lectoras del blog, los términos utilizados en los documentos son de corte económico, con escasa referencias o contenido jurídico, de tal manera que se van abriendo cada vez más espacio palabras cuyo significado puede variar mucho en su contenido según quien las utilice y quién las aplique: simplificación, modernización, renovación, asimetría, etc. 

E) Otras medidas son la defensa del trabajo a tiempo parcial como “medida de organización flexible del trabajo” (nada que decir si siempre fuera voluntario, pero los datos de la propia Comisión demuestran que no es así en un porcentaje significativo), la mayor vinculación de la percepción de prestaciones por desempleo a la búsqueda activa del mismo (algo ciertamente difícil hoy en día ante el descenso de puestos de trabajo disponibles), la revisión de los sistemas de fijación de salarios, o por decirlo de forma más clara el cuestionamiento de las cláusulas de revisión salarial, aunque se llama al “respeto de las prácticas de consulta nacionales”; en fin, la apuesta por la creación de empleo en los sectores de la economía verde, la asistencia sanitaria (algo que choca con lo que está ocurriendo en algunos países de la UE, entre ellos España) y las TICs, para lo que se pide apoyo público. En cuanto al trabajo a tiempo parcial conviene destacar el importante incremento que ha experimentado durante la crisis, siendo mayoritariamente femenino, dado que cerca de un tercio de las mujeres ocupadas prestan servicios al amparo de esta modalidad contractual y organizativa, porcentaje que se reduce a un escaso 8 % entre los hombres.

F) La Comunicación incluye en la prioridad ahora analizada un apartado específico sobre la necesidad de mejorar la capacidad de inserción profesional, mejora que debe concentrar buena parte de sus esfuerzos en los jóvenes y también en los desempleados de larga duración. Se incluyen aquí propuestas bien conocidas y desarrolladas de forma muy desigual, e incluso restrictivas, en algunos Estados: la potenciación de los servicios públicos de colocación y la intensificación de las políticas activas de empleo tomando en consideración el incremento del número de personas desempleadas y solicitantes de tales servicios (no creo que el gobierno español, ni varios gobiernos autonómicos, estén aplicando esta propuesta, ¿verdad?); la reducción del fracaso escolar y la potenciación de las prácticas educativas y formativas laborales mediante el aprendizaje dual (está por ver cuál será el grado de aplicación, y éxito, de la normativa española sobre la materia recientemente aprobada); el fomento del autoempleo y de la capacidad de emprendimiento; formular una “garantía de empleo juvenil” para todo joven menor de 25 años tras cuatro meses de finalizar sus estudios o de perder su empleo anterior, entendiendo por tal garantía “recibir una oferta de empleo, formación continua, un contrato de aprendizaje o un período de prácticas”, habiendo sido esta propuesta concretada en los documentos aprobados por la Comisión el 5 de diciembre y que serán objeto, espero, de atención en entradas posteriores del blog; facilitar la participación de personas que no son los “sustentadores” principales de la unidad familiar, con un pensamiento indudable dirigido hacia las mujeres, en cuanto que la Comisión llama la atención a los Estados miembros sobre la necesidad de ofrecer “servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad” (según el proyecto de Informe sobre el empleo los servicios de guardería “sólo abarcan al 28 % de los niños menores de tres años y al 84 % de los mayores de tres años”); no menos conocida, pero no por ello deja de ser menos importante, es la propuesta de mejorar las medidas que permitan el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, incluyendo aquí su conexión con el mercado laboral y con una mención concreta a “titulaciones de ciclo corto” (¿no universitarias?) en las que se detectan escasez de competencias; en fin, el fomento de la movilidad laboral transfronteriza, con políticas normativas (se recuerda una vez más) que permitan simplificar “el reconocimiento de la experiencia y de las cualificaciones profesionales”, y potenciar la cooperación entre los distintos servicios públicos de empleo y la red europea EURES.

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