viernes, 25 de noviembre de 2011

La difícil situación del empleo en Europa y las dificultades para cumplir con los objetivos de la Estrategia 2020.

1. La Comisión Europea presentó el pasado miércoles un conjunto de medidas para abordar la grave crisis económica en que se encuentran buena parte de los países de la Unión Europea. El documento marco de referencia es el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2012 (EPAC), al que se acompañan varios documentos anexos, dos de los cuales deseo ahora comentar. Se trata del informe sobre cómo avanzan los objetivos marcados en la Estrategia Europa 2020 y del proyecto de informe conjunto sobre el empleo.

2. ¿Se van cumpliendo los objetivos marcados en la Estrategia Europa 2020 en los ámbitos del empleo y la protección social? Recordemos en primer lugar cuáles son:

A) El 75 % de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada. Alcanzar este porcentaje implica incrementar en 6 puntos la tasa de empleo de cerca del 69 % existente en el momento de aprobación de la Estrategia.

B) El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10 % y al menos el 40 % de la generación más joven debería tener estudios superiores completos. Alcanzar este objetivo significaría reducir en 5 puntos la tasa de abandono e incrementar en 9 el de personas entre 30 y 34 años que finaliza la enseñanza superior. En el análisis de la problemática educativa-laboral de la población europea, cabe también destacar el dato de que cerca del 50 % del alumnado alcanza un nivel de cualificaciones medias “pero a menudo no adaptadas a las necesidades del mercado laboral”.

C) El riesgo de pobreza debe amenazar a 20 millones de personas menos. O dicho en otros términos, la reducción debe aparejar que un 25 % menos de los europeos de los que estaban en 2010 se encuentren, en 2020, en dicha situación.

Pues bien, el documento de la Comisión es pesimista al respecto, en cuanto que sólo se ha avanzado en materia de educación desde la aprobación de la Estrategia. La tasa de fracaso escolar era del 14,1 % en 2010 (14,4 % en 2009) y de seguir en la misma línea sólo llegaría al 10,5 % en 2020. En cambio, en el acceso a la educación superior el porcentaje ha pasado del 32,3 % en 2009 al 33,6 % en 2010, dato que lleva a creer a la Comisión que puede alcanzarse el objetivo previsto del 40 % para las personas entre 30 y 34 años.

En materia de tasa de empleo el documento constata con preocupación que no se ha producido ningún avance durante este año y que muy probablemente se esté un poco por encima del 68,6 % de 2010 pero bastante por detrás del 70’3 % que había antes del inicio de la crisis. Por consiguiente, siendo estando pendiente de cumplir, y queda menos tiempos, el incremento de 17,6 millones de personas en el mercado de trabajo, y si se cumplen todos los objetivos marcados en los planes nacionales de reformas todavía faltaría entre 1 y 1,3 puntos para alcanzar el objetivo del 75 %. Otro dato importante, y preocupante, a tomar en consideración, es el incremento del desempleo de larga duración, que supone ya el 40 % del total frente al “sólo” 30 % de hace dos años, habiéndose incrementado el número de personas en hogares con “muy débil intensidad de trabajo” en 12 de los 15 estados miembros para los que hay cifras disponibles.

Con respecto a los jóvenes, y al analizar el desarrollo de la iniciativa marco sobre los mismos incluida en la Estrategia (“Juventud en movimiento”) el documento alerta sobre la gravedad de los datos de desempleo (más del 20 %) y plantea la adopción de nuevas medidas para permitir su acceso al mercado de trabajo, incrementar las posibilidades de formación y potenciar su movilidad, sin olvidar efectuar alguna referencia a la polémica figura del “contrato único” de duración indeterminada con el que, siempre según la Comisión, se podría reducir la segmentación del mercado de trabajo, aún cuando creo que sería mucho más efectiva otra de las propuestas como es la activación de los jóvenes en un período máximo de cuatro meses desde la finalización de sus estudios. Los datos más recientes, y que ponen sobre la mesa la urgente necesidad de prestar atención al empleo, subempleo y desempleo juvenil, indican que en 2010 uno de cada seis jóvenes de 18 a 24 no se encontraba ni en el ámbito educativo ni en el mercado laboral, con un incremento de 2,6 puntos desde 2008, y con diferencias porcentuales muy importantes entre los Estados de la UE (desde menos del 7 % en los Países bajos hasta más del 25 % en Bulgaria). En un seminario sobre educación y empleo juvenil celebrado el pasado mes de junio, con participación de diferentes instituciones políticas y sociales europeas, se constató que “Unemployment, mainly that of young people, denies them hope for the future, robs them of their independence, of chances to find housing and of decency. Measures to avoid unemployment of young people should therefore receive full attention and adequate budgetary support, and should not be sacrificed at the altar of austerity”.

Por fin, en el ámbito de lucha contra la pobreza, las previsiones más optimistas, con los datos disponibles, sitúan su reducción en 12 millones de personas, o incluso un 25 % más si avanzan las estrategias de protección de menores y de lucha contra el desempleo de larga duración, pero aún en tal supuesto el documento calcula que llegaríamos a 2020 con un 25 % (cinco millones de personas) menos sobre el objetivo marcado de conseguir que, como mínimo, 20 millones salgan de la situación de pobreza.

3. El Proyecto de informe conjunto sobre el empleo 2012 tampoco es una mirada precisamente optimista a la situación del empleo en la UE. Al igual que los informes anuales anteriores, el documento se basa en la aplicación de las Directivas comunitarias sobre empleo y su aplicación por los respectivos Estados miembros tal como aparecen en los planes naciones de reformas. Para poder efectuar una comparación con el informe del año 2011 me detengo brevemente en el contenido de este último antes de pasar al examen del documento presentado el día 23 de este mes.

A) El Informe 2011 pasa revista a la situación del empleo en la UE y formula diez propuestas de actuación. La Comisión identifica “ámbitos prioritarios” en los que hay que aplicar a su parecer reformas para impulsar el crecimiento de la UE. Pone el acento en las políticas de flexiguridad y pide eliminar “los obstáculos institucionales que impiden el buen funcionamiento de los mercados laborales de los Estados miembros”. A partir de aquí se formulan una serie de propuestas generales en la misma línea que las contenidas en las directrices de política de empleo.

Para el logro del pleno empleo se defiende una mayor participación de los trabajadores de edad avanzada (55 a 64 años), de las mujeres y de los jóvenes en el mercado laboral, y se alerta del impacto negativo que para la presencia de estos colectivos en el mercado de trabajo pueden tener las medidas de jubilación anticipada, el “inadecuado tratamiento fiscal del segundo trabajador de la familia”, o la falta de formación y cualificación, por citar sólo algunos elementos significativos. Se pasa revista a cómo funciona el mercado laboral y se insiste en la existencia de una segmentación del mercado de trabajo que perjudica a los trabajadores con contratos de duración determinada, y se sigue cuestionando la protección de la que (siempre según la Comisión) gozan los trabajadores con contratos estables, protección que se califica de “rígida”, como también se califica así la organización del tiempo de trabajo que provoca “una insuficiente flexibilidad interna”. La Comisión llama también la atención sobre la importancia de levantar los obstáculos a la movilidad laboral geográfica (transferencia de los derechos de pensión, acceso a la vivienda y a los transportes,…), la reducción del trabajo no declarado y la potenciación del diálogo social para conseguir que las relaciones laborales se asienten sobre el diálogo y la confianza entre agentes sociales suficientemente representativos.

Se insiste en la importancia de unas adecuadas y eficientes políticas activas del mercado laboral, con una llamada de atención a reforzar los servicios públicos de empleo para dar respuestas a las necesidades de los colectivos desfavorecidos, requiriéndose su modernización y la puesta en marcha de un seguimiento individual para cada persona que precise sus servicios (o dicho en términos de la reforma de las políticas activas de empleo en España, un itinerario personalizado de inserción y un acuerdo de política de empleo). Sobre la política de igualdad de sexos y conciliación de la vida familiar y laboral se insiste nuevamente en la importancia de medidas de atención a personas dependientes (menores y mayores) que posibiliten la incorporación o permanencia de los trabajadores (en gran medida trabajadoras) en el mercado de trabajo, si bien se critican los permisos parentales, con protección económica, de larga duración que existen en algunos países.

La necesidad de una fuerza laboral muy cualificada y formada para afrontar los retos y oportunidades del inmediato futuro en materia de empleo se pone de manifiesto en el Informe y se considera clave para la competitividad internacional de la UE, tal como enfatizan las directrices número 8 y 9 de las políticas de empleo. Por consiguiente, se impone seguir trabajando en la mejora del nivel de las capacitaciones básicas y de las competencias claves en el ámbito escolar para luchar contra el abandono del mismo, conseguir una adecuada capacidad de respuesta de los sistemas de formación a los retos planteados, potenciar la participación de los adultos en actividades de aprendizaje permanente, y desarrollar políticas formativas adecuadas y flexibles para todas las personas en general, y para quienes sufren más las consecuencias de la crisis y de los cambios en el mercado de trabajo en particular, citándose de forma expresa en el documento a “personas poco cualificadas, adultos en paro, inmigrantes, minorías étnicas y discapacitados”.

Por fin, un crecimiento integrador se considera elemento necesario del todo punto para luchar contra la pobreza y exclusión, de tal manera que sólo avanzando en esta línea se podrán conseguir los objetivos marcados en la directriz número 10 de las orientaciones de política de empleo. La apuesta por unos mercados de trabajo integradores pasa por reducir el número de personas trabajadoras que perciben unos ingresos que no les permiten superar el nivel de pobreza, destacándose el preocupante dato de que los trabajadores pobres “suponen el 24 % de las personas en situación de riesgo de pobreza o de exclusión en la UE”. Ello implica también disponer de unos sistemas de protección social adecuados y sostenibles (entraría aquí en juego el debate sobre qué medidas son las más adecuadas para conseguir sus objetivos) y uno servicios de calidad.

B) El proyecto de informe 2012 analiza en primer lugar cuáles son los rasgos más relevantes del mercado de trabajo europeo, y muestra su preocupación por el leve crecimiento del empleo experimentado en los últimos meses, que además no se distribuye de manera homogénea en los Estados miembros como ponen de manifiesto los datos facilitados por Eurostat, de tal manera que el incremento de 1,5 millones de empleo hasta mediados de 2011 es una cantidad muy pequeña para contrarrestar los 6 millones perdidos desde el inicio de la crisis. El colectivo masculino ha sido el más afectado, con un impacto especial para los trabajadores poco cualificados, y jóvenes, en la industria manufacturera y en la construcción. La crisis ha afectado menos a la población de edad avanzada, y el empleo femenino se está viendo ahora más afectado por el impacto de la crisis también en sectores (enseñanza, sanidad, servicios públicos en general) donde su presencia cuantitativa es importante. Sobre el desempleo juvenil, las cifras son semejantes a las citadas en el documento anterior, si bien lo más preocupante es el incremento de la tasa de desempleo en más de cinco puntos en sólo tres años (del 15,5 % de 2008 al 20,9 % en 2010), acompañado de un incremento de la tasa de inactividad desde el 55,6 al 56,9 % en el mismo período (el incremento de la participación en el ámbito educativo probablemente tiene mucho que ver con estas cifras).

Con respecto al incremento del número de personas desempleadas en el período 2007-2010, casi el 75 % se debe sólo a cuatro países: España, Reino Unido, Italia y Francia. El desempleo de larga duración supone ya el 43 % del total en el segundo trimestre de este año, algo que pone de manifiesto, tal como constata el documento, que la salida de la situación de desempleo y el tránsito hacia el retorno al empleo “es cada vez más lento”. Además, el incremento de personas desempleadas lleva a una mayor competencia por los puestos de trabajo disponibles, y de ahí que salgan perjudicados los trabajadores menos cualificados, ya que los puestos de trabajos son ocupados por aquellos que tienen mejor cualificación, con independencia de la relación mayor o menor que pueda existir entre aquella y el puesto de trabajo ocupado. Todo ello lleva a una mayor polarización o diferenciación en el mercado de trabajo por la pérdida de presencia de trabajadores de mediana cualificación, y medianos salarios, en los sectores manufactureros y de la construcción, acompañado por una disminución importante de ingresos de las personas que trabajan involuntariamente a tiempo parcial. No se olvida, no obstante, el documento, de constatar la existencia de desajustes entre puestos de trabajo que se crean y personal cualificado para ocuparlos, alertando sobre la necesidad de una rápida readaptación del personal desempleado para que pueda ser empleado en los empleos de nueva creación en nuevos sectores o subsectores y que requieren de renovados conocimientos, destrezas y habilidades.

El documento, que deberá ser aprobado en su día por el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, como paso previo a su aprobación definitiva por el Consejo Europeo, alerta sobre el deterioro de la calidad del empleo, dado que el incremento referenciado con anterioridad se ha producido en gran medida por el aumento de contratos de duración determinada y por los de jornada a tiempo parcial, combinado con una disminución de los empleos a tiempo completo (recuérdese en este punto, dicho sea incidentalmente, el dato de la Encuesta de Población activa española del tercer trimestre, en el que un 54 % de las personas que prestan servicios a tiempo parcial manifiestan que no lo hacen de forma voluntaria). En la misma línea que el documento anterior, se pone de manifiesto la preocupación por el incremento de las personas en riesgo de pobreza (entre las que se incluye a los trabajadores pobres por no alcanzar su salario el mínimo necesario para permitirles salir de esa situación).

Al igual que en años anterior, el (todavía proyecto de) Informe apunta cuáles son las medidas a adoptar en el próximo futuro, partiendo de la base de que las previstas para el año en curso siguen siendo validas (en coherencia con las orientaciones de política de empleo para todo el período 2011-2014), pero que es necesario “desplegar un esfuerzo adicional en algunas áreas”. De tal manera se pide la adopción de medidas que permitan acelerar la capacidad de creación de empleo en la UE, y nuevamente se insiste en la adopción de políticas de flexiseguridad, control de la actividad irregular, promoción de la movilidad geográfica y funcional, mejor funcionamiento de los servicios públicos de empleo y más estrecha relación con los operadores privados. Como aportación que deseo destacar, y que creo que va en una buena línea de reforzar la protección social, se encuentra la propuesta de disponer de una protección adecuada para los trabajadores con contratos de duración determinada y parta aquellos que prestan sus servicios por cuenta propia, dado que ello “puede minimizar la precariedad y hacer la actividad más atractiva”.

Hay una atención especial, nuevamente, a los jóvenes, proponiendo avanzar de forma decidida en las medidas apuntadas en la iniciativa marco “Juventud en movimiento”, para reducir sustancialmente el número de jóvenes que no pueden acceder al mercado de trabajo y también el de quienes se encuentran fuera del ámbito educativo. Destaca la petición de una más estrecha implicación y actuación conjunta entre las instituciones educativas y laborales, agentes sociales y mundo empresarial, con particular atención a los ámbitos territoriales regionales y locales, y una mejor utilización de los fondos estructurales de la UE para crear empleo y reducir desempleo juvenil.

Recuérdese que la iniciativa “Juventud en movimiento, para mejorar los resultados de los sistemas educativos y facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo”, persigue potenciar los programas europeos de movilidad internacional educativa, una política de empleo europea para los jóvenes que permita estancias formativas en otros Estados, acoplar adecuadamente los sistemas educativos con las necesidades (que recuerdo que son cada vez más cambiantes) del mercado laboral, y promover el reconocimiento del aprendizaje tanto formal como informal. Para los jóvenes, pero no sólo para ellos, también hay que referencia otra de las iniciativas marco de la Estrategia, la “Agenda de nuevas cualificaciones y empleos, para modernizar los mercados laborales y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de su vida con el fin de aumentar la participación laboral y adecuar mejor la oferta y la demanda de trabajos, en particular mediante la movilidad laboral”, en la que se insiste en la importancia de adoptar las medidas económicas, educativas y formativas necesarias para posibilitar la adquisición de nuevas cualificaciones y la adaptación a las nuevas condiciones que se dan en los mercados laborales.

La pérdida de capital humano y de calificación profesional son dos grandes problemas que plantea el incremento del desempleo de larga duración en la UE. El documento de la Comisión insiste en la importancia de potenciar itinerarios de inserción individualizados que permitan la readaptación y reincorporación al mercado laboral, y una más estrecha relación entre todos los operadores, públicos y privados, que actúan en el mercado de trabajo. No menos relevante es garantizar una protección social adecuada para quienes están fuera del ámbito laboral y agotan las prestaciones vinculadas a su anterior presencia en el mercado de trabajo, con lo que el debate sobre las rentas mínimas, vinculadas a procesos de activación que faciliten la reincorporación de personas desempleadas al mundo laboral si se encuentran en condiciones de hacerlo, sigue vigente en toda Europa, y España no es desde luego una excepción como lo demuestran los debates existentes en varias Comunidades Autónoma sobre el mejor uso posible de las rentas mínimas de inserción (que con ese u otro nombre distinto existen en todas ellas y que deban adaptarse a una población sensiblemente superior a las previsiones iniciales, como consecuencia de la crisis).

Último, pero no menos importante, la referencia a la adecuación entre conocimientos teóricos y prácticos y los puestos de trabajo que pueden ser ocupados, con un renovado énfasis por parte de la Comisión (no es la primera, ni a buen seguro que será última vez) en el incremento de titulados en ámbitos científicos, el desarrollo de habilidades empresariales y un uso lo más eficiente posible de los recursos destinados al ámbito educativo. Tal como se expone en el documento, “Sectoral skills councils at national and EU levels can strengthen cooperation between educational institutions, businesses and employment services to better anticipate skills change and provision”.

Buena lectura de los dos documentos.

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