Dos semanas importantes para el empleo en la UE y en España (y II).

6. El primer ámbito de reflexión y de trabajo es el de cómo mantener el empleo y la consiguiente adopción de medidas que mantengan a las personas empleadas (tal como se manifestó también el Consejo de Ministros de trabajo del G8) y que faciliten la transición entre puestos de trabajo. Muy unido al anterior se encuentra el de promover la movilidad entre los trabajadores como una vía adecuada, se afirma, para corregir los desequilibrios del mercado laboral y ofrecer una respuesta coordinada a la crisis. Sin entrar ahora en el complejo debate de qué debe entenderse por “flexiguridad” (un ámbito de reflexión, dicho sea incidentalmente, que merecerá atención especial en el próximo congreso de nuestra Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que se celebrará en Logroño los días 28 y 29 de mayo), coincido en la importancia de adoptar medidas preventivas (suspensiones contractuales, reorganización del trabajo, medidas formativas vinculadas, etc.) que eviten la destrucción de puestos de trabajo, así como también en la importancia de adoptar medidas que faciliten la transición cuando finalmente desaparece el puesto de trabajo que anteriormente se ocupaba.

No creo que nadie cuestione la importancia de una política adecuada de movilidad de mano de obra como vía adecuada para un reequilibrio regional y sectorial de los mercados de trabajo, pero no es menos cierto que la inexistencia de un idioma común y las diferentes condiciones laborales de los distintos Estados no incentiva precisamente a la misma, salvo por lo que respecta a un reducido número de personal cualificado (high skilled workers). Por ello, bienvenidas sean las medidas que se adopten, que deberán tener un apoyo previo en el ámbito de los sistemas educativos y en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de libre desplazamiento de trabajadores en el seno de la Unión. Si los trabajadores identifican movilidad con pérdida o disminución de derechos (como se ha visto recientemente en conflictos acaecidos en el Reino Unido y en España) difícilmente merecerá una valoración positiva.

7. Otro ámbito de debate será el de cómo mejorar la capacitación de las personas trabajadoras y de aquellas que quieren incorporarse al mundo del trabajo, ya sea desde el desempleo o la inactividad, para que se adecue a las necesidades del mercado laboral, necesidades que ciertamente pueden variar en atención a factores demográficos, sociales, culturales y económicos (el ejemplo de la creciente necesidad de atención a personas de edad avanzada como consecuencia del envejecimiento de la población es muy significativo al respecto).
Se argumenta que esta mejora y adecuación es especialmente importante para los jóvenes (por cierto, sobre el concepto de joven en el mercado de trabajo convendrá algún día hacer una reflexión tranquila, ya que se está ampliando por encima de los 30 años, y si la tercera edad laboral empieza a los 45 años ya me dirán cuál es el “núcleo duro” de la población laboral), que también contribuirá a la mejora de la productividad y competitividad de la economía europea, y que permitirá la creación de puestos de trabajo de mayor calidad, algo que sería especialmente positivo para el caso español.

Para incentivar una transición rápida y ágil entre el mundo educativo y laboral se propone adoptar medidas que ayuden al desarrollo de las políticas de aprendizaje, tanto en empresas como en sectores de actividad. Además, y esta es una cuestión importante a debatir, se deja abierta la puerta a la discusión sobre la conveniencia de incrementar los períodos educativos, ya sea manteniendo a los estudiantes más tiempo en el mundo de la escuela o bien facilitando la reincorporación de aquellos que la abandonaron prematuramente (muchas veces en estos últimos años ante el señuelo de un acceso rápido al mercado de trabajo, en puestos de trabajo de baja cualificación y que han desaparecido en gran medida una vez que ha impactado de pleno la crisis económica); esta reflexión no deja de ser a mi parecer una pieza más de otro debate de carácter más general, cual es el de facilitar el aprendizaje continuo a toda la población trabajadora a lo largo de su vida laboral, aún cuando ciertamente la novedad sería la apuesta por alargar el período de escolarización obligatoria.

8. Por fin, la reunión tratará sobre cómo aumentar el número de personas que acceden al empleo, en especial de aquellos que se encuentran en situación de desempleo de larga duración o ante una problemática de riesgo de exclusión social (en seguida me viene a la cabeza la referencia a nuestras empresas de inserción y las medidas de fomento de empleo para los colectivos más desfavorecidos), ya que de esta forma se evitarían situaciones de conflictividad social y de elevado coste económico para el erario público. En este punto el documento sugiere algunos elementos y pistas de reflexión que ya se encuentran en las Directrices comunitarias para el empleo durante el período 2008-2010 y que ya estaban también recogidas en las Directrices del período anterior 2005-2007, como por ejemplo cambios en la fiscalidad de la mano de obra en empleos con baja remuneración salarial para evitar la desincentivación de la incorporación al mercado de trabajo de personas que estén percibiendo rentas de protección social en cuantía parecida. Se llama la atención, y coincido con el planteamiento, sobre la importancia de tener presente los complejos problemas con los que se enfrentan colectivos como los jóvenes, las personas trabajadoras de mayor edad, quienes tienen poca o escasa cualificación profesional, los sometidos a una precariedad constante por el uso repetido, y en muchas ocasiones abusivo desde la perspectiva legal, de contratos de corta duración, y los extranjeros con dificultades para poder disponer de sus titulaciones en los mercado de trabajo europeos y verse obligados en consecuencia, ya sea de forma regular o irregular, a ocupar empleos de cualificación inferior a la que disponen.

9. Concluyo. No le va a faltar trabajo a la reunión del próximo jueves. Personalmente no creo que surja ninguna propuesta radicalmente nueva con respecto a todo aquello que ya se está llevando a cabo por los Estados miembros en el ámbito de sus competencias en materia de empleo, aunque sí sería muy positivo que surgiera un claro y nítido mensaje de que la crisis no debe ser sufrida, permítanme un juego de palabras, más de lo que ya se está sufriendo, por parte de los trabajadores, y que las medidas que se adopten en el próximo futuro van a repercutir en su beneficio. Creo que sobran muchos debates sobre la conveniencia de reformar los marcos normativos laborales, aunque no desecho ni descarto ninguno de ellos en mi condición de profesional que lleva abordando este cuestiones desde hace 34 años (y que, por cierto, en ocasiones escucha pareceres y lee artículos que le retrotraen a debates idénticos que tuvimos en los años ochenta y noventa del siglo XX), y faltan medidas dirigidas a resolver los problemas. Si la cumbre apuesta por las segundas, y si el debate del Estado de la Nación va en la misma línea, bienvenidas sean.