1. El 21 de
diciembre de 2024 publiqué la entrada “UE. Semestre europeo 2025. Notas
descriptivas del contenido laboral y de protección social (Recomendación sobre
la política económica de la zona euro, y propuesta de informe conjunto sobre el
empleo)” , en la que explicaba que “La Comisión Europea, presidida por Ursula der Leyen,
hizo públicos el 26 de noviembre (primera parte) y el 18 de diciembre (segunda
parte) los documentos con los que inicia el ciclo del semestre europeo 2025 de
coordinación de las políticas económicas, presupuestarias y sociales.... La CE ha presentado varios documentos, entre
ellos la Comunicación “2025 Semestre Europeo: dar vida al nuevo marco de
gobernanza económica” , la propuesta de Recomendación del Consejo sobre la
política económica de la zona euro, con el fin de integrar mejor las
dimensiones nacionales y de la zona del euro de la gobernanza económica de la
UE, el Informe sobre el mecanismo de alerta, y la Propuesta de informe conjunto
sobre el empleo (PICE)”.
En la
documentación presentada se exponía que “... el Semestre Europeo seguirá
definiendo las dificultades en materia socioeconómica y facilitando
orientaciones sobre las medidas políticas necesarias para superarlas. A tal
fin, el ciclo del Semestre Europeo de 2025 mejorará su base analítica e intensificará
el diálogo con los Estados miembros y otras partes interesadas sobre medidas
concretas. A partir de esa base, el paquete de primavera del Semestre Europeo
formulará recomendaciones específicas por país (REP) para hacer frente a los
principales retos concretos de cada uno de ellos señalados en los informes
correspondientes”.
2. Pues bien, ya disponemos
de la documentación presentada por la Comisión Europea y que deberá ser refrendada,
o en su caso modificada, por el Consejo para su definitiva aprobación. A la
espera de este, realizo una síntesis del contenido de aquella por lo que respecta
al ámbito laboral y de protección social.
3. En la nota deprensa de presentación de toda la documentación , titulada “El Paquete de Primavera del Semestre Europeo de 2025 establece
directrices para impulsar la competitividad de la UE”, que ha tenido lugar el 4
de junio, se expone que “El
Paquete de Primavera del Semestre Europeo de 2025 analiza los principales retos
económicos y sociales en toda la UE y ofrece orientación política a los Estados
miembros con el objetivo de fortalecer la competitividad, la prosperidad y la
resiliencia. Para ello, incluye recomendaciones específicas por país (REP) y
promueve reformas e inversiones en consonancia con estas prioridades de la UE”,
así como también que “La orientación política presentada se produce en un
contexto de especial volatilidad en el entorno comercial y de seguridad. Está
estrechamente vinculada a la Brújula de Competitividad, la hoja de ruta
quinquenal de la Comisión para impulsar la resiliencia y la posición global de
la UE. El paquete de hoy también marca la primera evaluación del progreso de
los Estados miembros en el marco de gobernanza económica revisado y sus planes
fiscales estructurales. Ante los crecientes retos de seguridad, también se recurre
por primera vez a la cláusula nacional de salvaguardia (CNE) del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. El objetivo de la CNE es facilitar la transición
hacia niveles más elevados de gasto en defensa, preservando al mismo tiempo la
sostenibilidad fiscal”.
La referencia más
concreta a las políticas laborales es la siguiente:
“Directrices de
empleo y retos de la convergencia social
En el marco del
Semestre Europeo de 2025, la Comisión propone directrices actualizadas para las
políticas de empleo de los Estados miembros, destinadas a promover mercados
laborales más justos e inclusivos. Basándose en las Directrices de empleo
adoptadas en diciembre de 2024 —que abordan retos como la escasez de
competencias y mano de obra, así como la necesidad de competencias básicas y
digitales en la era de la inteligencia artificial—, la actualización de 2025
mantiene las prioridades fundamentales, adaptándose a las nuevas realidades
geopolíticas e iniciativas como la Unión de las Competencias y la Brújula de la
Competitividad.
En consonancia con
el Marco de Convergencia Social, ahora integrado en el marco de gobernanza
económica revisado, la Comisión ha realizado un análisis en dos etapas del
empleo, las competencias y los retos sociales en cada Estado miembro. Las
conclusiones de la primera etapa se presentan en el Informe Conjunto sobre el
Empleo (JER) 2025, mientras que el análisis más exhaustivo de la segunda etapa
se publicó en abril de 2025 para diez Estados miembros: Bulgaria, Croacia,
Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Rumanía y España. En
general, el análisis de la segunda etapa identificó desafíos para la
convergencia social ascendente en tres Estados miembros (Grecia, Italia y
Rumanía), teniendo en cuenta las respuestas políticas adoptadas o previstas por
los Estados miembros para abordar los riesgos identificados. Las conclusiones
del análisis también se debatieron con los Estados miembros en el Comité de
Empleo y el Comité de Protección Social en mayo, antes de la adopción del
Paquete de Primavera del Semestre Europeo de 2025.
3. Elemento
fundamental de toda la documentación presentada es la Comunicación de laComisión “Semestre Europeo 2025 - Paquete de primavera” , del que reproduzco a continuación el bloque dedicado a las políticas de
contenido laboral. Antes, hay que referirse a las declaraciones de Roxana
Mînzatu, Vicepresidenta Ejecutiva de Derechos Sociales y Capacidades, Empleos
de Calidad y Preparación:
“Por primera vez,
y como parte de la Unión de Capacidades, este paquete del Semestre contiene
recomendaciones clave sobre capacidades, empleos de calidad y equidad social
para todos los países. La educación es fundamental para contar con una mano de
obra cualificada y, lo que es más importante, también fortalece sociedades
sanas y democracias funcionales. En segundo lugar, el marco de convergencia
social es un elemento clave del Semestre, que nos permite colaborar
estrechamente con los Estados miembros para comprender mejor dónde son más
necesarias las reformas e inversiones y cuál es la mejor manera de apoyarlas,
aprovechando la financiación de la UE procedente del MRR y del FSE+, lo cual es
crucial para mantener una sólida cohesión social en toda Europa. La inversión y
las reformas para apoyar a las personas deben seguir siendo prioridades
fundamentales a nivel europeo”.
“3.7 Promoción
de las capacidades y el empleo de calidad, garantizando al mismo tiempo la
equidad social
El mercado laboral
de la UE ha demostrado una gran resiliencia en un contexto de mayor
incertidumbre, pero se requieren nuevas medidas políticas para apoyar la
participación en el mercado laboral e impulsar la productividad laboral
europea. El mercado laboral de la UE se mantiene sólido, con un desempleo
históricamente bajo y un empleo récord. La UE va por buen camino para alcanzar
el objetivo principal de tasa de empleo del Pilar Europeo de Derechos Sociales
del 78 % para 2030, lo que refleja también las políticas y reformas adoptadas
por numerosos Estados miembros durante más de una década. La escasez de mano de
obra ha disminuido ligeramente durante el último año, pero se mantiene por
encima de los niveles prepandemia en la mayoría de los Estados miembros y se
prevé que aumente, lo que dificulta la capacidad de las empresas para invertir
e innovar. Con una gran variación entre regiones y sectores, y agravada también
por las tendencias demográficas y la baja oferta de vivienda asequible, la
escasez de mano de obra persiste en la construcción, la sanidad y la atención a
largo plazo, la tecnología, la ingeniería, las TIC y el transporte, lo que
lastra la competitividad y el crecimiento.
Se requieren
esfuerzos concertados a nivel de la UE y de los Estados miembros para fomentar
mercados laborales inclusivos. Los planes nacionales de recuperación y
reinserción laboral (PRR) y los programas de política de cohesión contienen
numerosas medidas pertinentes que abordan la segmentación del mercado laboral,
mejoran la eficacia de los servicios públicos de empleo, apoyan la movilidad
laboral y prestan apoyo específico a grupos específicos. No obstante, aún se
requieren esfuerzos adicionales. La participación en el mercado laboral de las
mujeres y los grupos subrepresentados (como los trabajadores de mayor edad, los
jóvenes, las personas poco cualificadas, las personas con discapacidad, la
población romaní y las personas de origen migrante) es fundamental, también en
vista de la disminución de la población en edad laboral, como se destaca en las
Estrategias de la Unión para la Igualdad 20. Las estrategias de la Unión para
la Igualdad promueven la igualdad de oportunidades en el mercado laboral y en
la educación para las mujeres y los grupos desfavorecidos, como las personas
con discapacidad y las personas de origen racial o étnico minoritario, incluida
la población romaní. Las recomendaciones del Paquete de Primavera instan a los
Estados miembros a implementar políticas activas del mercado laboral más
eficaces y sistemas fiscales y de prestaciones bien diseñados con los
incentivos adecuados para trabajar, además de esfuerzos de mejora y reciclaje
profesional. Fomentar el acceso a servicios de educación y cuidado de la
primera infancia asequibles y de alta calidad, así como a la atención social y
de larga duración, proporcionar adaptaciones adecuadas para las personas con
discapacidad y mejorar las condiciones laborales es necesario para eliminar las
barreras a la participación en el mercado laboral y atraer personas a sectores
clave . El Conjunto de Herramientas de Demografía también señala acciones para
abordar los desafíos demográficos y su impacto en la competitividad de Europa.
La evolución salarial requiere un seguimiento minucioso y debe lograr un
equilibrio entre garantizar la productividad y la competitividad, por un lado,
y abordar el coste de la vida, por otro. El diálogo social y la negociación
colectiva desempeñan un papel clave en este sentido. Además, la movilidad de
los trabajadores dentro de la UE sigue siendo importante, mientras que fomentar
la migración legal desde países no pertenecientes a la UE también será cada vez
más necesario para satisfacer las necesidades del mercado laboral de la UE. La
próxima Hoja de Ruta para el Empleo de Calidad de la Comisión desempeñará un
papel clave para orientar las acciones a nivel de la UE y nacional.
Impulsar el
capital humano es clave para una Europa competitiva, próspera e inclusiva.
Además de las políticas para atraer y retener el talento, las recomendaciones
del Paquete de Primavera instan a los Estados miembros a impulsar los niveles
de competencias de la población europea y la inclusión de los sistemas
educativos. En toda la UE, en los últimos años se ha producido un pronunciado
descenso de los niveles de competencias básicas, incluyendo una disminución de
la proporción de personas con alto rendimiento que poseen competencias
digitales básicas, mientras que la participación en la educación de adultos se
mantiene significativamente por debajo del objetivo principal del pilar de la
UE del 60 % para 2030. En un contexto de escasez de competencias y mano de
obra, se necesitan más esfuerzos para impulsar la inversión en aprendizaje
permanente, facilitar la retención y el reconocimiento de competencias, y hacer
que las oportunidades de aprendizaje sean más accesibles para los grupos
desfavorecidos. Los sistemas de educación y formación de los Estados miembros y
las regiones deben ser más receptivos a la evolución de los mercados laborales.
Las medidas políticas también deben incluir el aumento del atractivo de la
profesión docente y el impulso de la calidad y la inclusión de la enseñanza.
Para 2035, más de la mitad de las nuevas vacantes de empleo corresponderán a
ocupaciones altamente cualificadas, pero la oferta actual de competencias STEM
es insuficiente para satisfacer la creciente demanda. Las STEM deben
convertirse en una prioridad estratégica en las políticas de educación y
competencias a todos los niveles. A nivel de la UE, la iniciativa Unión de
Competencias se centra en el desarrollo
de competencias, la mejora continua de las competencias y el reciclaje
profesional, así como en la movilidad de las competencias y los trabajadores.
El Plan de Acción sobre Competencias Básicas invita a los Estados miembros a
apoyar al alumnado con bajo rendimiento académico. También se está realizando
un esfuerzo significativo para abordar la escasez de competencias con la ayuda
de la política de cohesión y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR),
y todos los Estados miembros están implementando medidas apoyadas por la UE en
materia de competencias, aprendizaje de adultos, educación y formación. La UE y
los Estados miembros también deberían seguir colaborando para ampliar el uso de
microcredenciales y establecer un programa piloto de Garantía de Competencias
para los trabajadores de sectores en reestructuración o en riesgo de desempleo.
La singular
economía social de mercado de Europa se basa en gran medida en la resiliencia y
la equidad. El Pilar Europeo de Derechos Sociales sigue siendo fundamental para
construir una Europa más fuerte e inclusiva. Los Estados miembros han incluido
reformas e inversiones pertinentes en sus planes de recuperación y recuperación
(PRR), centrándose especialmente en el fortalecimiento de los servicios
sociales y las instalaciones sanitarias, la inclusión de los grupos
vulnerables, la modernización de los sistemas de prestaciones sociales y la
digitalización de la atención sanitaria. Si bien la proporción de personas en
riesgo de pobreza o exclusión social ha disminuido ligeramente recientemente,
es importante abordar las tasas de pobreza, que aún son elevadas, de los grupos
vulnerables y los niños, así como las significativas disparidades regionales.
Se requerirán esfuerzos intensivos para alcanzar el objetivo principal del
pilar de la UE de reducir la pobreza o la exclusión social en al menos 15
millones de personas para 2030, incluidos al menos 5 millones de niños. Ante
los desafíos demográficos, laborales y sociales, las REP para 2025 subrayan la
necesidad de contar con sistemas de protección social, inclusión y pensiones
adecuados y eficientes, y de fomentar el acceso a vivienda asequible y
servicios sociales. También es importante garantizar la no discriminación,
promover la igualdad de género y mejorar la integración de la perspectiva de
igualdad. Ante la creciente demanda de servicios de salud y cuidados de larga
duración, los Estados miembros también necesitan construir sistemas de salud y
cuidados de larga duración resilientes, incluyendo la transición hacia un
modelo de atención primaria y preventiva. El riesgo de emergencias sanitarias
está aumentando, lo que hace imperativo que la UE siga reforzando y
consolidando sus capacidades de preparación y respuesta en materia de seguridad
sanitaria. Ante la evolución de los desafíos climáticos, geopolíticos y de
seguridad, la Estrategia de la Unión para la Preparación incluye medidas
políticas que apoyarán y complementarán a los Estados miembros en el refuerzo
de los esfuerzos de preparación. Para completar la Unión Europea de la Salud,
la UE también está actuando en iniciativas como la Ley de Medicamentos
Esenciales para mejorar el suministro y la producción de medicamentos
esenciales. Una UE justa e inclusiva también requiere que los beneficios de las
transiciones ecológica y digital se compartan en toda la sociedad. Esto implica
apoyar a las regiones y comunidades que se ven desproporcionadamente afectadas
por estas transiciones.
El Fondo de
Transición Justa apoya una transición más justa, y el Fondo Social para el
Clima proporcionará financiación específica para apoyar a los más afectados. La
Comisión presentará un nuevo plan de acción para la aplicación del Pilar
Europeo de Derechos Sociales, complementado con una Estrategia de la UE de
Lucha contra la Pobreza.
Recuadro 4:
Análisis de la convergencia social ascendente en consonancia con el Marco de
Convergencia Social
La Comisión ha
evaluado la existencia de desafíos para la convergencia social ascendente en
diez Estados miembros, de conformidad con el Marco de Convergencia Social
(MCS), lo que implica un análisis específico por país en dos etapas de los
riesgos y desafíos para la convergencia social ascendente27. En el análisis de
la primera etapa, presentado en el Informe Conjunto sobre el Empleo de 2025, se
analizaron las políticas sociales, de competencias y del mercado laboral de
todos los Estados miembros. Se identificó que diez Estados miembros (Bulgaria,
Estonia, Grecia, España, Croacia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Hungría y
Rumanía) presentan riesgos potenciales para la convergencia social ascendente.
El 11 de abril de 2025 se publicó un análisis de segunda etapa para estos 10
países, centrado en los ámbitos de actuación identificados como riesgos
potenciales para la convergencia social ascendente en la primera etapa, a
través de los indicadores principales del Cuadro de Indicadores Sociales. Este
análisis de segunda etapa se basa en un amplio conjunto de evidencia
cuantitativa y cualitativa y en los factores clave que impulsan los desafíos
para la convergencia social ascendente. Examina con más detalle la evolución y
tiene en cuenta las respuestas políticas pertinentes adoptadas o previstas por
el Estado miembro. En general, el análisis de segunda etapa identificó desafíos
para la convergencia social ascendente en tres Estados miembros (Grecia,
Rumanía e Italia).
El análisis de la
convergencia social ascendente señala desafíos horizontales en los tres ámbitos
de actuación. El análisis sugiere nuevas medidas para impulsar la adquisición
de competencias, sentar las bases para el desarrollo de competencias y abordar
la escasez de competencias y de mano de obra. Si bien los mercados laborales se
mantienen sólidos en general, el análisis destaca la necesidad de integrar de
forma más eficaz a todos los grupos de población en el mercado laboral. Al
mismo tiempo, la desigualdad de ingresos y los riesgos de pobreza o exclusión
social requieren una atención política muy estrecha, también en el contexto del
desafío demográfico, manteniendo al mismo tiempo sistemas de protección e
inclusión social adecuados y sostenibles.
Las conclusiones
del análisis de convergencia social se reflejan en los informes nacionales y
han servido de base para el Semestre Europeo de 2025. Este análisis ha
contribuido a las revisiones de supervisión multilateral en los comités
pertinentes del Consejo”.
4. En la Propuestade Decisión del Consejo sobre las directrices para las políticas de empleo delos Estados miembros , se concluye que “Las directrices para
las políticas de empleo de los Estados miembros, establecidas en el anexo de la
Decisión (UE) 2024/3134 , se mantienen para 2025 y serán tenidas
en cuenta por los Estados miembros en sus políticas de empleo y programas de
reforma. Recordemos que son las siguientes:
Orientación n.o 5:
Impulsar la demanda de mano de obra
Los Estados miembros deben promover activamente una economía social de mercado sostenible y facilitar y apoyar la inversión en la creación de empleos de calidad, aprovechando también el potencial relacionado con las transiciones ecológica y digital, en vista de los objetivos principales de la Unión y nacionales para 2030 en materia de empleo. Para ello, deben reducir las trabas a las que se enfrentan las empresas para contratar mano de obra, impulsar el espíritu emprendedor responsable y el trabajo por cuenta propia auténtico, y, en particular, apoyar la creación y el crecimiento de microempresas, pequeñas y medianas empresas, también a través del acceso a la financiación y aprovechando el potencial de la economía renovable y circular. Los Estados miembros deben promover activamente el desarrollo de la economía social, incluidas las empresas sociales, y aprovechar todo su potencial. Deben desarrollar medidas y estrategias pertinentes para la economía social, fomentar la innovación social y promover modelos de negocio que creen oportunidades de empleo de calidad y generen bienestar social, en particular a nivel local, también en la economía circular y en los territorios más afectados por la transición a una economía verde, en particular mediante un apoyo financiero y técnico específico.
Para reforzar la resiliencia frente a posibles perturbaciones económicas o del mercado de trabajo o a cambios estructurales persistentes, es importante que los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y disposiciones similares estén bien diseñados. También pueden apoyar las transformaciones estructurales facilitando y apoyando los procesos de reestructuración y la reasignación de mano de obra de los sectores en declive hacia otros emergentes, aumentando así la productividad y la competitividad, preservando el empleo y ayudando a modernizar la economía, en particular mediante el desarrollo de capacidades asociadas. Debe considerarse la aplicación tanto de incentivos a la contratación y la transición como de medidas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales bien diseñados, desarrollados en estrecha cooperación con los interlocutores sociales, a fin de apoyar la creación de empleo de calidad y las transiciones a lo largo de la vida laboral, y abordar la escasez de mano de obra y de capacidades, también a la luz de las transformaciones digital y ecológica, el cambio demográfico y las repercusiones de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania
Es preciso desplazar la fiscalidad del trabajo a otras fuentes que favorezcan más el empleo y el crecimiento integrador, y que estén en consonancia con los objetivos climáticos y medioambientales, teniendo en cuenta el efecto redistributivo del régimen fiscal, así como sus consecuencias en la participación de las mujeres en el mercado laboral, y protegiendo al mismo tiempo los ingresos, con miras a una protección social adecuada y unos gastos favorables al crecimiento.
Los Estados miembros, incluidos aquellos con salarios mínimos legales, deben promover la negociación colectiva para la fijación de los salarios y a garantizar una participación efectiva de los interlocutores sociales de forma transparente y previsible, a fin de permitir una adaptación adecuada de los salarios a la evolución de la productividad y fomentar unos salarios justos que hagan posible un nivel de vida digno, prestando especial atención a los grupos de renta media y baja, con vistas a reforzar la convergencia socioeconómica al alza. Los mecanismos de fijación de salarios deben también tener en cuenta las condiciones socioeconómicas, incluido el crecimiento del empleo, la competitividad y el poder adquisitivo y la evolución regional y sectorial. Dentro del respeto a las prácticas nacionales y la autonomía de los interlocutores sociales, los Estados miembros y los interlocutores sociales deben velar por que todos los trabajadores reciban un salario adecuado y se beneficien, directa o indirectamente, de convenios colectivos o un salario mínimo legal adecuado, habida cuenta de su impacto en la competitividad, la creación de empleo de calidad, el poder adquisitivo y la pobreza de las personas con empleo.
Orientación n.o 6: Aumentar la oferta de trabajo y mejorar el acceso al empleo, la adquisición de capacidades a lo largo de la vida y las competencias
En el contexto de las transiciones digital y ecológica, el cambio demográfico y la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, los Estados miembros deben promover la sostenibilidad, la productividad, la competitividad, la empleabilidad, la inclusividad y el desarrollo del capital humano fomentando la adquisición de capacidades y competencias a lo largo de la vida y respondiendo a las necesidades actuales y futuras del mercado de trabajo, también en vista de los objetivos principales de la Unión y nacionales para 2030 en materia de capacidades. Los Estados miembros también deben modernizar sus sistemas de educación y formación e invertir en ellos para ofrecer una educación y formación inclusivas y de alta calidad, incluida la educación y formación profesionales, mejorar los resultados educativos y la oferta de oportunidades para desarrollar capacidades y competencias, en particular las necesarias para las transiciones ecológica y digital, y garantizar el acceso al aprendizaje digital, la formación lingüística (por ejemplo, en el caso de los refugiados, incluidos los procedentes de Ucrania, o para facilitar el acceso al mercado de trabajo en las regiones transfronterizas) y la adquisición de capacidades empresariales. Los Estados miembros deben colaborar con los interlocutores sociales, los proveedores de educación y formación, las empresas y otras partes interesadas para abordar las deficiencias estructurales de los sistemas de educación y formación y mejorar su calidad y su pertinencia para el mercado laboral, en su caso mediante un apoyo financiero y técnico específico. Esto también favorecería las transiciones ecológica y digital, abordando los desajustes de capacidades y la escasez de mano de obra, en particular para las actividades relacionadas con las industrias de cero emisiones netas y digitales, incluidas las pertinentes para la seguridad económica de la UE, y las relacionadas con la transición ecológica, como el despliegue de energías renovables o la renovación de edificios.
Debe prestarse especial atención a hacer frente a los retos relacionados con el rendimiento educativo de los jóvenes, especialmente en el ámbito de las capacidades básicas. Es necesario actuar para abordar los retos a los que se enfrenta la profesión docente: mejorar su atractivo, combatir la escasez de profesores e invertir en las competencias digitales de los profesores y formadores. Por otra parte, los sistemas de educación y formación deben dotar a todos los alumnos de competencias clave, incluidas las competencias básicas y digitales y las competencias transversales, y de pensamiento crítico, frente a la amenaza de la desinformación, para sentar las bases de la adaptabilidad y la resiliencia a lo largo de la vida, y garantizar al mismo tiempo que los docentes están preparados para estimular estas competencias en los alumnos. Los Estados miembros deben ayudar a los adultos en edad de trabajar a que accedan a la formación, concienciar asimismo a los empleadores de la importancia de un entorno de trabajo propicio para el aprendizaje permanente y aumentar los incentivos y la motivación de las personas para buscar formación, también, cuando proceda, mediante cuentas de aprendizaje individuales, y garantizar la transferibilidad durante las transiciones profesionales, así como mediante un sistema fiable de evaluación de la calidad de la formación. Los Estados miembros deben estudiar el uso de las microcredenciales para apoyar el aprendizaje permanente y la empleabilidad. Deben propiciar en todas las personas la capacidad de anticipar las necesidades del mercado de trabajo y adaptarse mejor a ellas, en particular a través del perfeccionamiento y el reciclaje profesional continuos y la prestación de servicios integrados de orientación y asesoramiento, a fin de apoyar unas transiciones justas y equitativas para todos, reforzar el empleo, los resultados sociales y la productividad, abordar la escasez de mano de obra y el desajuste en materia de capacidades, mejorar la resiliencia general de la economía frente a las perturbaciones y facilitar los posibles ajustes necesarios.
Los Estados miembros deben fomentar la igualdad de oportunidades para todos, abordando las desigualdades en los sistemas de educación y formación, incluidas las relacionadas con la cobertura regional. En particular, los niños deben tener acceso a una educación y unos cuidados de la primera infancia asequibles y de alta calidad, en consonancia con los nuevos objetivos de Barcelona, y los Estados miembros de la Garantía Infantil Europea deben aumentar los niveles generales de cualificación, reducir el número de personas que abandonan prematuramente la educación y la formación, apoyar la igualdad de acceso a la educación de los niños procedentes de grupos desfavorecidos y zonas remotas, aumentar el atractivo de la educación y formación profesionales (EFP), apoyar el acceso a la educación terciaria y su finalización, y aumentar el número de titulados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM), tanto en EFP como en educación terciaria, especialmente de mujeres. También deben apoyarse los mejores resultados y la excelencia en los resultados educativos, dado su papel en el fomento del futuro potencial de innovación de la UE. Los Estados miembros deben facilitar la transición de la educación al empleo para los jóvenes a través de períodos de prácticas y aprendizaje de calidad, así como aumentar la participación de los adultos en el aprendizaje permanente, en particular entre los alumnos procedentes de entornos desfavorecidos y los menos cualificados, eliminando los obstáculos específicamente relacionados con el género y de otro tipo que puedan afectar al acceso y la participación. Teniendo en cuenta los nuevos requisitos de las sociedades digitales, ecológicas y en proceso de envejecimiento, los Estados miembros deben mejorar y aumentar la oferta y la adopción de EFP inicial y continua flexible, reforzar el aprendizaje basado en el trabajo en sus sistemas de EFP, en particular mediante una formación de aprendices accesible, de calidad y eficaz, y ayudar a los adultos poco cualificados a mantener su empleabilidad. Deben ofrecerse oportunidades de formación que permitan a los trabajadores asistir a programas de formación durante el horario laboral (y sin coste alguno para los trabajadores). Además, los Estados miembros deben incrementar la pertinencia de la enseñanza superior y, cuando corresponda, de la investigación para el mercado de trabajo; mejorar el seguimiento y las previsiones respecto de las capacidades; hacer más visibles y comparables las capacidades y cualificaciones, incluidas las adquiridas en el extranjero, y garantizar un uso más coherente de las clasificaciones a escala de la UE (como ESCO); y aumentar las oportunidades de reconocimiento y la validación de las capacidades y competencias adquiridas fuera de la educación y la formación formales, también para los refugiados y las personas acogidas a un estatuto de protección temporal. Además de aprovechar el potencial sin explotar de la mano de obra nacional de la UE, atraer talentos y capacidades de fuera de la UE a través de la migración gestionada, evitar condiciones de trabajo abusivas y luchar contra el trabajo no declarado también puede contribuir a hacer frente a la escasez de capacidades y mano de obra, incluso en lo relacionado con las transiciones ecológica y digital, como en los sectores de las CTIM y en la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración.
Los Estados miembros deben proporcionar a los desempleados y a las personas inactivas una asistencia eficaz, oportuna, coordinada e individualizada basada en el apoyo en la búsqueda de empleo, la formación, la mejora de capacidades y el reciclaje profesional y el acceso a otros servicios de capacitación, prestando especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad y las personas afectadas por las transiciones ecológica y digital o por perturbaciones del mercado laboral. Se precisan cuanto antes medidas concretas que incluyan evaluaciones individuales detalladas de los desempleados, a más tardar a los dieciocho meses de estar en situación de desempleo, con vistas a prevenir y reducir significativamente el desempleo estructural y de larga duración. El desempleo juvenil y la cuestión de los jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni se forman (ninis) se deben seguir abordando a través de la prevención del abandono prematuro de la educación y la formación y una mejora estructural en la transición de la enseñanza al trabajo, entre otras cosas mediante la plena ejecución de la Garantía Juvenil reforzada, que también debe promover las oportunidades de empleo juvenil de calidad. Además, los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos, especialmente a la hora de resaltar la manera en que las transiciones ecológica y digital ofrecen una perspectiva renovada para el futuro, así como oportunidades para que la juventud se incorpore al mercado de trabajo y permanezca en él.
Los Estados miembros deben procurar eliminar los obstáculos y elementos disuasorios, e incentivar la participación en el mercado de trabajo, en particular para las personas con rentas bajas, las que aportan la segunda fuente de ingresos en un hogar (con frecuencia, mujeres) y las que están más alejadas del mercado laboral. En vista de la gran escasez de mano de obra en determinadas ocupaciones y sectores (en particular en los sectores de las CTIM, las TIC, la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, la educación, el transporte y la construcción), los Estados miembros deben contribuir a fomentar la oferta de mano de obra, en particular promoviendo salarios adecuados y condiciones de trabajo justas y garantizando que el diseño de los sistemas fiscales y de prestaciones sociales favorezca la participación en el mercado de trabajo y que las políticas activas del mercado de trabajo sean eficaces y accesibles, siempre respetando el papel y la autonomía de los interlocutores sociales. Los Estados miembros también deben apoyar la adaptación del entorno de trabajo de las personas con discapacidad, entre otros, con un apoyo financiero y técnico específico, información, concienciación y servicios que les permitan participar en el mercado de trabajo y en la sociedad. Es preciso abordar la brecha salarial y de empleo entre hombres y mujeres, así como los estereotipos de género. Los Estados miembros deben velar por la igualdad entre hombres y mujeres y por una mayor participación femenina en el mercado laboral, entre otras cosas garantizando la igualdad de oportunidades y de progresión de la carrera y eliminando trabas al acceso a los puestos de liderazgo en todos los niveles de la toma de decisiones, así como combatiendo la violencia y el acoso laboral, problema que afecta principalmente a las mujeres. Debe garantizarse la igualdad de retribución por un trabajo igual o de igual valor, así como la transparencia salarial. Debe fomentarse la conciliación de la vida laboral, familiar y privada tanto para mujeres como para hombres, especialmente mediante el acceso a unos cuidados de larga duración y a unos servicios de educación y atención infantil asequibles y de calidad, así como a través de políticas adecuadas que atiendan a los cambios introducidos en el mundo del trabajo por la digitalización. Los Estados miembros deben garantizar que los progenitores y otras personas con responsabilidades familiares tengan acceso a unos permisos por motivos familiares y unas fórmulas de trabajo flexible adecuados, a fin de crear un equilibrio entre la vida laboral, familiar y privada, y fomentar un uso equilibrado de tales derechos entre los progenitores.
Orientación n.o 7: Mejorar el funcionamiento de los mercados laborales y la eficacia del diálogo social
Con objeto de sacar el máximo partido de una mano de obra dinámica y productiva, así como de las nuevas formas de trabajo y los nuevos modelos empresariales, los Estados miembros deben trabajar junto con los interlocutores sociales por unas condiciones de trabajo justas, transparentes y predecibles, conciliando derechos y obligaciones. Deben reducir y prevenir la segmentación de los mercados laborales, luchar contra el trabajo no declarado y los falsos autónomos y fomentar la transición hacia formas de empleo por tiempo indefinido. Las normas sobre la protección del empleo, la legislación laboral y las instituciones deben todas ellas establecer un entorno que favorezca la contratación y la flexibilidad necesaria para que los empleadores se adapten rápidamente a los cambios en el contexto económico, a la vez que se protegen los derechos laborales y se garantiza la protección social, un nivel adecuado de seguridad y unos entornos laborales bien adaptados, seguros y saludables para todos los trabajadores. La promoción del uso de fórmulas de trabajo flexibles, tales como el teletrabajo, puede contribuir a que los niveles de empleo sean más elevados y a que los mercados de trabajo sean más inclusivos. Además, los Estados miembros deben apoyar a los trabajadores, las empresas y otros agentes de la transformación digital, en particular promoviendo la adopción de herramientas éticas y fiables de inteligencia artificial (IA). Esto puede ir desde las políticas hasta la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional de los trabajadores para nuevas ocupaciones y los incentivos para que las empresas desarrollen y desplieguen tecnologías que tengan el potencial de aumentar la productividad, complementar la mano de obra humana y aliviar la escasez de mano de obra en sectores críticos. En general, y en el contexto del cambio climático y de la transformación digital en particular, es importante garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores en relación con las condiciones de trabajo (incluido el tiempo de trabajo y las modalidades de trabajo que tienen en cuenta las olas de calor), la salud mental en el trabajo y el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada. Deben evitarse las relaciones de empleo que den lugar a condiciones de trabajo precarias, incluidos los casos en los que participen trabajadores de plataformas, garantizando la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de algoritmos, y luchando contra el abuso de los contratos atípicos. Debe garantizarse el acceso a una resolución de litigios efectiva e imparcial, y, en caso de despido injustificado, el derecho a reparación, incluida una indemnización adecuada cuando proceda.
Las políticas deben ir destinadas a mejorar y apoyar la participación, los ajustes y las transiciones en el mercado de trabajo, teniendo también en cuenta el cambio demográfico, e incluyendo a las regiones desfavorecidas. Los Estados miembros deben activar y capacitar eficazmente a quienes puedan participar en el mercado de trabajo, especialmente a los grupos infrarrepresentados, como mujeres y jóvenes, así como a las personas en situación de vulnerabilidad (personas poco cualificadas o en desempleo prolongado, personas con discapacidad, personas de origen migrante, incluidas aquellas con un estatuto de protección temporal, las personas procedentes de comunidades gitanas marginadas y los trabajadores de más edad). Los Estados miembros deben reforzar el alcance y la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo ampliando su orientación, ámbito de aplicación y cobertura, y mejorando su interacción con los servicios sociales, la formación y las ayudas económicas a los desempleados mientras buscan trabajo y sobre la base de sus derechos y responsabilidades. Los Estados miembros deben hacer el mejor uso posible de la financiación y el apoyo técnico de la UE a fin de potenciar la capacidad de los servicios públicos de empleo para prestar asistencia oportuna y personalizada a los solicitantes de empleo, responder a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral y aplicar una gestión basada en los resultados, apoyando su capacidad para utilizar los datos y la tecnología digital. Los servicios privados de empleo también desempeñan un papel a este respecto.
Los Estados miembros deben facilitar a los desempleados unas prestaciones de desempleo adecuadas y de duración razonable, en consonancia con sus propias contribuciones y con los criterios de concesión nacionales. Las prestaciones por desempleo no deben desincentivar una rápida vuelta al empleo y deben ir acompañadas de políticas activas del mercado de trabajo, incluidas medidas de mejora de las capacidades y reciclaje profesional, también considerando la escasez de mano de obra y de capacidades.
La movilidad de los estudiantes, los aprendices y los trabajadores debe incrementarse y apoyarse adecuadamente, especialmente para los estudiantes de educación y formación profesionales con menos experiencias de movilidad, con el fin de mejorar sus capacidades y su empleabilidad, aprovechar todo el potencial del mercado laboral europeo y contribuir a la competitividad a escala de la UE, al tiempo que se da respuesta a las posibles consecuencias demográficas adversas de la movilidad (como la fuga de cerebros). Deben abordarse los retos en materia de movilidad laboral dentro de la UE, incluidos los procedimientos para reconocer las cualificaciones profesionales o transferir los derechos adquiridos en materia de seguridad social. Deben garantizarse condiciones justas y dignas para todas las personas que ejercen una actividad transfronteriza, evitando la discriminación y garantizando la igualdad de trato, haciendo cumplir la legislación nacional y de la UE e intensificando la cooperación administrativa entre las administraciones nacionales con respecto a los trabajadores móviles, que se benefician de la asistencia de la Autoridad Laboral Europea.
Debe apoyarse la movilidad de los trabajadores que desempeñan funciones esenciales y de los trabajadores transfronterizos, temporeros y desplazados en caso de cierres temporales de las fronteras a causa de consideraciones de salud pública. Los Estados miembros deben estimular las vías de migración legal y establecer una política de integración eficaz para los trabajadores y sus familias que abarque la educación y la formación, incluida la formación lingüística, el empleo, la salud y la vivienda, de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales.
Los Estados miembros también deben esforzarse a la hora de crear las condiciones adecuadas para las nuevas formas y los nuevos métodos de trabajo, aprovechando su potencial de creación de empleo, al tiempo que garantizan el cumplimiento de los derechos sociales existentes. Deben proporcionar asesoramiento y orientación sobre los derechos y obligaciones aplicables en el contexto de los contratos atípicos y las nuevas formas de trabajo, tales como el trabajo en plataformas digitales y el teletrabajo. En este sentido, los interlocutores sociales pueden desempeñar un papel fundamental, y los Estados miembros deben ayudarlos a llegar a las personas con trabajos atípicos o nuevas formas de trabajo y representarlas. Asimismo, los Estados miembros deben considerar la posibilidad de prestar apoyo para el cumplimiento de la normativa, por ejemplo, mediante orientaciones o formación específica para los organismos de inspección, en relación con los retos derivados de las nuevas formas de organizar el trabajo, incluso utilizando tecnologías digitales o inteligencia artificial, tales como la gestión algorítmica, la vigilancia de los trabajadores y el teletrabajo. La aplicación efectiva de los derechos de información y consulta y la negociación colectiva son fundamentales para el desarrollo y el respeto de los derechos de los trabajadores en el contexto de los procesos de digitalización, así como en el uso de la IA y los algoritmos en la organización del trabajo y las relaciones laborales.
Basándose en las prácticas nacionales existentes, los Estados miembros deben fomentar la democracia en el trabajo y garantizar un entorno propicio para el diálogo social bipartito y tripartito a todos los niveles, incluida la negociación colectiva, en los sectores público y privado, conforme a la legislación o las prácticas nacionales, previa consulta y en estrecha cooperación con los interlocutores sociales, respetando al mismo tiempo su autonomía. Los Estados miembros deben implicar a los interlocutores sociales de manera sistemática, significativa y oportuna en el diseño y la aplicación de políticas de empleo, sociales y, cuando proceda, económicas y de otro tipo, así como en la fijación y actualización de los salarios mínimos legales. Los Estados miembros deben promover un mayor nivel de cobertura de la negociación colectiva, en particular promoviendo la creación y el refuerzo de la capacidad de los interlocutores sociales, permitiendo una negociación colectiva eficaz a todos los niveles adecuados y fomentando la coordinación entre esos niveles y entre ellos. Debe animarse a los interlocutores sociales a que negocien y celebren convenios colectivos en asuntos de su incumbencia, respetando su autonomía y su derecho a la acción colectiva. La función de los interlocutores sociales es crucial en la concepción y la ejecución de soluciones equilibradas que faciliten una transición equitativa hacia una economía descarbonizada.
Cuando proceda, y basándose en las prácticas nacionales existentes, los Estados miembros deben tener en cuenta la experiencia pertinente de las organizaciones de la sociedad civil en materia social y de empleo.
Orientación n.o 8: Promover la igualdad de oportunidades para todos, fomentar la integración social y combatir la pobreza
Los Estados miembros deben favorecer unos mercados laborales inclusivos y abiertos a todos, instaurando medidas eficaces para eliminar todas las formas de discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades para todos, y en particular para los grupos infrarrepresentados en el mercado laboral, prestando asimismo la debida atención a la dimensión regional y territorial. Deben garantizar la igualdad de trato en relación con el empleo, la asistencia a los solicitantes de empleo, la protección social, la asistencia sanitaria, la educación y el cuidado a la primera infancia, los cuidados de larga duración, la educación y el acceso a bienes y servicios, incluida la vivienda, independientemente del género, el origen étnico o racial, la religión o las convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual.
Los Estados miembros deben modernizar los sistemas de protección social, con el fin de ofrecer protección social adecuada, eficaz, eficiente y sostenible para todos, a lo largo de todas las etapas de la vida, fomentando la inclusión y la ascensión sociales, incentivando la participación en el mercado de trabajo, apoyando la inversión social, luchando contra la pobreza y la exclusión social y abordando las desigualdades, entre otras cosas mediante el diseño de sus sistemas fiscales y de prestaciones y la evaluación del efecto distributivo de las políticas. Completar planteamientos universales con otros orientados mejorará la eficacia de los sistemas de protección social. La modernización de los sistemas de protección social también debe tener como objetivo mejorar su resiliencia frente a desafíos polifacéticos. Debe prestarse especial atención a los hogares vulnerables que resultan afectados por las transiciones ecológica y digital y por el aumento del coste de la vida, en particular los costes de la vivienda y la energía. Los Estados miembros deben seguir abordando las lagunas en el acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia a la vista del aumento de las formas atípicas de trabajo.
Los Estados miembros deben desarrollar e integrar los tres aspectos de la inclusión activa: un apoyo a la renta adecuado, unos mercados de trabajo inclusivos y el acceso a servicios de capacitación de calidad, para responder a necesidades individuales. Los sistemas de protección social deben garantizar unas prestaciones de renta mínima adecuadas para toda persona que carezca de recursos suficientes y promover la inclusión social apoyando y alentando a las personas a participar activamente en el mercado laboral y en la sociedad, entre otras cosas mediante la prestación de servicios sociales específicos. La existencia de vivienda asequible y accesible y de servicios de calidad, tales como la atención y educación infantiles, la asistencia extraescolar, la educación, la formación, y los servicios sanitarios y los cuidados de larga duración, es una condición necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades. En consonancia con los objetivos principales de la Unión y nacionales para 2030 en materia de reducción de la pobreza, debe prestarse una atención particular a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, incluida la pobreza de las personas con empleo. La pobreza y la exclusión infantiles deben abordarse especialmente con medidas exhaustivas e integradas, también mediante la plena aplicación de la Garantía Infantil Europea. Los Estados miembros deben garantizar que todos, incluidos los niños, tengan acceso a servicios básicos de buena calidad. Para aquellos que se encuentren en situación vulnerable o de necesidad, deben también garantizar el acceso a una vivienda adecuada y asequible, como la vivienda social, o las ayudas a la vivienda. Deben garantizar una transición energética limpia y justa y abordar la pobreza energética como una forma cada vez más significativa de pobreza, también, cuando proceda, a través de medidas de apoyo específicas destinadas a los hogares en situaciones de vulnerabilidad. Los Estados miembros deben, en su caso, hacer un uso eficaz de la financiación y el apoyo técnico de la UE para invertir en viviendas sociales o ayudas a la vivienda, renovación de viviendas y servicios de acompañamiento, y abordar la urgente necesidad de viviendas asequibles y adecuadas. En relación con esos servicios, deben tenerse en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad, incluida la accesibilidad. El problema de las personas sin hogar debe abordarse específicamente con medidas preventivas y promoviendo el acceso a una vivienda permanente y la prestación de servicios de apoyo facilitadores.
Los Estados miembros deben garantizar un acceso oportuno a una asistencia sanitaria asequible, preventiva y curativa y a unos cuidados de larga duración de alta calidad, preservando al mismo tiempo la sostenibilidad a largo plazo. En el contexto de una creciente demanda de cuidados de larga duración, también vinculada a los cambios demográficos, deben abordarse las lagunas en la adecuación, así como la escasez de mano de obra y las malas condiciones de trabajo.
Ante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y en consonancia con la activación de la Directiva 2001/55/CE del Consejo (1), los Estados miembros deben seguir ofreciendo un nivel adecuado de protección a las personas desplazadas procedentes de Ucrania. En el caso de los menores no acompañados, deben también aplicar las medidas necesarias. Debe asegurarse el acceso de los menores desplazados a una educación infantil y una atención a la infancia, así como a otros servicios esenciales, de conformidad con la Garantía Infantil Europea.
En un contexto de
creciente longevidad y cambio demográfico, los Estados miembros deben velar por
que los regímenes de pensiones de los trabajadores por cuenta propia y por
cuenta ajena sean adecuados y sostenibles y ofrezcan igualdad de oportunidades
para mujeres y hombres en la adquisición y consolidación de los derechos de
pensión, también mediante regímenes complementarios para garantizar unos
ingresos adecuados en la vejez. Las reformas de las pensiones deben apoyarse en
políticas destinadas a reducir la brecha de género en las pensiones, promover
un envejecimiento activo y saludable y ampliar la vida laboral, por ejemplo
aumentando la edad efectiva de jubilación —en particular facilitando la
participación en el mercado laboral y garantizando condiciones de trabajo
adaptadas a las necesidades de las personas mayores. Los Estados miembros deben
establecer un diálogo constructivo con los interlocutores sociales y otras
partes interesadas pertinentes y permitir una introducción progresiva de las
reformas”.
5 Por lo que se refiere a España hay que prestar
especial atención en primer lugar a la “Recomendación de Recomendación delConsejo sobre las políticas económicas, sociales, de empleo, estructurales ypresupuestarias de España” , siendo una de las recomendaciones dirigidas a nuestro país “6. Abordar la
pobreza infantil, mejorando al mismo tiempo la eficiencia, la cobertura y la
idoneidad de las transferencias sociales y la asistencia social. Reducir la
escasez y el desajuste de competencias mediante el fortalecimiento de la
formación profesional dual y el aumento del aprendizaje permanente, en
particular para las personas poco cualificadas. Mejorar las competencias
básicas y abordar el abandono escolar prematuro, teniendo en cuenta las
disparidades regionales”.
Con anterioridad,
y al examinar la realidad social española, la propuesta de Recomendación se
manifiesta en estos términos:
“(35) En un
contexto de altos riesgos de pobreza y exclusión social, la pobreza infantil
constituye un desafío estructural significativo para la equidad social y la
competitividad futura. Más de uno de cada tres niños corre riesgo de pobreza o
exclusión social. Los más afectados son los niños de origen migrante y romaní,
los niños de hogares monoparentales, los niños cuyos padres tienen un nivel
educativo bajo o medio y los niños de hogares con baja intensidad laboral. La
privación material y social grave también es elevada y superior a la media de
la UE. Existe potencial para mejorar el bienestar infantil garantizando un
acceso más equitativo, así como una prestación más eficiente y específica, a
las medidas de apoyo social y protección de los ingresos. Reforzar y acelerar
la aplicación de la Garantía Infantil, así como garantizar el acceso a
servicios básicos como la alimentación escolar y la vivienda, podría ayudar a
mitigar el impacto de la pobreza infantil y prevenir la transmisión
intergeneracional de desventajas. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el
Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) son herramientas cruciales para
reducir la pobreza y en los últimos años se han realizado esfuerzos continuos
para fortalecer su aplicación. No obstante, mejorar la concienciación y reducir
las barreras administrativas podría aumentar las tasas de adopción, que aún son
bajas, y abordar las ineficiencias. El impacto de las transferencias sociales
(excluidas las pensiones) en la reducción de la pobreza, incluida la pobreza
infantil, se encuentra entre los más bajos de la UE. A pesar de algunas
mejoras, la desigualdad de ingresos sigue siendo alta y superior a la media de
la UE, y el efecto redistributivo de los impuestos y las prestaciones también
es limitado. Perfeccionar el diseño de las actuales deducciones fiscales
relacionadas con la infancia ofrece una oportunidad para reforzar el apoyo a
los más vulnerables. Aumentar el apoyo específico a las familias y los niños, y
reducir las persistentes diferencias regionales, podría ayudar a mejorar los
resultados sociales. Abordar estos desafíos también contribuiría a impulsar la
convergencia social ascendente, de acuerdo con el análisis por país de la
segunda fase de los servicios de la Comisión basado en el Marco de Convergencia
Social.
(36) Obstáculos
persistentes afectan la transición de la educación al trabajo, tanto en la
formación profesional y educativa (FP) como en la educación superior. Los bajos
niveles de competencias básicas y las altas tasas de abandono escolar prematuro
siguen siendo problemas acuciantes. Un porcentaje significativo de jóvenes de
15 años presenta un rendimiento inferior en matemáticas, lectura y ciencias.
Pocos estudiantes alcanzan el máximo rendimiento, lo que pone en peligro la
productividad y la competitividad futuras. A pesar del aumento de la
matriculación en FP, la matriculación en programas de educación secundaria
superior y dual sigue siendo limitada. Las bajas tasas de empleo de los
graduados de FP con cualificaciones medias y la baja proporción de adultos con
cualificaciones intermedias apuntan a desajustes subyacentes de competencias.
La matriculación en FP disminuye con la edad y el nivel educativo, lo que
agrava las desigualdades, especialmente para los adultos mayores, los hombres y
las personas con bajos niveles de competencias. La baja tasa de participación
en la educación de adultos reduce las oportunidades de adaptación a las
necesidades cambiantes del mercado laboral, lo que también perjudica la
productividad y la competitividad.
(37) La tasa de
niños matriculados en educación y atención a la primera infancia continúa
aumentando, pero persisten las disparidades regionales. Las diferencias
regionales en el logro de competencias básicas también son significativas. El
abandono escolar prematuro también sigue siendo un desafío, con diferencias
persistentes a nivel regional y entre géneros”.
Y en segundo término,
estrechamente ligado al anterior, al documento de trabajo de los servicios de
la Comisión “Informe de País 2025 – España, acompañando al documento«Recomendación de Recomendación del Consejo sobre las políticas económicas,sociales, de empleo, estructurales y presupuestarias de España» , que entre sus conclusiones destaca que “Para impulsar la competitividad, la
sostenibilidad y la equidad social, España se beneficiaría de: ... apoyar la
convergencia social ascendente, reduciendo la pobreza y la exclusión social, en
particular la infantil, mediante la mejora de la eficiencia, la cobertura y la
adecuación de las transferencias sociales y la asistencia social; mejorar los
resultados del mercado laboral y seguir reduciendo la segmentación, abordando
el elevado desempleo juvenil, mitigando la infrarrepresentación de los
trabajadores de mayor edad en el mercado laboral y reduciendo aún más la
elevada proporción de contratos temporales en el sector público; abordar la
escasez y el desajuste de las competencias profesionales, incentivando el
aprendizaje de adultos para las personas con baja cualificación, garantizando
la plena implantación de la FP dual y abordando la escasa dotación de
competencias básicas y el elevado abandono escolar prematuro”.
Buena lectura.
