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martes, 27 de noviembre de 2018

¿Sigue siendo el trabajo un antídoto contra la pobreza y exclusión? (y III).


VII. Luces y sombres del mercado laboral. El futuro del trabajo[1].


Por fin, el 22 de noviembre impartía una ponencia en el marco del Encuentro interterritorial para el impulso y la cooperación de los pactos y acuerdos territoriales de empleo en la Comunidad Valenciana, de la que ahora recupero algunos contenidos que considero de especial interés para mi exposición.

1. El concepto de trabajo decente ha sido incluido, y con fuerza, entre los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sostenible, definida esta en su preámbulo como “un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad”, enfatizando que “Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que anunciamos hoy demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que estos no lograron. También se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental”.  

Con respecto al objetivo 8, Informes de la OIT destacan que varias metas fijadas en el mismo tienen especial importancia por su relación con el respeto y cumplimiento de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, básicamente los apartados 5 a 8, aun cuando también en varios de los restantes objetivos encontramos relación con tales principios y derechos, como por ejemplo el número 1 que está centrado en la reducción de la pobreza y en la garantía de una adecuada protección social. Repárese, pues, que la actividad de la OIT para la consecución de las metas fijadas en el objetivo 8 no se detienen únicamente en dicho texto, sino que se extienden a otras muchas, y que requerirá (obsérvese su relación con la gobernanza y el diálogo social), “disponer de un marco de instituciones, organizaciones, leyes y políticas, y de una cultura de diálogo social que permitan gobernar el mundo del trabajo y el funcionamiento de los mercados laborales”.
En efecto, la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible tiene como Objetivo 1 poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, fijándose como objetivos concreto “1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día 1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales 1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables”. Por otra parte, su objetivo 8 es el de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, con mención expresa a “8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros 8.5 Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”. Probablemente, lo dejo apuntado, el logro del trabajo decente para los trabajadores migrante sea uno de los retos más acuciante, tanto presente como de inmediato futuro.
2. Es importante poner de manifiesto que no importa solo la cantidad de empleo creado, sino también, y cada vez más, su calidad, es decir la condición de dignidad que pasa por un salario suficiente y unas condiciones de trabajo respetuosas de los derechos de las personas trabajadoras.   
El estudio de las políticas activas de empleo debe hacerse, ciertamente, desde el atento examen y estudio del marco normativo existente, con atención especial en España al Real Decreto Legislativo 3/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo (LE), que define dichas políticas. Desde una perspectiva más general, puede afirmarse que, para alcanzar los objetivos de una buena política activa de empleo, consistente en gestionar correctamente la oferta y la demanda de trabajo, hay básicamente tres vías de actuación: las políticas de formación, las políticas de creación de empleo (ej.: subvenciones a la contratación), y las políticas de funcionamiento del mercado laboral (ej.: unos buenos y eficaces Servicios Públicos de Empleo).
Ahora bien, cualquier análisis de las políticas de empleo debe realizarse teniendo en consideración la situación económica y social, dado que sus objetivos de posibilitar el acceso al empleo y de garantizar una protección social adecuada en caso de no disponer del mismo deben tratar de conseguirse de una forma u otra según cuál sea aquella situación. Se requiere el esfuerzo reforzado de todos los poderes públicos y de las organizaciones representativas de trabajadores y empresarios para adoptar medidas que faciliten la disminución del número de personas desempleadas y también la creación de empleo con garantías de estabilidad.
Es necesario poner en marcha políticas activas de empleo que guarden estrecha relación con las llamadas políticas pasivas, pero que además refuercen la necesidad de apostar por un nuevo modelo productivo que permita incrementar el volumen de ocupación estable y de calidad, y que al mismo tiempo que se adapta a los nuevos requerimientos de la sociedad del conocimiento no olvida que muchas personas necesitan mejorar sus niveles de cualificación profesional para acceder o permanecer en el mercado de trabajo.
Las políticas de empleo deben apostar por la búsqueda del pleno empleo estable y de calidad, mediante la adecuada combinación de políticas activas de acceso al mercado de trabajo y de políticas de protección económica para las personas que se encuentran en situación de desempleo. Hay que prestar una atención especial, tanto en políticas “de cantidad” como “de calidad”, a los colectivos con más dificultades, como son las mujeres, los desempleados de larga duración, los jóvenes, los discapacitados, y buena parte de los inmigrantes incorporados, de forma regular o irregular, al mercado de trabajo español Se trata de dirigirse a un mercado de trabajo cada vez más diversificado y con instrumentos adecuados que permitan hacer frente a esa diversidad.
Así pues, los datos cuantitativos no deben hacer olvidar la importancia de acercarnos a la calidad del empleo para entender la realidad del mercado de trabajo en España. Por ejemplo, el optimismo sobre el volumen de la contratación queda bastante diluido cuando se comprueba el escaso porcentaje de contratos de carácter indefinido, y que el resto son temporales, con un dato que debe hacer reflexionar seriamente: los contratos temporales con jornada a tiempo parcial suponen ya un tercio del total de la contratación.  A título de ejemplo muy reciente, prestemos atención a los datos sobre contratación del mes de octubre: según los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), uno de cada cuatro contratos firmado, en concreto, un 26,8% del total, tuvo una duración de una semana o menos. De los 2,2 millones de contratos registrados, 600.533 duraron menos de una semana y 821.754, un máximo de un mes. En el mes de octubre uno de cada tres contratos firmados fue temporal y a jornada parcial.
Si nos fijamos brevemente en los datos sobre protección por desempleo, aquel al que debemos prestar más atención es a la calidad de la protección, es decir cuándo se percibe prestación contributiva y cuándo asistencial, si bien desde la segunda mitad de 2017 ha mejorado la protección contributiva, siguen siendo mayoría las personas desempleadas que perciben únicamente la prestación asistencial (44.59 y 55,41 %, respectivamente según datos del mes de septiembre).

¿Qué decir del importante incremento del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social? Que, ciertamente, es positivo, aunque aquello que realmente es importante es tanto la modalidad contractual como muy especialmente el salario percibido por el trabajador y sobre el que se cotiza. De ahí, la importancia de los acuerdos entre organizaciones empresariales y sindicales sobre el incremento de los salarios pactados en convenios, así como también del Salario Mínimo Interprofesional.

Con datos de la encuesta anual de la estructura salarial de 2017, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, se comprenderá la razón del escaso incremento de las cantidades abonadas en concepto de cuotas empresarial y obrera a la Seguridad Social. Así, el salario bruto medio mensual se sitúa en 1.889,0 euros, cuantía que no debe dejar pasar  por alto que un 30 % de asalariados percibió menos de 1.230,9 euros, cantidad que se situó entre la citada y 2.136,3 para un 40 %, y superior para el restante 30 %, siendo las Comunidades Autónomas del País Vasco y Extremadura las más diferenciadas, ya que en la primera el 44,4 % de salarios se sitúa en la franja superior, mientras que ese porcentaje se reduce al 22,3 % en la segunda. No conviene olvidar, por otra parte, que el salario mediano (el que divide al número de personas trabajadoras en dos partes iguales, las que tienen un salario superior y aquellas que perciben un salario inferior) es inferior, concretamente de 1.590.3 euros. Por otra parte, la brecha salarial de género se observa en la ubicación de trabajadoras y trabajadoras dentro de cada grupo, ya que en el de mayor cuantía salarial encontramos a un 34,7 % de varones y a un 24,9 de mujeres, mientras que el inferior se invierten los porcentajes, siendo el 40,3 % el de las mujeres y sólo un 20,6 % el de los trabajadores masculinos, por lo que ello nos lleva necesariamente a matizar la afirmación inicial de la cuantía del salario bruto medio mensual, ya que al desagregar los datos por razón de sexo se refleja que la media percibida por las trabajadoras es de 1.668,7 euros mensuales, subiendo hasta  los 2.090,6 euros para los hombres, diferencias que el INE justifica por la mayor presencia femenina en los contratos de duración determinada, a tiempo parcial y en ramas de actividad de bajos niveles de remuneración.

Bajos salarios y contratos de muy corta duración, así como las irregularidades producidas en materia salarial respecto al abono y cotización de algunas cantidades (horas trabajadas y no declaradas, por citar un ejemplo bien conocido), no contribuyen precisamente a la mejora de los ingresos de la Seguridad Social aun cuando sea importante ciertamente el incremento del número de afiliados. En esos bajos salarios y en la existencia de irregularidades influye sin duda la estructura del tejido empresarial español, preferentemente de pequeña y microempresa, en donde la presencia de representantes de los trabajadores es prácticamente inexistente. Los datos publicados por el Directorio Central de Empresas sobre dicha estructura empresarial, a 1 de enero de 2018[2], lo ponen claramente de manifiesto, ya que afirmar que el tejido empresarial español es de micro y pequeña empresa principalmente, responde a una realidad estadísticamente contrastada, con datos que dejan para una reflexión de mayor alcance que esta nota si el elevado número de empresas sin personas asalariadas se ajusta a la legalidad o hay detrás de las cifras un número no desdeñable de relaciones laborales asalariadas encubiertas. Repárese en que más de 1,84 millones de empresas, el 55,3 % del total, no emplearon a ningún asalariado en 2017, y que otro porcentaje nada despreciable, el 27,3 %, es decir 910.866, sólo daban ocupación a uno o dos personas asalariadas, por lo que entre ambas sumaban el 82,6 % de total. 80.860 es el número de empresas que ocupaban de 10 a 19 trabajadores, y 71.472 el de aquellas que proporcionaban ocupación a 20 o más trabajadores.

En definitiva, pues, la lectura de los datos estadísticos no puede ni debe hacerse, pues, sobre el mero crecimiento o disminución cuantitativa de la población ocupada, sino también sobre la calidad del empleo creado, tanto en términos de estabilidad como de condiciones de prestación de la actividad (nivel de formación, cualificación, salario, condiciones de trabajo).


1. La participación en unas jornadas de reflexión, estudio y debate como las que tengo el honor de inaugurar obligan a actualizar todas las aportaciones efectuadas con anterioridad, es decir a tomar en consideración las nuevas aportaciones documentales y doctrinales que antes no lo hubieran sido, bien por haberse difundido y publicado más recientemente, bien, y hay que decirlo con toda claridad, porque el importante número de textos publicados hace muy difícil, por no decir casi imposible (matizo, al menos para una persona de edad avanzada, como es mi caso) poder leer todos ellos con el mínimo detenimiento requerido.

En esta actualización y puesta al día, me referiré a un amplio y exhaustivo informe sobre la desigualdad, a los datos más recientes, recogidos en un informe, sobre las necesidades sociales en España, a la vida laboral real de personas afectadas por condiciones de trabajo del todo punto contrarias a derecho tal como se recogen en otro informe elaborado al respecto, y al informe elaborado por una organización sindical sobre cómo avanzar en España en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para 2030 y a los que ya me he referido con anterioridad. 

No conviene tampoco olvidar, y hago sólo una referencia incidental a ellas porque se encuentran pendientes de tramitación parlamentaria, y no es previsible que esta se lleve a cabo en el futuro inmediato dada la composición actual del Congreso de los Diputados y del Senado, la existencia de dos proposiciones de ley que abordan muy directamente la situación de la población trabajadora, empleada y desempleada, y en las que se proponen medidas para garantizar una protección social adecuada y un trabajo para todas las personas.

Me refiero en concreto a las presentadas por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea. La primera, por orden cronológico, es la de protección por desempleo, presentada el 22 de marzo, con una importante y bien cuidada, jurídicamente hablando, batería de propuestas de modificación del texto vigente de la Ley General de Seguridad Social para reforzar la protección de todas las personas desempleadas[3].

La segunda, presentada el 5 de julio, va dirigida de forma muy concreta a luchar contra la pobreza y exclusión social[4], y en ella se contempla la puesta en marcha del denominado “Plan de Trabajo  Garantizado”, que tiene por finalidad la creación directa de un millón de puestos de trabajo digno y que se basa en estos tres ejes: “Reforzar las actividades económicas y sociales todavía insuficientes, como la educación pública, la sanidad pública, las actuaciones culturales y deportivas o la generación de energía renovable. Crear nuevas actividades, principalmente ecológicas: servicios de reutilización y reparación de materiales y productos o actividades de optimización del rendimiento energético de edificios. Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados, así como otros trabajos que hoy día son de carácter voluntario, repartiendo estas actividades de forma solidaria entra la comunidad”. Se prevé la fijación de un salario mensual de 1.050 euros, afirmándose que este “… hará las veces de salario mínimo por debajo del cual ninguna persona trabajará en el sector privado ante la posibilidad de acogerse a un programa de trabajo garantizado en mejores condiciones. De esta forma, los empleadores del sector privado se verían obligados a ofrecer remuneraciones iguales o superiores a las del trabajo garantizado”. En cuanto a prestaciones de protección social, se crea el Sistema de Renta Mínima Garantizada “para extender la prestación a las personas hoy excluidas de las distintas prestaciones de ingresos mínimos en el ámbito autonómico o estatal”; o lo que es lo mismo, tal como se explica en la proposición, “no se trata de cambiar la administración pagadora de una prestación sino de completar en el conjunto del Estado la insuficiente cobertura actual”.

En el capítulo introductorio, dedicado a la desigualdad y sus nuevas dimensiones, que ha sido elaborado por los directores del Informe, se pone de manifiesto que uno de los hechos más significativos y contrastados de la última década “es el aumento de la desigualdad en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  (OCDE).  La crisis económica pasada no hizo sino estimular una tendencia regresiva que en algunos países venía manifestándose desde principios de  los  años  ochenta.  Los cambios en la distribución de la renta parecen estar generando una menor movilidad social respecto a épocas pasadas, una tendencia a la transmisión intergeneracional de la pobreza, la  aparente  disminución  de  las   clases  medias  y  la  expansión  de  las  situaciones de precariedad, así como el aumento de la polarización social y del riesgo de  nuevos conflictos sociales..”. Los autores destacan que la desigualdad social en España “es, desgraciadamente alta y tiene un importante componente estructural.. y es un problema de gran magnitud. Por un lado, los indicadores medios del último lustro son los más elevados de los últimos cincuenta años. En segundo lugar, la  comparación  internacional,  con  datos  homogéneos,  deja  clara  tanto  la  posición  de  España  entre  los  países  donde  la  desigualdad  es  mayor  como  el  agravamiento   del problema con el paso del tiempo”.

A su juicio, la falta de traducción del crecimiento económico en una menor desigualdad “se explica, sobre todo, por la extensión del empleo de bajos salarios y por la gradual pérdida de capacidad redistributiva de las políticas públicas durante ese período”. En la misma línea que he expuesto con anterioridad al abordar la problemática del mercado de trabajo en España, los autores subrayan que una de las características más destacadas del empleo creado en los años posteriores a la crisis “es su marcado carácter temporal, a lo que se une, como rasgo más novedoso, el intenso aumento del trabajo a tiempo parcial no voluntario”, por lo que “resulta difícil imaginar que, sin cambio al alza en las remuneraciones … la creación de empleo vaya a reducir sustancialmente el problema de la desigualdad. La mayor incidencia del empleo de bajos salarios sigue siendo un rasgo diferencial de España respecto a otros países”.

Uno de los capítulos del Informe que debe merecer especial atención para el estudio del trabajo como antídoto, o no, contra la pobreza y exclusión social, es el elaborado por los profesores Pau Marí-Klose, Emma Cerviño Cuerva y Albert Julià Cano, en el que abordan la problemática de “Edad, pobreza y vulnerabilidad económica”, siendo de  especial interés la lectura del apartado 4.2.2, en el que se centran en el origen de los ingresos que percibe una persona, ya sean del mercado de  trabajo o bien del sistema público de protección social.

Nuevamente en la misma línea que las tesis expuesta en documentos anteriores, y en mis reflexiones propias, de este texto, los autores destacan que la evidencia empírica “sugiere  que el aumento en las tasas de empleo no necesariamente  se  traduce  en  reducciones en la tasa de pobreza (Cantillon, 2011;Van Vliet y Wang, 2015). En este sentido, uno  de  los  factores  que  explica  esta  aparente  paradoja  es  la  calidad  del  empleo. Cada vez hay más evidencias del aumento de los llamados trabajadores pobres (working poor): personas que a pesar de estar trabajando  se  mantienen  por  debajo  del  umbral de pobreza”.  Más importante aún, si cabe, es su tesis sobre el alza de la pobreza entre la población ocupada en los últimos años, que obedecería “posiblemente a varios vectores. Uno de ellos tiene que ver con la (re) incorporación al empleo de individuos en peores condiciones que antes de la crisis. Como han señalado en los últimos años diversos trabajos, el empleo ha crecido sobre todo a base de contratos temporales de corta duración y parciales, se ha producido un aumento en la rotación y han caído las remuneraciones (Jansen et al, 2017) Según un estudio de Fernández Kranz (2017) los salarios de los nuevos contratos de 2015 eran un 12 % que los contratos que se firmaban ante de la crisis. Cuando se considera la ganancia anual de estos trabajadores, los ingresos son un 22,6 % más bajos que en 2008”.

3. Mi atención se centra a continuación en el Informe del Observatorio Social de La Caixa sobre “Necesidades sociales en España. Bienestar económico y material”[6], hecho público el pasado mes de octubre y elaborado por el profesor Luis Ayala Cañón, y las profesoras Olga Cantó Sánchez, Rosa Martínez López,  Carolina Navarro Ruiz, y Marina Romaguera de la Cruz.

La tesis del Informe, elaborado a partir de toda la información estadística disponible, con mención expresa a la Encuesta de Condiciones de Vida, la Encuesta de Presupuestos Familiares, la Encuesta de Población Activa, todas ellas del INE,  y la Encuesta Financiera de las Familias, del Banco de España, es contundente ya de entrada: “… prácticamente todas las condiciones materiales de vida empeoraron desde mediados de la década pasada”, precisando aún más que “frente a la idea tan extendida en buena parte de los decisores y en la opinión pública de que los problemas del bienestar están fundamentalmente determinados por el ciclo económico, en la etapa de recuperación posterior a la crisis los niveles en esas condiciones siguen lejos de los que había antes del comienzo de la gran desaceleración económica”.

Del análisis de los datos laborales y de protección social disponibles, se constata que la precariedad laboral y el desempleo “provocan que muchas personas afronten caídas significativas de renta cada año, lo que genera gran inestabilidad e inseguridad económica. Paralelamente, los bajos ingresos y su inestabilidad dificultan considerablemente los procesos de autonomía personal”.

Más preocupante aún, o al menos así me lo parece, es la constatación de que en España, “prácticamente todos los indicadores han empeorado desde mediados de la década pasada, sin que los avances logrados en el corto período desde el final de la crisis hayan conseguido recortar sustancialmente las pérdidas registradas en los años de la crisis”.  Afirmación genérica que se concreta después en estos términos: es necesario disponer de fuentes de ingresos suficientes y estables, para reducir el riesgo de pobreza, y si no se dispone de ellos, “no solo es necesaria la creación de empleo, sino también que el empleo creado permita obtener salarios suficientes a los trabajadores”, ya que “el flujo de ingresos, mayoritariamente del mercado de trabajo, resulta insuficiente para financiar los gastos en una de cada tres personas”.

En definitiva, una de las conclusiones del informe, en plena sintonía con la expuesta en el avance de datos del VIII Informe FOESSA, es clara y contundente. “La recuperación económica no está trayendo recuperación social. De la evolución de las cifras en el largo plazo se deduce que la reactivación de la economía, aunque puede reducir las dificultades para obtener ingresos suficientes y estables, no logrará por sí sola el progreso buscado en este ámbito. Para que los mayores niveles de empleo supongan una reducción significativa del riesgo de pobreza, deben mejorar las condiciones laborales de un segmento amplio de trabajadores, además de aumentar la cobertura y la adecuación de las prestaciones dirigidas a grupos sociales actualmente poco protegidos”.

4. La vida laboral real no son solo normas, sino que hay que velar por su cumplimiento, y desgraciadamente se dan supuestos, que afectan especialmente a colectivos necesitados de especial protección, en que tal cumplimiento no se produce, con el coste económico y social que tiene ello para la persona afectada. Traigo aquí a colación, para ejemplificar esta realidad, un reciente Informe elaborado por Cáritas Española y que lleva por título “Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar”[7], presentado el 25 de octubre y consistente en una investigación llevada a cabo en 30 provincias.

El informe constata algo que ya era conocido pero que ahora dispone de pruebas fehacientes, es decir la existencia de “múltiples vulneraciones de derechos laborales y de explotación en los sectores del temporerismo agrícola, la hostelería y los empleos del hogar”. Algunas de las situaciones constatadas son “que el 30% cobra menos del salario que le correspondía legalmente; el 25% realiza horas extras sin remuneración; y el 50% de los temporeros cobran todo o parte del salario en dinero “negro”. Más preocupante aún me parece la vulneración de derechos que podría ser merecedora de aplicación del Código Penal, en concreto en la regulación d ellos delitos contra los derechos de los trabajadores (arts. 311 a 318 bis), cuales eran las siguientes: “Una de cada 20 personas ha recibido amenazas. En el sector agrícola el porcentaje es un 13%; Un 4% vio retenida su documentación. En el sector agrícola, el 12%; un 12% reconoce haber recibido un trato humillante, que en el sector agrícola se dispara al 22,5%”.

5. Por último, me refiero al “Informe sindical 2018 sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Del discurso a la acción en CCOO”[8], elaborado por la Fundación 1 de mayo y publicado el pasado mes de septiembre, en el que se pretende, según puede leerse en su introducción, que “pretende abordar la situación de España con respecto a los Objetivos de Desarrollo y contribuir con ello a una mejor implementación de la Agenda 2030 y el alcance de sus objetivos”, junto con otros dos objetivos paralelos, que son “por un lado, la divulgación y reivindicación de un enfoque integral sobre la noción de Trabajo Decente, alineada con la Agenda de la OIT, y basada en los cuatro pilares estratégicos: derechos laborales, empleo, protección social y diálogo social, protección del Medio Ambiente; y su pilar transversal, igualdad de género. Por otro lado, presentar la Agenda 2030 a los y las sindicalistas de CCOO, mostrando su convergencia con el trabajo sindical, para su fortalecimiento y visibilidad”.

Quienes lean con la debida atención el Informe no se sorprenderán, sino todo lo contrario, de que la mayor parte de los datos disponibles reiteren lo expuesto con anterioridad sobre las debilidades de nuestro mercado de trabajo y su impacto negativo para una buena parte de las personas ocupadas que, aun y estar trabajando, no pueden salir del círculo de la pobreza, debido a la insuficiencia de ingresos para llevar una vida digna si no es con apoyo del sistema público de protección social. Por ejemplo, que “el 13,1% de los ocupados se encuentra en riesgo de pobreza en 2016, frente al 9,6% de la media europea. Las mujeres tienen una tasa del 12,4% frente al 13% de los varones. En el conjunto de la UE-28, España es el tercer país con mayor porcentaje de trabajadores pobres (Fuente: EU-SILC, 2017)”. 

Para corregir esta situación se formulan propuestas por el sindicato, que pasan por abordar la lucha contra la pobreza desde una perspectiva integral, que pasa por ámbitos tales como “el empleo y su calidad, los salarios, el fortalecimiento de la negociación colectiva, así como las políticas de protección social, con especial atención a la situación de las personas desempleadas y pensionistas y atendiendo a la dimensión de género”. Las medidas concretas son el establecimiento de un sistema de garantía de rentas para todos las personas en los siguientes términos: “para los/as trabajadores/as en activo, mediante el establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional y un Salario Mínimo de Convenio adecuados; para los/as desempleados/as, mediante la extensión de la cobertura de las prestaciones de desempleo para todas las personas desempleadas de larga duración y la mejora de la intensidad (cuantía) de las mismas; y para los/as jubilados/as, mediante la garantía de pensiones suficientes y adecuadas, con garantía del mantenimiento de su poder adquisitivo durante toda su percepción. Todo ello, integrando la transversalidad de género en las políticas activas de empleo y protección social, de forma que se garantice mediante su implementación un impacto positivo de género que permita reducir o eliminar las brechas de género y prevenir cualquier discriminación por esta razón”.

El diagnóstico del sindicato sobre las reformas laborales en España es demoledor, y desde luego no es la primera vez que se manifiesta en estos términos, ya que se afirma que la tendencia en el mundo laboral en España desde los años más duros de la crisis “ha sido la precarización del empleo, la devaluación de las condiciones laborales, la merma de la protección social y el crecimiento de la desigualdad. A ello, están contribuyendo en estos últimos años, las nuevas formas de empleo, o trabajo “atípico”, con unas relaciones laborales cada vez más difusas, fragmentadas, y con mayor precariedad y desigualdad”, con una afectación especialmente negativa a los salarios, que deja de ser, vinculado al trabajo, un antídoto contra la pobreza y exclusión social para un número no menospreciable de personas. En el informe se enfatiza, más concretamente, que “en España se ha experimentado una fuerte devaluación salarial, de la cual destacan principalmente dos elementos: por un lado, se ha concentrado en los sueldos más bajos, siendo el 20% de las trabajadoras/es que menos ganan los/as más afectados/as, de manera especial a las trabajadoras, que son 6 de cada 10 personas que reciben salario igual o menor al SMI, y por otro lado, se ha producido como consecuencia, no sólo de la crisis económica, sino fundamentalmente por la amplia capacidad que las últimas reformas laborales han otorgado al empresariado para modificar (y reducir) los salarios que se venían percibiendo con anterioridad”; que según el INE, “el 12,6% de la población trabajadora española, en 2015 estaba cobrando el SMI o menos, es decir, 756 euros o menos. Las trabajadoras en esta situación eran el 18,2%, y el 7,3% hombres, es decir un porcentaje de trabajadoras que duplicaba al de trabajadores. Ambos porcentajes se han incrementado casi 3 puntos desde el 2010, alcanzando su cifra más elevada en 2013. El mayor porcentaje de población trabajadora (32,3%), se encontraba cobrando en 2015 entre 756 y 1.512 euros al mes (1 a 2 SMI). El siguiente gran grupo de población trabajadora (26,5%), cobraba en 2015 entre 1.512 y 2.2.68 euros (2 a 3 SMI), representando el 22,89% sobre el total de las trabajadoras, y el 30% sobre el total de los trabajadores. (Fuente INE)”; en fin, que el empleo vulnerable, entendiendo por tal el de las personas trabajadoras familiares no remuneradas y trabajadoras por cuenta propia, “en España se ha mantenido estable desde el 2014 entre el 11 y 12,2%. El empleo vulnerable en el caso de los hombres es del 14,2%, mientras que para las mujeres, es del 9,4% (Fuente IDH del PNUD)”.

IX. Recapitulación final de síntesis.  

Concluyo mi exposición He tratado de exponer, tanto con mis reflexiones propias como con la ayuda de aportaciones de documentos internacionales y nacionales, y de estudios realizados por la doctrina especializada, cuál es la realidad del mundo del trabajo y cuáles son las dificultades existentes para que una parte de las personas trabajadoras no encuentren en aquel tanto el reconocimiento del derecho a disfrutar de una vida digna como la posibilidad de que los ingresos percibidos sean un antídoto eficaz para evitar caer en una situación de pobreza y exclusión social.

También, se han aportado reflexiones propias y ajenas sobre qué medidas adoptar para conseguir corregir esa situación y mejorar el grado de cohesión social que cualquier sociedad necesita disponer para que las relaciones económicas y sociales se desarrollen de forma ordenada y con beneficio para todas las personas que forman parte del mundo laboral y también para aquellas que necesitan el apoyo de los sistemas de protección social.

El reto sigue estando presente. Debemos seguir aportando propuestas, y adoptando medidas y acciones, que contribuyan a cambiar las reglas del juego. Jornadas como las que ha organizado la Catedra Obra Social La Caixa sobre las desigualdades sociales deben ser un buen lugar para contribuir a ello y estoy seguro de que así lo serán. 

Muchas gracias

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