Salario Mínimo Interprofesional. Texto comparado de la normativa de 2020 y 2021.

 

El Boletín Oficial del Estado publicó el miércoles, 29 de septiembre, el texto del Real Decreto 817/2021de 28 de septiembre, por el que se fija el SMI para 2021.

Procedo a continuación a adjuntar el texto comparado de la norma citada con la regulación existente para el año 2020, recogida en el Real Decreto 231/2020 de 4 de febrero, destacando en negrita las modificaciones.

Para el análisis en clave política del acuerdo bipartito gobierno-sindicatos, que ha sido incorporado a la norma, remito al artículo del profesor Antonio Baylos “Las lecciones delacuerdo Gobierno-sindicatos sobre el salario mínimo”  , en el que destaca que “… Más allá por tanto del significado muy positivo de este incremento, que desautorizan tanto las propuestas de congelación del mismo como las de aquellos organismos, como el Banco de España, que suelen intervenir en clave alarmista siguiendo los mantras de la economía liberal nunca verificados en la realidad de las cosas, la lección que se desprende de este proceso de negociación es la de la importancia de focalizar en el método de cooperación y de participación la acción reformista del sistema de relaciones laborales en marcha, sin que por consiguiente el rechazo del mismo pueda detener o impedir el desarrollo de los cambios”.

 

Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020.

Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021.

En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, contenido en el artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, se procede mediante este real decreto a establecer las cuantías que deberán regir a partir del 1 de enero de 2020, tanto para los trabajadores fijos como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar.       Las nuevas cuantías representan un incremento del 5,5555555556 por ciento respecto de las previstas en el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019 cuyos efectos fueron prorrogados hasta la aprobación del salario mínimo interprofesional para el 2020 en el marco del diálogo social, en los términos establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, mediante la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social. Asimismo, tienen en cuenta lo recogido en el Acuerdo Social para el incremento del Salario Mínimo Interprofesional en 2020 suscrito el 30 de enero de 2020 por el Gobierno y los interlocutores sociales.   Las nuevas cuantías, por último, son el resultado de tomar en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.   De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, el real decreto incorpora, como en años anteriores, reglas de afectación en una disposición transitoria con el objetivo de evitar que el incremento del salario mínimo interprofesional provoque distorsiones económicas o efectos no queridos en los ámbitos no laborales que utilizan el SMI a sus propios efectos.     El citado incremento tiene por objeto hacer efectivo el derecho a una remuneración equitativa y suficiente que les proporcione a los trabajadores y a sus familias un nivel de vida decoroso, en línea con lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales que ha interpretado que dicho umbral se sitúa en el 60 % del salario medio de los trabajadores. Elevar el salario mínimo interprofesional a 950 euros mensuales nos acerca a dicha interpretación.     Asimismo, el incremento del salario mínimo interprofesional contribuye a promover un crecimiento económico sostenido, sostenible e inclusivo, y al cumplimiento de la Agenda 2030, en particular de las Metas 1.2, 8.3 y 10.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativas, de manera respectiva, a la erradicación de la pobreza, la promoción de políticas orientadas a la creación de puestos de trabajo decentes y a la adopción de políticas salariales que logren de manera progresiva una mayor igualdad.   Este real decreto cumple con los principios de buena regulación exigibles conforme al artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, responde a la necesidad de cumplir con el mandato previsto en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores de fijar anualmente el salario mínimo interprofesional. Es eficaz y proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para posibilitar el conocimiento, efectos y aplicación de dicho salario mínimo interprofesional, que cumple con el doble objetivo de constituir un suelo mínimo de contratación y determinar lo que se considera el nivel de suficiencia de los salarios. Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y se ofrece una explicación completa de su contenido. Dado que se trata de una norma que regula un aspecto parcial de la materia, su tramitación se encuentra exenta de la consulta pública previa y ha sido sometida a los trámites de audiencia e información públicas, y de manera específica, a la previa consulta de las organizaciones sindicales y patronales más representativas. Finalmente, es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y cumple con el principio de eficiencia, dado que su aplicación no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias.   Este real decreto ha sido consultado a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas.     Este real decreto es dictado al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.   En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de febrero de 2020,     DISPONGO:   Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional.   El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 31,66 euros/día o 950 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.   En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel.   Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.   Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las reglas sobre compensación que se establecen en los artículos siguientes.   Artículo 2. Complementos salariales. Al salario mínimo consignado en el artículo 1 se adicionarán, sirviendo el mismo como módulo, en su caso, y según lo establecido en los convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales a que se refiere el artículo 26.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción.   Artículo 3. Compensación y absorción. A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a compensación y absorción en cómputo anual por los salarios profesionales del incremento del salario mínimo interprofesional, se procederá de la forma siguiente:   1. La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en este real decreto no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo.   A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación será el resultado de adicionar al salario mínimo fijado en el artículo 1 de este real decreto los devengos a que se refiere el artículo 2, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 13.300 euros.   2. Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual y jornada completa con arreglo a normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto.   3. Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales que se encuentren en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto subsistirán en sus propios términos, sin más modificación que la que fuese necesaria para asegurar la percepción de las cantidades en cómputo anual que resulten de la aplicación del apartado 1 de este artículo, debiendo, en consecuencia, ser incrementados los salarios profesionales inferiores al indicado total anual en la cuantía necesaria para equipararse a éste.   Artículo 4. Trabajadores eventuales y temporeros y empleados de hogar.   1. Los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días percibirán, conjuntamente con el salario mínimo a que se refiere el artículo 1, la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondientes al salario de treinta días en cada una de ellas, sin que la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 44,99 euros por jornada legal en la actividad.       En lo que respecta a la retribución de las vacaciones de los trabajadores a que se refiere este artículo, dichos trabajadores percibirán conjuntamente con el salario mínimo interprofesional fijado en el artículo 1, la parte proporcional de este correspondiente a las vacaciones legales mínimas en los supuestos en que no existiera coincidencia entre el periodo de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. En los demás casos, la retribución del periodo de vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación.   2. De acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para la determinación del salario mínimo de los empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el fijado para los trabajadores eventuales y temporeros y que incluye todos los conceptos retributivos, el salario mínimo de dichos empleados de hogar será de 7,43 euros por hora efectivamente trabajada.     3. En las cuantías del salario mínimo por días u horas fijadas en los apartados anteriores se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquéllas.   Disposición transitoria única. Reglas de afectación de las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional a las referencias contenidas en normas no estatales y relaciones privadas. 1. De acuerdo con la habilitación legal expresa establecida en el artículo 13 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen no serán de aplicación:                 a) A las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que integran la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos, salvo disposición expresa en contrario de las propias comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla o de las entidades que integran la Administración local.   b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional.   2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, salvo disposición o acuerdo en contrario, la cuantía del salario mínimo interprofesional se entenderá referida durante 2020 a:   a) Las establecidas en el Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, incrementadas en el mismo porcentaje en que se incremente el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2020, respecto de las normas no estatales y contratos de naturaleza privada que estuvieran también vigentes a 1 de enero del 2017.   b) Las establecidas en el Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, incrementadas en el mismo porcentaje en que se incremente el IPREM para 2020, respecto de las normas no estatales y contratos de naturaleza privada que entraron en vigor o se celebraron después del 1 de enero de 2017 y que estaban vigentes el 1 de enero del 2018.   c) Las establecidas en el Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, incrementadas en el mismo porcentaje en que se incremente el IPREM para 2020, respecto de las normas no estatales y contratos de naturaleza privada que entraron en vigor o se celebraron después del 1 de enero de 2018 y que seguían vigentes a 1 de enero de 2019.   d) Las establecidas en el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, respecto de las normas no estatales y contratos de naturaleza privada que entraron en vigor o se celebraron después del 1 de enero de 2019 y vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto.   3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que deban ser modificados los salarios establecidos en contratos o pactos de naturaleza privada inferiores en su conjunto y en cómputo anual a las cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen para 2020 en el presente real decreto en la cuantía necesaria para asegurar la percepción de dichas cuantías, siendo de aplicación las reglas sobre compensación y absorción que se establecen en el artículo 3.   Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.   Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución. Se autoriza a la Ministra de Trabajo y Economía Social para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones de carácter general que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.   Disposición final tercera. Entrada en vigor y periodo de vigencia. Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de enero de 2020.   Dado en Madrid, el 4 de febrero de 2020.

En cumplimiento del mandato al Gobierno para fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, contenido en el artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, se procede mediante este real decreto a establecer las cuantías que deberán regir a partir del 1 de septiembre de 2021, tanto para las personas trabajadoras que son fijas como para las que son eventuales o temporeras, así como para las empleadas y empleados de hogar.   Las nuevas cuantías representan un incremento del 1,579 por ciento respecto de las previstas en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, cuyos efectos fueron prorrogados hasta la aprobación del salario mínimo interprofesional para el 2021 en el marco del diálogo social, en los términos establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, mediante la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.   Las nuevas cuantías, por último, son el resultado de tomar en consideración de forma conjunta todos los factores contemplados en el citado artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores.     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, el real decreto incorpora reglas de afectación en una disposición transitoria única con el objetivo de evitar que el incremento del salario mínimo interprofesional provoque distorsiones económicas o consecuencias no queridas en los ámbitos no laborales que utilizan el salario mínimo interprofesional a sus propios efectos.   El citado incremento tiene por objeto seguir haciendo efectivo el derecho a una remuneración equitativa y suficiente que proporcione a las personas trabajadoras y a sus familias un nivel de vida decoroso, en línea con lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales que ha interpretado que dicho umbral se sitúa en el 60 % del salario medio, garantizando la capacidad adquisitiva de los salarios para hacer frente al coste de la vida y atendiendo a la coyuntura económica general.   Asimismo, el incremento del salario mínimo interprofesional contribuye a promover un crecimiento y una recuperación de la actividad económica sostenida, sostenible e inclusiva, al cumplimiento de la Agenda 2030, en particular de las Metas 1.2, 8.3 y 10.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativas, de manera respectiva, a la erradicación de la pobreza, la promoción de políticas orientadas a la creación de puestos de trabajo decentes y a la adopción de políticas salariales que logren de manera progresiva una mayor igualdad, y a una mayor cohesión social.   Este real decreto cumple con los principios de buena regulación exigibles conforme al artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, responde a la necesidad de cumplir con el mandato previsto en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores de fijación anual del salario mínimo interprofesional, así como del establecido en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, de aprobar el real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 2021, en el marco del diálogo social. Es eficaz y proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para posibilitar el conocimiento, efectos y aplicación de dicho salario mínimo interprofesional, que cumple con el doble objetivo de constituir un suelo mínimo de contratación y determinar lo que se considera el nivel de suficiencia de los salarios. Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y se ofrece una explicación completa de su contenido. Dado que se trata de una norma que regula un aspecto parcial de la materia, su tramitación se encuentra exenta de la consulta pública previa y ha sido sometida a los trámites de audiencia e información públicas, y de manera específica, a la previa consulta de las organizaciones sindicales y patronales más representativas, de conformidad con lo establecido en los artículos 26.2 y 6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Finalmente, es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y cumple con el principio de eficiencia, dado que su aplicación no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias.   Este real decreto es dictado al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.   En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de septiembre de 2021,   DISPONGO:   Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional.   El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 32,17 euros/día o 965 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses.   En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel.   Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.   Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las reglas sobre compensación que se establecen en los artículos siguientes.   Artículo 2. Complementos salariales. Al salario mínimo consignado en el artículo 1 se adicionarán, sirviendo el mismo como módulo, en su caso, y según lo establecido en los convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales a que se refiere el artículo 26.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción.   Artículo 3. Compensación y absorción. A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a compensación y absorción en cómputo anual por los salarios profesionales del incremento del salario mínimo interprofesional, se procederá de la forma siguiente:     1. La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en este real decreto no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo las personas trabajadoras cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo.   A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de comparación será el resultado de adicionar al salario mínimo fijado en el artículo 1 de este real decreto los devengos a que se refiere el artículo 2, sin que en ningún caso pueda considerarse una cuantía anual inferior a 13.510 euros.   2. Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los conceptos viniesen percibiendo las personas trabajadoras en cómputo anual y jornada completa con arreglo a normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto.   3. Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales que se encuentren en vigor en la fecha de promulgación de este real decreto subsistirán en sus propios términos, sin más modificación que la que fuese necesaria para asegurar la percepción de las cantidades en cómputo anual que resulten de la aplicación del apartado 1 de este artículo, debiendo, en consecuencia, ser incrementados los salarios profesionales inferiores al indicado total anual en la cuantía necesaria para equipararse a este.   Artículo 4. Personas trabajadoras eventuales, temporeros y temporeras, y empleadas y empleados de hogar. 1. Las personas trabajadoras eventuales, así como las temporeras y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días percibirán, conjuntamente con el salario mínimo a que se refiere el artículo 1, la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho toda persona trabajadora, correspondientes al salario de treinta días en cada una de ellas, sin que la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 45,70 euros por jornada legal en la actividad.   En lo que respecta a la retribución de las vacaciones, las personas trabajadoras a que se refiere este artículo percibirán, conjuntamente con el salario mínimo interprofesional fijado en el artículo 1, la parte proporcional de este correspondiente a las vacaciones legales mínimas en los supuestos en que no existiera coincidencia entre el periodo de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. En los demás casos, la retribución del periodo de vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación.     2. De acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para la determinación del salario mínimo de las empleadas y empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el fijado para las personas trabajadoras eventuales y temporeras y que incluye todos los conceptos retributivos, el salario mínimo de dichas empleadas y empleados de hogar será de 7,55 euros por hora efectivamente trabajada.   3. En las cuantías del salario mínimo por días u horas fijadas en los apartados anteriores se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquellas.   Disposición transitoria única. No afectación de la nueva cuantía del salario mínimo interprofesional en las referencias contenidas en normas no estatales y relaciones privadas. 1. De acuerdo con la habilitación legal expresa establecida en el artículo 13 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, de conformidad con la cual se considerarán habilitadas legalmente las reglas de afectación establecidas en el real decreto que fije anualmente el salario mínimo interprofesional en relación con el incremento de su cuantía a las normas no estatales y contratos y pactos de naturaleza privada no laborales vigentes a su entrada en vigor, las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen en este real decreto no serán de aplicación:   a) A las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que integran la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos, salvo disposición expresa en contrario de las propias comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla o de las entidades que integran la Administración local.   b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional.   2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, salvo disposición o acuerdo en contrario, la cuantía del salario mínimo interprofesional se entenderá referida durante 2021 a la que estaba vigente a la entrada en vigor de este real decreto.                                                   3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de que deban ser modificados los salarios establecidos en contratos o pactos de naturaleza privada inferiores en su conjunto y en cómputo anual a las cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen para 2021 en el presente real decreto en la cuantía necesaria para asegurar la percepción de dichas cuantías, siendo de aplicación las reglas sobre compensación y absorción que se establecen en el artículo 3.   Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.   Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución. Se autoriza a la Ministra de Trabajo y Economía Social para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones de carácter general que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.   Disposición final tercera. Entrada en vigor y periodo de vigencia. Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de septiembre de 2021.   Dado en Madrid, el 28 de septiembre de 2021.

¿Tiene competencias ejecutivas la Generalitat de Cataluña para gestionar el Ingreso Mínimo Vital? No para el TC. Notas a la sentencia de 16 de septiembre de 2021 (con voto particular discrepante de una magistrada y un magistrado).

 

1. En efecto, la síntesis de la sentyencia objeto de anotació en esta entrada del blog es que la Generalitat de Cataluña carece de tales competencias. Este es el parecer de ocho miembros del Pleno del Tribunal Constitucional, con un voto particulardiscrepante  , y muy bien fundamentado a mi parecer, de la magistrada María Luisa Balaguer, al que se adhirió el magistrado Juan Antonio Xiol.

Se trata de la sentencia dictada el 16 de septiembre, de la que fue ponente el magistrado Ricardo Enríquez,  publicada en día 22 en la página web del TC con una nota de prensa titulada “El pleno del TC desestima el recurso de inconstitucionalidad de la Generalitat de Cataluña contra el decreto-ley que regula el ingreso mínimo vital porque es una competencia del Estado” 

La citada nota extracta algunos de los fragmentos más relevantes de la sentencia, del que destaco el siguiente: “la determinación de una prestación de la Seguridad Social constituye una norma básica que corresponde establecer al Estado (art. 149.1.17 CE) y debe hacerlo de forma unitaria para todos los sujetos comprendidos dentro de su ámbito de cobertura, salvo razones excepcionales debidamente justificadas y vinculadas a la situación de necesidad que se trata de proteger”.

No es de extrañar por ello la dura crítica de la Generalitat a la sentencia, expuesta en un comunicado oficial  una vez conocida la misma, manifestando su parecer de que la sentencia “es contraria a la jurisprudencia previa del TC y supone una recentralización de funciones de carácter ejecutivo sobre un ámbito de competencia de la Generalitat, competencias que se ejercen, por ejemplo, con las pensiones no contributivas de invalidez o de jubilación, gestionadas desde 1990. No encontramos ninguna razón que justifique la asunción, por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de la competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica de la IMV”, para añadir que “Reiteramos la necesidad del traspaso de la gestión y de la resolución, ya que consideramos que una gestión de proximidad podría mejorar su aplicación y evitar la complejidad de la tramitación. Este traspaso debe venir acompañado de un convenio que garantice los medios económicos, materiales, humanos y los aplicativos informáticos necesarios para gestionar esta prestación”.

2. La norma reguladora del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es el Real Decreto-Ley 20/2020, modificado en varias ocasiones por posteriores normas del mismo rango, habiéndose  promovido el recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 17.1, 22.1 y 2, 24.1, 25.1 y 2, 26.1 y 2, las disposiciones adicionales primera y cuarta, la disposición transitoria primera, apartados 1, 5, 8, 9 y 10, y la disposición final novena. 

El RDL 20/2020 mereció mi análisis en la entrada “Emergencia sanitaria y legislación laboral.Sigue la saga Covid-19. Notas a propósito del RDL 20/2020 de 29 de mayo por elque se establece el Ingreso Mínimo Vital” , en el que me manifesté, por lo que respecta a la temática objeto de la presente entrada, en estos términos:

“Por todo ello, manifiesto mi satisfacción por la publicación de la norma, que además no se plantea en modo alguno como un ataque o puesta en tela de juicio de las competencias de las Comunidades Autónomas y en virtud de las cuales han ido regulando sus rentas de inserción, con muy diversa terminología, desde que el País Vasco abriera el camino en 1989, sino que ya formula la conveniencia de articular la complementariedad entre el ámbito estatal y el respectivo autonómico, ya plasmado expresamente por lo que se refiera a las autonomías del País Vasco y Navarra, y dejando la puerta abierta a que la gestión del IMV se lleve a cabo por las CCAA.

Esa vocación de “complementariedad” de la política estatal con las autonómicas se traslada también a las Administraciones Locales, a las que igualmente se considera como una pieza institucional básica para la aplicación efectiva y eficaz de la norma, y se plantea técnicamente “engarzando el legítimo ejercicio del autogobierno en el ámbito de las políticas sociales de las comunidades autónomas (nota propia incidental: obsérvese la exquisita prudencia en el lenguaje utilizado al referirse a las competencias autonómicas) con la provisión colectiva de una red de protección mínima y común de ingresos garantizada por la Seguridad Social”.

Con lenguaje muy propio de esta época, se sustenta la norma al parecer de quienes la han elaborado en un modelo de “gobernanza compartida”, con participación “articulada y coordinada” de las autonomías y de las administraciones locales. Con mucha mayor “claridad económica”, si me permiten la expresión, tal complementariedad se concreta en que el cómputo de ingresos a tomar en consideración para poder percibir el IMV no se tomarán en cuenta las rentas mínimas autonómicas, de tal manera, lo afirma con toda claridad el preámbulo, que el diseño del IMV respeta el principio de autonomía política y permite a las autonomías “modular su acción protectora para adecuarla a las peculiaridades de su territorio, al tiempo que preserva su papel como última red de protección asistencial”. 

La concreción en el texto articulado se encuentra en diversos preceptos. Así, en el art. 2.2, al regular el IMV como prestación no contributiva de Seguridad Social se menciona que dicha regulación se efectúa “sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias”, y en esta línea se sitúa el art. 8.2 cuando dispone que a efectos del RDL “no computarán como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas, y otros ingresos y rentas de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.

Hemos de acudir al capítulo IV (“Normas de procedimiento) para conocer en el art. 21.1 que el reconocimiento y control del IMV corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, si bien inmediatamente hay una remisión al apartado 2 y a las disposiciones adicionales cuarta y quinta. La cuarta ya atribuye las competencias del INSS a las autoridades competentes de las CC AA del País Vasco y Navarra, “en razón de la especificidad que supone la existencia de Haciendas Forales”, fijando para ello el plazo límite del 31 de octubre, si bien mientras tanto ya se permite la encomienda de gestión para que se lleven a cabo las actuaciones pertinentes para dicha asunción competencial. Por su parte, las restantes autonomías quedan “incluidas” en la disposición adicional cuarta, en la que se prevé el “estudio” por parte del gobierno estatal de la celebración de convenios que contemplen la gestión del IMV (“Sin perjuicio de los mecanismos de colaboración a los que se refiere el artículo 31 de este real decreto-ley, el Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital”)”.

Una modificación de interés fue la introducida en el art. 29 por el RDL 35/2020 de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, encontrándose en el preámbulo una explicación de la modificación que abundaría a mi parecer a la apuntada posibilidad de gestión del IMV por las autonomías, que no se olvide que tienen normas propias reguladoras de una prestación  semejante desde 1988, año en que se aprobó la primera de ellas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En efecto, puede leerse en el preámbulo que “La disposición final quinta añade un nuevo apartado al artículo 29 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. La situación de pandemia ha determinado que la implantación del procedimiento que en él se establece no hubiera podido realizarse, desde el inicio, de forma generalizada, por la necesidad de realizar los desarrollos técnicos necesarios de interoperabilidad entre administraciones. Una vez completados los desarrollos técnicos, resulta urgente su implementación para atender, con la mayor premura posible, las situaciones de necesidad que son objeto de protección por el ingreso mínimo vital. Este mecanismo supone, además, un avance en la colaboración entre administraciones y un beneficio para el ciudadano, permitiéndole relacionarse con la administración que pueda resultarle más cercana”. 

Casualidades de la vida, o no, el mismo día de la publicación de la sentencia se reunían en Barcelona su alcaldesa, Ana Colau, y el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con sus respectivos equipos, para anunciar la puesta en marcha de un proyecto piloto en esta ciudad para llevar a la práctica el modelo de inserción sociolaboral regulado en el RDL 20/2020 y que ha sido hasta ahora uno de los contenidos no desarrollados. Articulación y cooperación entre Administraciones, ya prevista en el RDL, que se concretará en estos términos según se explica en la nota de prensa oficial   : “… La prueba piloto tendrá una duración de dos años (18 meses de ejecución y 6 meses más de evaluación) y contará con un presupuesto de 10 millones de euros, procedentes de los fondos europeos Next Generation. Será la primera que se ponga en marcha con el importe que el ministerio tiene dentro del Componente 23 del Plan de Recuperación. De esta manera, ambas instituciones diseñarán e implementarán un dispositivo que contribuya a la inclusión sociolaboral de como mínimo 1.000 personas de la ciudad de Barcelona, especialmente entre los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, lo que redundará en beneficios para un millar de hogares. Posteriormente, ambas instituciones evaluarán el resultado. El proyecto consistirá básicamente en el desarrollo de itinerarios de políticas activas adecuados para cada perfil de persona, combinado con la prestación económica del IMV, para fortalecer así la inclusión sociolaboral de los participantes. Además, se tendrá en cuenta específicamente el refuerzo de vínculos relacionales y comunitarios para que dicha inclusión vaya más allá de la garantía de rentas o el acceso al empleo. De este modo, los 1.000 beneficiarios que participen como mínimo del proyecto, recibirán la formación adecuada y el seguimiento necesario por parte del Área de Derechos Sociales del ayuntamiento”.

3. En anteriores entradas del blog he prestado atención a la jurisprudencia del TC en materia de Seguridad Social y Asistencia Social, por lo que me permito remitir a las personas interesadas a su lectura, dado además que alguna de ellas es utilizada ampliamente en la que es ahora objeto de mi examen.

Son las siguientes: “Nuevamente sobre las competencias autonómicas en materia laboral yde Seguridad Social. Notas a la sentencia del TC de 13 de noviembre de 2019,con desestimación del recurso del gobierno vasco sobre la gestión del subsidioextraordinario por desempleo” .

“A vueltas con lascompetencias autonómicas y sus límites en materia de Seguridad Social. Notas ala Ley catalana de la agencia de protección social y al Dictamen del Consejo deGarantías Estatutarias de 24 de agosto de 2017 (y amplio recordatorio de la STCnúm. 128/2016 de 7 de julio, y del Dictamen del CGE 3/2015 de 26 de febrero)” 

Una reflexión de alcance teórico más amplio la realicé en la entrada “Seguridad Social, la joya de lacorona. Caja única, sí ¿y la gestión económica compartida, qué?” , en la que llevé a cabo un análisis de la jurisprudencia del TC en estos términos:

“En efecto, la interpretación del art. 149.1.17 CE, y en concreto de la delimitación competencial Estado – autonomías, ha sido ya realizada de forma detallada por varias sentencias del TC. A mi parecer, y con el riesgo de ser forzosamente esquemático en un comentario como el que estoy realizando, son especialmente relevantes la que abrió el camino de delimitación competencial, núm. 124/1989 de 7 de julio, y otras tres, núms. 195/1996 de 28 de noviembre, 128/2016 de 7 de julio, y 133/2919 de 13 de noviembre, s dos que tratan sobre conflictos que afectan a la autonomía catalana y otras dos al País Vasco. 

De la primera, me interesa resaltar su tajante afirmación de que “las concretas facultades que integran la competencia estatutaria de gestión del régimen económico de la Seguridad Social serán sólo aquellas que no puedan comprometer la unidad del sistema o perturbar su funcionamiento económico uniforme, ni cuestionar la titularidad estatal de todos los recursos de la Seguridad Social o engendrar directa o indirectamente desigualdades entre los ciudadanos en lo que atañe a la satisfacción de sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social. Tales facultades autonómicas deben, en suma, conciliarse con las competencias exclusivas que sobre la gestión del régimen económico la Constitución ha reservado al Estado, en garantía de la unidad y solidaridad del sistema público de Seguridad Social”.

De la segunda, que se refiere a la anterior y recoge su tesis de que “…cabe concluir que, correspondiendo al Estado el control de dicha caja única, ese control supone la atribución de la potestad ejecutiva cuando recae directamente sobre actividades económicas; mientras que cuando recae sobre actividades instrumentales (inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas) comporta sólo una facultad de supervisión, siendo la ejecución, en relación con el cumplimiento de los deberes no inmediatamente económicos, competencia de la Comunidad Autónoma (fundamento jurídico 4º, in fine)”.

De la tercera, que “de la dicción literal del precepto puede entenderse “en el sentido de que alude no tanto a competencias que sea, hoy, de titularidad estatal (supuesto en que la norma, ya se ha dicho, sería inconstitucional sin más), sino al eventual ejercicio por la Administración del Estado, al tiempo de adoptarse esta disposición legal, de algunas funciones en el ámbito de las prestaciones sociales que podrían, sin embargo, reconducirse a las competencias estatutarias de la Comunidad Autónoma, una vez que se proveyera, por ejemplo, a los correspondientes traspasos de servicios. Así entendido, el precepto no merecería reproche constitucional pues nada hay que objetar a que esta norma de Ley disponga que la estructura de la Agencia Catalana de la Protección Social se organice en atención a una eventual asunción de funciones que la Comunidad Autónoma, si así fuera, aún no ejercería en plenitud, pero que se corresponderían, sin embargo, con competencias que la Generalitat sí ostenta positivamente conforme al EAC”.

En fin, en la cuarta se efectúa un riguroso análisis de la doctrina constitucional y de cómo ha ido perfilando el deslinde entre los dos títulos competenciales recogidos en el art. 149.1.17 CE, enfatizando, con cita de varias sentencias, que el texto constitucional “no se ha limitado a establecer esa solidaridad interterritorial, sino que, partiendo de la misma, ha establecido e impuesto el carácter unitario del sistema y de su régimen económico, la estatalidad de los fondos financieros de la Seguridad Social y, por ende, la competencia exclusiva del Estado no sólo de normación sino también de disponibilidad directa sobre esos fondos propios”, y que le corresponde al Estado “la gestión de las prestaciones por desempleo, en tanto que integrantes de la caja única de la Seguridad Social”. Ante la sugerente alegación del gobierno vasco de tener cabida la gestión del subsidio por su parte, al amparo de la normativa autonómica, el TC no se cierra en modo alguno en banda a que la autonomía vasca pueda llevarlo a cabo, siempre con estricto respeto a las competencias estatales y por ello al mantenimiento de la unidad y solidaridad del sistema público de Seguridad Social. Puede alcanzarse por la vía del convenio de colaboración, pero mientras ello no se produzca no hay vulneración de la normativa estatal, no se infringen los títulos competenciales respectivos que atribuyen competencias al Estado y a la Comunidad Autónoma. ¿Se llevará a cabo ese convenio, y el traspaso de la gestión, con el nuevo gobierno español? Es una hipótesis de trabajo nada descartable, pero aquí se acaba la tarea del jurista y entra en juego el debate político, aun cuando finalmente se recurra a los juristas para darle la cobertura constitucional y legal adecuada”.

4. Realizadas estas anotaciones y consideraciones previas, necesarias a mi parecer para delimitar correctamente los términos del debate jurídico ahora planteado, procede entrar, de forma sumaria, en el contenido del recurso en primer lugar, para conocer después la argumentación de la abogacía del Estado, y pasar ya, después, a examinar cuál es el razonamiento y fundamentación de la sentencia para la desestimación  de aquel, así como, por supuesto, el del voto particular discrepante, del que ahora me permito ya reproducir el último párrafo porque sintetiza muy fielmente su contenido y la preocupación de quien lo suscribe, y de quien se adhiere, por la recentralización de competencias que se efectúa en la sentencia: esta, “no sólo consolida la privación a la comunidad autónoma de Cataluña de competencias que le son propias, efectuada por vía de Decreto-ley, sino que introduce una variante muy discutible en la jurisprudencia previa relativa al art. 149.1.17 CE. La sentencia difumina los contornos, hasta la fecha claros, entre la competencia normativa en materia de seguridad social, y la competencia, más amplia, en materia de régimen económico de la seguridad social, lo que viene a ser tanto como interpretar la competencia del art. 149.1.17 CE como exclusiva y completa del Estado sobre la seguridad social y su régimen económico. Y no puedo estar de acuerdo con esta mutación interpretativa que, además, no se formula abierta y expresamente por la mayoría del pleno”.

5. En el recurso, y en concreto en el cap. IV, se reprocha que se reserve al Instituto Nacional de la Seguridad Social la competencia para el reconocimiento y control de la prestación, por entender que ello correspondería a la Generalitat por disponer de competencias ejecutivas en este ámbito. También se critica que la intervención autonómica “quede condicionada a “la suscripción previa de un convenio con el INSS”, pues con ello la tramitación autonómica se contempla como una posibilidad meramente residual. De acuerdo con lo anterior, se tildan de inconstitucionales los preceptos recurridos “por contener reservas de determinadas fases de la tramitación de esa prestación económica a la instancia estatal, INSS, sin respetar el correspondiente reparto competencial, que debería reconocer a la Generalitat el ejercicio de las mismas”.

Cabe aquí indicar por mi parte, dicho sea incidentalmente, que el recurso fue presentado el 1 de marzo de este año, es decir poco menos de un año después de la aprobación del RDL 20/2020 y de haber dispuesto de suficiente tiempo por parte de las autoridades estatales y autonómicas para la suscripción del convenio de colaboración al que se refiere el art. 29, que no sería otra cosa al fin y al cabo que el reconocimiento de que la gestión sería efectuada por la autonomía. Quede para otra ocasión el debate de por qué no fue posible ese acuerdo, que desde luego tiene que ver con la situación política en Cataluña durante 2020 y las disputas políticas entre los gobiernos central y catalán.  En el recurso se formula una critica a que “a la fecha de presentación de este recurso no se había materializado aún esta disposición”, criticando además que a su parecer, incluso con la firma del convenio, no se produciría efectivamente la descentralización del reconocimiento de la prestación, “sino solo la fase inicial de iniciación y verificación de la documentación”.

El gobierno catalán encuadraba el debate en el art. 149.1.17 de la Constitución, que recordemos que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de “Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas”. Igualmente, lo situaba en el ámbito de la asistencia social (art. 148.1 20 CE, en relación con los arts. 165 y 166 del Estatuto de Autonomía).

Cabe subrayar que desde 1990 la Comunidad Autónoma de Cataluña reguló la renta mínima de inserción, y que desde hace cuatro años dispone de una ley que regula la renta garantizada de ciudadanía (Ley 14/2017, de 20 de julio). Dado que las personas a las que se dirige la norma estatal y los requisitos requeridos para acceder a la prestación son en parte coincidentes, el recurso expone que “comportan un conjunto de actuaciones de gestión y reconocimiento” que deberían asumirse en ambos casos por la Generalitat en virtud de las competencias que tiene atribuidas en el ámbito de la asistencia social (art. 166 EAC), además de las que le corresponden en virtud del art.165 EAC”.

La tesis principal del recurso se sintetiza en este fragmento recogido en la sentencia: “… las competencias que se consideran vulneradas se refieren a “funciones de carácter ejecutivo, relativas a la tramitación de las prestaciones”, discutiéndose, en definitiva, “su condicionamiento indebido para su ejercicio a la firma previa de un convenio que lo habilite” y “al impedirse el ejercicio de algunas de las competencias de ejecución como son la facultad de reconocer y controlar dichas prestaciones, al encomendar exclusivamente al INSS esta potestad”. Se termina diciendo con relación al encuadre competencial de la controversia planteada que el ingreso mínimo vital se ha configurado como una prestación no contributiva de la Seguridad Social cuya gestión y reconocimiento han sido regulados de forma pormenorizada y detallada, constituyendo “una norma de carácter reglado”, lo que “debería favorecer el reconocimiento del ejercicio de las competencias de carácter ejecutivo que la Generalitat tiene atribuidas en exclusiva sobre asistencia social (art. 166 EAC) y sobre desarrollo y ejecución en materia de Seguridad Social (art. 165 EAC), estableciéndose que la gestión completa de dicha prestación corresponde a la Generalitat”.

La citada Ley autonómica fue objeto de estudio en la entrada “Estudio de la Ley 14/2017, de20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía, que desarrolla el art. 24.3del Estatuto de Autonomía de Cataluña”  , de la que reproduzco unos fragmentos en los que se abordan las cuestiones competenciales:

“El punto de partida jurídico de la nueva norma es el art. 24 de la Ley Orgánica 6/2006 de 19 d ejulio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que reconoce los derechos “en el ámbito de los servicios sociales”, cuyo apartado 3 dispone lo siguiente: “Las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen”.

La RGC no es, deseo dejarlo claro de entrada, ni una nueva Renta Mínima de Inserción, aunque tenga puntos de semejanza como el de tratarse de una prestación asistencial y por ello no incluida en el sistema de Seguridad Social (ver disposición adicional tercera, que la excluye de la posibilidad de exportación, al disponer que no está incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) núm. 883/2004, de 29 de abril, sobre la coordinación de los sistemas de Seguridad Social , norma que se encuentra ahora en fase de discusión en grupo de trabajo para su posible modificación tras la presentación por la Comisión Europea hace varios meses de una propuesta de reforma), ni una todavía inexistente Renta Básica.

No es una RMI porque esta va vinculada estrechamente a la incorporación de su titular al mercado de trabajo, mientras que en la RMG ello es sólo un factor complementario y nunca impeditivo del percibo de las cuantías económicas mínimas fijadas en la norma.

No es, tampoco, una renta básica porque, a diferencia de esta última en la que el percibo de la prestación no estaría condicionado en modo alguno, la RGC queda vinculada a que la persona beneficiaria, y la unidad familiar en su caso, se encuentren en situación económica de pobreza, fijándose el listón en la no obtención de rentas en cuantía superior al Indicador de Rentas de Suficiencia de Cataluña, que este año es de 569,12 euros mensuales y 7.967,73 euros anuales. Que no es una Renta Básica se comprueba claramente también en el preámbulo de la norma, ya que si bien se deja constancia de que la percepción económica se mantendrá mientras subsista la situación de exclusión social que la origino, y se mantengan los requisitos requeridos para poder tener acceso a ella, al mismo tiempo se pide una intervención activa de la persona beneficiaria “en la superación de la situación”, mediante una contribución “activa, comprometida y responsable” para lograrlo…

… Que la norma tiene un contenido autonómico, respetuoso de las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma en materia de protección social (art. 165 EAC), tal como han sido interpretadas por el Tribunal Constitucional, me parece que se resalta implícitamente en el preámbulo al mencionar dos leyes autonómicas que son el sustento normativo sobre el que puede apoyarse, además obviamente del art. 24.3 del EAC, la nueva ley. Se trata, en primer lugar, de la Ley 12/2007 de 11 de octubre, de servicios sociales, cuyo art. 22 dispone que son prestaciones económicas, y la RGC ciertamente lo es, “las aportaciones dinerarias, que tienen como finalidad atender a determinadas situaciones de necesidad en que se hallan las personas que no disponen de recursos económicos suficientes para afrontarlas y no están en condiciones de conseguirlos o recibirlos de otras fuentes. El régimen jurídico y fiscal de estas prestaciones o de las que se reconozcan debe regularse por medio de una legislación específica”.  Por otra parte, La Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, dispone en su art. 12, que son situaciones de necesidad, y ciertamente la de las personas que pueden acceder a la RGC lo es, “cualquier contingencia que tiene lugar o aparece en el transcurso de la vida de una persona y que le impide hacer frente a los gastos esenciales para el mantenimiento propio o para el mantenimiento de las personas que integran la unidad familiar o la unidad de convivencia a la que pertenece”.

6. ¿Cuáles fueron, en síntesis, las alegaciones de la abogacía del Estado para oponerse al recurso? Reproduzco dos fragmentos, los más importantes a mi parecer, de sus tesis:

“Para el abogado del Estado no se ha producido la infracción de art. 166 EAC, en tanto que la subsunción del IMV dentro del ámbito del art. 165 EAC (Seguridad Social) imposibilitaría su encuadramiento simultáneo en el ámbito material de la “asistencia social”. En cualquier caso, sostiene que aun cuando el art. 166 EAC caracteriza la competencia de la comunidad autónoma en materia de “asistencia social” como exclusiva, esta circunstancia no impediría el ejercicio de las competencias del Estado ex art. 149.1 CE, al existir también una asistencia social “interna” al sistema de Seguridad Social (STC 239/2002), en virtud de la cual el Estado atiende al mandato de subvenir a las situaciones de necesidad de sus ciudadanos contenido en el art. 41 CE. En definitiva, a su juicio, el art. 148.1.20 CE no puede entrañar una reserva autonómica de todo lo “asistencial”, por cuanto que, como ha quedado dicho, en el art. 41 CE debe integrarse un nivel asistencial que opera con técnicas propias de una Seguridad Social renovada. Partiendo de todo ello, niega el abogado del Estado que una misma prestación –como parece defender la parte recurrente– pueda ser simultáneamente “seguridad social” y “asistencia social”, y que la competencia sobre esta última enerve las competencias del Estado sobre la primera ex art. 149.1.17 CE. Como se apreció en la STC 239/2002, al Estado le corresponde garantizar un mínimo general que puede ser complementado por las Comunidades Autónomas con cargo a sus propios recursos, y a esta solución se ajustaría el RDL 20/2020 impugnado.

…  Destaca el abogado del Estado en este sentido que lo que la parte recurrente califica como “actos administrativos meramente aplicativos” no serían actuaciones instrumentales “sino que determinan el derecho subjetivo concreto a la prestación” (reconocimiento, suspensión, modificación o extinción) y delimitan su alcance, formando parte de la competencia de gestión que el Estado puede desarrollar a tenor del art. 149.1.17 CE. Por lo demás, tales competencias no afectarían a las de la Generalitat en materia de “asistencia social” dado que el Real Decreto-ley recurrido hace compatible el IMV con las prestaciones que en concepto de rentas mínimas establezcan las comunidades autónomas. Según su parecer, el IMV vendría a ser una prestación “suelo” tanto en términos de cobertura como de generosidad, quedando preservado el papel de las comunidades autónomas como última red de protección asistencial, manteniendo, de este modo, inalteradas sus competencias. Por ello, lo que estaría pretendiendo la parte recurrente es restringir las competencias del Estado en materia de Seguridad Social al ámbito exclusivamente normativo, desconociendo la doctrina constitucional que ha puesto de manifiesto que en materia de Seguridad Social el Estado no ostenta exclusivamente potestades de tal tipo. Y ello no obsta a que puedan establecerse, tal y como prevé el RDL 20/2020 discutido, mecanismos de cooperación y de colaboración con las comunidades autónomas o las entidades locales respecto de distintas actuaciones relacionadas con la gestión del IMV, que se deberán articular en el marco de la titularidad de la competencia de gestión que corresponde al INSS”.

7. Y llegamos a la fundamentación jurídica de la sentencia, que parte de dos consideraciones previas necesarias para encuadrar el debate, muy correctamente a mi parecer: en primer lugar, que no ha sido objeto de impugnación la regulación sustantiva del RDL 20/2020, es decir el hecho de la regulación de la prestación de un IMV, sino únicamente aspectos de índole procedimental relativos a la solicitud, inicio de tramitación, resolución y control de la prestación, “en la medida en que tales funciones han sido asignadas al INSS”… en detrimento de las competencias ejecutivas que a la Generalitat de Cataluña le corresponden en materia de Seguridad Social (arts. 149.1.17 CE y 165 EAC)”; y en segundo término, que las distintas modificaciones operadas en dicha normas por RDL posteriores no afectan al objeto del proceso, ya que “en la medida que no altera el alcance del problema competencial suscitado, no puede suponer la pérdida de objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, debiendo este Tribunal pronunciarse sobre la titularidad de la competencia discutida”.  El TC, partiendo del planteamiento de la parte recurrente, dará una respuesta conjunta “a las dudas de constitucionalidad atribuidas a los diferentes preceptos y disposiciones impugnadas”.

Procede a continuación el TC a delimitar el encuadramiento material de la cuestión competencial planteada, incluyéndolo dentro del de Seguridad Social, ámbito en el que coinciden las partes recurrente y recurrida, si bien la primera, como ya he expuesto con anterioridad y ahora recuerda el alto tribunal, lo única asimismo dentro del de la asistencia social. 

No se aceptará esta tesis, es decir la ubicación de la norma en el art. 148.1.20 CE, y por extensión a los arts. 165 y 166 del EAC, sino que se analizará única y exclusivamente “desde la óptica material de las competencias sobre “Seguridad Social”, apoyándose en el fundamento jurídico cuarto de su sentencia 133/2019, de 13 de noviembre. Para el TC, lo discutido en este proceso “no es un mecanismo de protección social que actúe extramuros del sistema de la Seguridad Social, sino una prestación ínsita en su acción protectora en la medida que supone el ejercicio de una “función del Estado” (la que la atribuye el art. 41 CE) destinada a poner remedio a situaciones de necesidad (STC 239/2002 de 11 de diciembre FJ 3)”, añadiendo, con mención a su sentencia 113/2019 que “como ya hemos tenido oportunidad de señalar con relación al subsidio extraordinario de desempleo, prestación de igual carácter no contributivo, tal tipo de prestaciones responden a la “concepción evolutiva” del propio sistema de la Seguridad Social, y de la “libertad de configuración” del legislador para modular su acción protectora”.

Leyendo este párrafo de la sentencia no cabe sino reforzar la tesis a mi parecer de la necesaria rearticulación de las prestaciones no contributivas para dar un más amplio campo de intervención a las Administraciones autonómicas, y en su caso las locales, para su reconocimiento y tramitación, partiendo siempre, para que no haya lugar a dudas, del marco legal regulado en sede estatal.     

Ante esta argumentación, y dado que todas las normas autonómicas sobre rentas mínimas se han fundamentado en el ámbito competencial del art. 148.1.20, y ninguna de ellas fue impugnada ante el TC, y siendo la prestación regulada en el RDL 20/2020 sustancialmente idéntica a la mayor parte de ellas, si bien obviamente siendo su ámbito de afectación territorial el de todo el Estado, me pregunto qué razón puede haber para que la norma estatal no pueda analizarse igualmente, como pretendía la Generalitat, desde la perspectiva de dicho precepto y no única y exclusivamente desde el de la competencia exclusiva estatal regulada en el art. 149.1.17 CE

8. A continuación, y partiendo de ese presupuesto previo, la sentencia efectúa un análisis de su jurisprudencia sobre la materia comprometida, y tanto de las competencias estatales como de las autonómicas catalana, para, pasando ya al examen del caso concreto, dejar dicho de entrada, a la espera de una fundamentación posterior, que descarta “la invasión competencial denunciada”, al no haberse producido a su parecer “la vulneración ilegítima de las competencias que en materia de “Seguridad Social” le corresponda  a la CC AA de Cataluña”.  

De la lectura de la sentencia no se concluye a mi parecer que la Generalitat no pueda ejercer las competencias demandadas, sino que para la mayoría del TC ello sólo será posible si se da cumplimiento a la posibilidad prevista en el art. 29 del RDL 20/2020, es decir “la suscripción de un convenio con la entidad gestora de la Seguridad Social”. Por ello, no alcanzo a comprender qué lleva a la Sala a sostener que la Generalitat no demanda meros actos de ejecución  de la legislación de Seguridad Social sino la asunción de  gestión y potestades ejecutivas “que afectan al régimen económico del sistema”, aunque quizá esta tesis se entiende mejor, lo que no quiere decir que se esté de acuerdo con ella, si se sigue leyendo la sentencia y se expone que se trata de potestades “que se atribuyen constitucionalmente al Estado para evitar la existencia de diversas políticas territoriales sobre la Seguridad Social en cada Comunidad Autónoma”.

El encuadre exclusivo dentro del bloque competencial de Seguridad Social y la exclusión del del asistencia social es el que lleva al TC a defender la tesis expuesta y seguir insistiendo en que ello no es puesto en cuestión por el hecho de que la Generalitat disponga de competencias de gestión en otras prestaciones no contributivas, acudiendo tanto a la dicción literal de la norma, que remite a futuros convenios en su caso, y que parece dejar de lado un debate constitucional más profundo sobre las competencias estatales y autonómicas en este campo, y también porque considera que en ningún caso la atribución de competencia a las autonomías en este terreno podría llevar a poner en tela de juicio “la garantía de unidad y solidaridad del sistema público de la Seguridad Social”.

No hay nada que objetar a la manifestación de que el correcto funcionamiento del sistema autonómico se basa en el establecimiento de mecanismos de colaboración, como el previsto en el RDL 20/2020, “para facilitar y hacer más efectiva una gestión igualitaria de la nueva prestación del ingreso mínimo vital”. Ahora bien, ¿quiere decir con ello el TC que una gestión vía convenio previo es igualitaria y que la asunción de las competencias por la vía de una interpretación de las competencias constitucionales, y de retrueque estatutarias, llevaría a una mayor desigualdad en su aplicación? Y por otra parte, ya tenemos un mapa de rentas mínimas autonómicas que pudieran ser “ensamblado” por acuerdos en el seno de la conferencia sectorial correspondiente, sin necesidad de llegar a esta conflictividad.

En definitiva, e insistiendo reiteradamente en las mismas tesis en apartados posteriores de la sentencia, se concluye que no hay vulneración de competencias autonómicas, por cuanto tanto el marco legislativo como de ejecución están atribuidos al Estado, más concretamente “suponen el legitimo ejercicio por el Estado de las que les atribuye el art. 149.1.17 CE sobre “legislación básica y Seguridad Social”.

Y como reflexión que combina el aspecto jurídico con el político, me pregunto si no era posible conseguir en Cataluña un acuerdo cuando menos semejante al alcanzado con el País Vasco “para la gestión administrativa de la prestación de ingreso mínimo vital” en dicha autonomía.   , siendo el objeto del Convenio “una encomienda de gestión por la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social encomienda a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la realización de actividades de información, iniciación y tramitación de los procedimientos administrativos para el reconocimiento y mantenimiento de la prestación no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital”, comprendiendo “la realización de determinadas actividades de información, iniciación, instrucción y comprobación de condiciones y requisitos, relativas a los procedimientos administrativos de reconocimiento, modificación, extinción o revisión del derecho a la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital que se solicite en el territorio del País Vasco, por personas residentes en dicho territorio, cualquiera que sea la nacionalidad del solicitante, y cuyo reconocimiento y control corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social”; reconocimiento, que implica que corresponderá al INSS “dictar las resoluciones que afecten al reconocimiento del derecho a la prestación, así como la realización de las actividades relativas al control, revisión de actos administrativos, declaración de la obligación de reintegro de las prestaciones indebidas, y ejercicio de la potestad sancionadora”.

9. Por último, hay que referirse nuevamente, en cuanto que ya lo he hecho con anterioridad, al voto particular discrepante de la magistrada María Luisa Balaguer y que contó con la adhesión del magistrado Juan Ignacio Xiol.

 A mi parecer, los ejes centrales sobre los que se sustenta el mismo son los siguientes:

En primer lugar, el de la delimitación competencial. No cuestiona que estemos debatiendo sobre la correcta ubicación del conflicto en el marco del art. 149.1.17 CE., si bien alerta, y creo que lo hace en una línea semejante a la que he apuntado con anterioridad, sobre la falta de explicación de dicha ubicación y la exclusión de la competencia en materia de asistencia social, algo que a su parecer “hubiera sido deseable teniendo en cuenta el motivo que justifica la existencia de este tipo de prestaciones económicas directas”, y mucho más ante las competencias que en materia de rentas mínimas han venido ejerciendo las diferentes autonomías desde la primera norma reguladora del País Vasco en 1988. Por decirlo con sus propias palabras, “… hubiera sido necesario que el Tribunal explicara adecuadamente la reconsideración del encuadre que formula la sentencia, acudiendo para ello a la consolidada jurisprudencia previa, que marca los límites entre el art. 149.1.17 CE, en materia de seguridad social, y el art. 148.1.20 CE, relativo a la asistencia social”; y lo considera necesario para que quede claro que no se “deshabilita competencialmente” a las Comunidades Autónomas en la temática de regulación del ingreso o renta mínima en sus respectivo ámbito territorial, complementado la prestación prevista para todo el Estado, concluyendo que “sería de lamentar que una comprensión errónea de la sentencia llevase a suprimir ayudas sociales, necesarias para determinados colectivos en particular situación de vulnerabilidad. Que el Estado regule las rentas mínimas de inserción también puede encontrar acomodo en el art. 149.1.1. CE, para asegurar la igualdad de todos los residentes en España en el acceso a esta prestación básica, pero este objetivo y sustento sobre la base del ejercicio de derechos (sociales) no impide el margen de mejora del modelo de inserción que pueden asumir las comunidades autónomas”.

En segundo lugar, la crítica efectuada a la confusión que a su parece se encuentra en la sentencia al mezclar, interpretando el art. 149.1.17, “dos dimensiones competenciales que engloba este título”, es decir por una parte la seguridad social propiamente dicha, y por otra el régimen económico de la Seguridad Social. Por su indudable interés reproduzco un fragmento de su tesis:

“Si se admite que la materia controvertida es seguridad social, entonces no existe margen alguno para que el Estado asuma facultades ejecutivas, y hubiera debido estimarse el recurso de inconstitucionalidad. La jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional sostiene que la regulación básica integra la fijación de los requisitos, alcance y régimen jurídico de las prestaciones del sistema público de seguridad social –campo de aplicación, afiliación, cotización y recaudación, y acción protectora– (STC 39/2014, de 11 de marzo, FJ 8), lo que incluye la determinación del “modelo de gestión” de las prestaciones de Seguridad Social, que no puede ser definido por una comunidad autónoma (STC 128/2016, de 7 de julio, FJ 9). Pero no deja de tratarse de una competencia normativa, y en ningún caso ejecutiva. La sentencia confunde, a mi juicio, la facultad de regular el modelo de gestión de las prestaciones, con la facultad para gestionar el modelo previamente diseñado. Y si estamos hablando de la materia competencial de seguridad social, como es el caso, la regulación del modelo puede ser estatal, pero no lo será su puesta en práctica. Las comunidades autónomas tienen la totalidad de las competencias ejecutivas en materia de seguridad social según el desarrollo jurisprudencial dado hasta la fecha al art. 149.1.17 (por todas reléanse las SSTC 46/1985, de 26 de marzo, FJ 2; 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 6)”.

Y en tercer lugar, que el título jurídico que funda la titularidad de una competencia” no es la existencia del correspondiente traspaso de competencias, sino su reconocimiento en las normas que rigen la distribución de competencias, la Constitución y los Estatutos de Autonomía”, y que por ello carece de fundamentación la tesis de que Cataluña no tiene competencias sobre el IMV y si la tiene sobre otras prestaciones contributivas porque se le han concedido por una norma legal, ya que “el título competencial que sostiene la facultad de actuar sobre uno o sobre las otras es exactamente el mismo”, añadiendo su preocupación, no carente de sentido,  por “cómo podría proyectarse esta nueva doctrina sobre los actos de gestión de las pensiones no contributivas (jubilación e invalidez) que actualmente se vienen realizando por las comunidades autónomas, atribución que fue validada por la STC 128/2016, de 7 de julio, y que la ponencia dice asumir”.

Coincido, pues, con la tesis del voto particular discrepante, en que “el carácter reglado de las ayudas, que implica el otorgamiento de la prestación si se cumplen unos requisitos cerrados, no interpretables por el poder que gestione la tramitación y el reconocimiento, impide que se vea afectada la unidad del sistema o perturbado su funcionamiento económico uniforme”, y que “es posible sostener que con la gestión estatal no se impide que se engendren directa o indirectamente desigualdades entre los ciudadanos en lo que atañe a la satisfacción de sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social, pues el carácter reglado de la prestación impide que se produzcan tales desigualdades si la gestión es autonómica”

10. Concluyo estas notas. Sería deseable que la conflictividad política no se trasladara a los ámbitos competenciales en los que entran en juego los derechos de la ciudadanía, y en especial de los colectivos más vulnerables, pues justamente van dirigidas a ellos tanto las normas reguladoras del IMV como de los diferentes ingresos o rentas mínimas autonómicas. Es tiempo de diálogo y no de imposición, y mucho más cuando, al margen de cómo haya concluido el TC en esta ocasión, se trata de conseguir que las Administraciones, y subrayo el plural, atiendan eficazmente las peticiones, en cuanto que ejercen unos derechos, de la ciudadanía. Quede aquí el deseo.

Mientras tanto, buena lectura.