1. La Comisión
Europea presentó el miércoles 23 de mayo las orientaciones en materia de
política económica que dirige a cada Estado miembro para los 12 a 18 próximos
meses y que deberán ser aprobadas por el Consejo el mes de julio. Según se
explica en la nota de prensa, tales orientaciones “se basan en los análisis
exhaustivos realizados por la Comisión en los últimos informes por país, que
ponen de relieve los problemas heredados en determinados Estados miembros a
consecuencia de la crisis financiera y los retos para el futuro”.
Además de dichas
propuestas, cabe también hacer referencia a la Recomendación aprobada por elConsejo el 14 de mayo sobre la política económica de la zona euro.
En todos los
textos, tanto los de carácter general y dirigidos a todos los Estados miembros
de la UE o a los países de la zona euro, por una parte, como los que afectan
específicamente a un Estado, hay amplias referencias a las políticas educativas,
laborales y de protección social, con análisis de la situación social del país
en cuestión y con propuestas de reformas, modificaciones o adaptaciones de las
normas y prácticas existentes.
El propósito de
esta entrada es examinar cuáles son las tesis, argumentaciones y propuestas de
mayor interés, obviamente a mi parecer, sobre las cuestiones laborales,
entendidas en un sentido amplio, prestando primeramente atención a los
documentos dirigidos a todos los Estados o a los de la zona euro, para pasar
después a examinar la propuesta de recomendaciones dirigidas a España y que,
muy previsiblemente, serán aprobadas con pocos cambios por el Consejo…, aunque
la situación política existente en nuestro país cuando redacto esta entrada, con
la presentación de una moción de censura contra el actual gobierno, aconseja
ser algo más prudentes por el impacto que el resultado de dicha moción pueda
tener tanto sobre la vida política como más concretamente sobre la económica y
social.
Adjunto al final
de esta entrada, para que los lectores y lectoras pueden tener una visión más
amplia de las políticas de la UE hacia España, el texto de las Recomendaciones
de los tres últimos años, junto con el de las propuestas para el presente (y
también de aplicación para 2019 hasta la aprobación de las siguientes)
2. El primer documento
de referencia
es la Comunicación de la Comisión en la que se contienen orientaciones ypropuestas generales, que después se concretarán en las recomendaciones específicasdirigidas a cada Estado, siendo uno de ellas, con la que se puede perfectamente
coincidir, que Europa necesita promover reformas “que preparen a su mano de
obra para el futuro e incrementen la digitalización, reduzcan las desigualdades
de ingresos y fomenten las oportunidades de empleo, en particular para los
jóvenes”.
La Comisión pone
especial énfasis en la incorporación del pilar europeo de derechos sociales,
aprobado el 17 de noviembre de 2017 en la cumbre interinstitucional celebrada
en Gotemburgo. Las recomendaciones propuestas en los documentos nacionales apoyan
el proceso de reformas y animan a los Estados miembros a impulsar reformas que
signifiquen su aplicación, haciendo especial hincapié la Comisión en “en
proporcionar cualificaciones adecuadas, redes de seguridad social eficaces y
adecuadas y un mejor diálogo social para garantizar resultados sostenibles”.
¿Qué le preocupa a
la Comisión? En especial, el envejecimiento
de la población y su impacto en los presupuestos de cada Estado, que justifica “reformas
de los sistemas de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración”,
por considerarlas “fundamentales para garantizar la sostenibilidad a largo
plazo de las finanzas públicas, así como una Seguridad Social y una asistencia
sanitaria adecuadas y accesibles”.
Coincido con esta
tesis, tanto como jurista como en mi condición de persona de edad avanzada, y
cuestión distinta, como estamos teniendo oportunidad de comprobar en España, es
hacia dónde deben dirigirse esas reformas para garantizar su finalidad, que no
debe ser otra que la población jubilada pueda disponer de unas rentas económicas
que les aseguren una vida digna.
Es recurrente
también su preocupación sobre el impacto de la política fiscal en la
incentivación del trabajo, planteándose una vez más qué medidas deben adoptarse
para que quienes perciben prestaciones sociales no se vean “desanimados” de
acceder al mercado laboral en empleos con bajos salarios (cuestión distinta es
que hay que mejorar en general la calidad del empleo, y ello implica mejores
condiciones salariales).
No menos
recurrente es su preocupación por las tasas de temporalidad en las
contrataciones llevadas a cabo, llamando a varios Estados, entre ellos España,
a abordar “la segmentación del mercado de trabajo mediante medidas tales como
la promoción de la transición hacia contratos de duración indeterminada, la
lucha contra los incentivos para que los empresarios contraten a trabajadores
temporales y la garantía de la igualdad de acceso de los trabajadores a la
protección social en virtud de dichos regímenes”.
Igualmente, hay
llamadas genéricas de atención a la necesidad de incrementar la participación
de determinados colectivos, como los jóvenes, migrantes y personas con baja cualificación,
en el mercado de trabajo; de mejorar los conocimientos, aptitudes y habilidades
de los trabajadores ante un mercado de trabajo cada vez más digitalizado y automatizado;
de disponer de redes de protección social que protejan eficazmente a las
personas que están fuera de aquel mercado.
En todas estas
medidas que deben adoptarse, tanto en su diseño como en su aplicación, es de
especial importancia el diálogo social, a fin y efecto de que los agentes
sociales hagan suyas las reformas y posibiliten que “tengan éxito, sean
sostenibles e integradoras”.
3. El segundo
documento que analizo es la
Recomendación del Consejo de 14 de mayo, sobre la política económica dela zona del euro, en el que, al igual que en el texto anterior, hay amplias
referencias a las políticas laborales, y en el que, aun afirmándose el
mantenimiento y expansión de la recuperación económica, no hay lugar a la
complacencia si se repara, con visión general, que a pesar del aumento de la
renta real de los hogares “sigue estando por debajo de los niveles de 2008 en
muchos países”, que las tasas de desempleo de larga duración y de desempleo
juvenil “siguen siendo elevadas”, y que la pobreza, la exclusión social y las
desigualdades “siguen preocupando seriamente en varios Estados miembros”.
No menos
importante me parece la llamada a un crecimiento de los salarios, aun cuando se
diga con el lenguaje característico (es decir, dejando abiertas otras
posibilidades y teniendo en consideración la realidad de cada Estado) de estos
documentos, pues no creo que deba entenderse de otra forma la afirmación de que
el crecimiento de los salarios y la creación de empleo “contribuyen a la
recuperación económica de la zona del euro, al reforzar la demanda agregada,
reducen las desigualdades y contribuyen a garantizar un alto nivel de vida en
la zona”, debiendo tener en consideración en todas las políticas que se adopten
las características “estructurales e institucionales” de los mercados de
trabajo en los que deben adoptarse.
Especialmente
relevante en el documento de este año, y así se puso de manifiesto en la nota
de prensa de la Comisión, es la importancia dedicada al pilar europeo de
derechos sociales, como también lo ha sido en la Comunicación anteriormente explicada,
para su aplicación en las políticas sociales de los Estados, al objeto de
conseguir unos mercados de trabajo y de protección social que funcionen
adecuadamente y que se basen en los tres grandes principios que inspiran el
pilar, que son la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo,
unas condiciones de trabajo justas, y una adecuada protección e inclusión
sociales, jugando además un papel de primera importancia, en una etapa de profundos
cambios derivados de la digitalización y automatización de procesos
productivos, disponer de unos sistemas de formación y educación que posibiliten
el aprendizaje permanente y que “garanticen que las capacidades respondan a las
necesidades actuales y futuras del mercado laboral”, en cuanto que este logro se
considera fundamental “para mejorar las capacidades de ajuste y la convergencia
real de la economía a largo plazo”.
Las políticas
laborales y de protección social que se pongan en marcha deben ir dirigidas, no
lo digo yo (aunque sí lo creo) sino el propio Consejo, a contribuir a la
creación de puestos de trabajo de calidad y a reducir la desigualdad, a la par
que posibilitar el crecimiento de los salarios (eso sí, matiza ahora el
Consejo, en los Estados “con grandes superávits por cuenta corriente”) y teniendo
en cuenta el importante papel que juegan los agentes sociales en este ámbito.
El núcleo duro del
documento en lo relativo a medidas de índole laboral y de protección se encuentra
en los apartados 11 y 12, concretándose las propuestas en la recomendación núm.3.
Se apuesta por reducir la segmentación en el mercado de trabajo y la promoción
de igualdad de oportunidades, una asistencia y seguimiento individualizado de
las personas demandantes de empleo para facilitar su reincorporación, en
condiciones adecuadas, al mercado de trabajo, y que no olvide el derecho de las
personas que están fuera de este a disponer de una protección social adecuada,
al mismo tiempo que se debe tener en consideración que la presencia en el mercado de trabajo debe favorecerse
mediante reformas de los sistemas de pensiones
(¿incremento de la edad de jubilación?) y políticas adecuadas de
conciliación de la vida profesional y laboral (¿adaptación/flexibilidad de los
tiempos de trabajo, licencias y permisos relacionados con el cuidado de menores
y de personas de edad avanzada?.
Hay dos
referencias en la Recomendación que aportan a mi parecer novedad con respecto a
años anteriores. La primera es la relativa a la conveniencia de contar con
disposiciones en materia de horario laboral “bien diseñadas”, que pueden contribuir
a “atenuar las perturbaciones”, y aun cuando la frase es algo enigmática
supongo que se refiere a la conveniencia de disponer de unos horarios laborales
que faciliten tanto el mejor desarrollo de la actividad empresarial como un régimen
de trabajo que se adapte a las necesidades, diversas y variadas, de las
personas trabajadoras.
La segunda, guarda
directa relación con el debate actual sobre las nuevas (en algunas ocasiones no
tanto, ni mucho menos) relaciones de trabajo de la economía de las plataformas,
llamando la Recomendación a que, ante los problemas relacionados con las nuevas
formas de empleo y nuevos tipos de contratos, se establezcan, y creo que en esa
línea va la propuesta de Directiva de la Comisión sobre condiciones de trabajo
transparentes y previsibles, “condiciones de trabajo justas y dignas para todos
los trabajadores”.
En definitiva, la
Recomendación apuesta por reformas de la normativa laboral y de protección social,
o de adaptación en aquello que fuera necesario, para que existan “contratos de
trabajo fiables”, que interesen en sus contenidos tanto a la parte empresarial
como a la trabajadora, y que eviten “la segmentación del mercado laboral”;
ello, junto con políticas de educación y formación, de políticas activas de
mercado de trabajo, de protección social , de movilidad laboral, de
facilitación del diálogo social y de reformas de la fiscalidad sobre el
trabajo, que contribuyan a la mejora de las condiciones tanto de vida como de
trabajo de la gran mayoría de la población. Dicho está, y solo falta el “pequeño”
detalle de su aplicación efectiva.
4. Por último,
abordo la propuesta de Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformasde 2018 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre elPrograma de Estabilidad de 2018.
Sólo recuerdo
previamente que en 2017 la Comisión era optimista porque “La creación de empleo
ha sido sólida en los últimos años y el desempleo ha disminuido rápidamente, a
pesar de seguir siendo muy elevado. Las reformas del mercado laboral y la
moderación salarial han contribuido significativamente a una fuerte creación de
empleo y al incremento de la competitividad en los últimos años”. Bueno, no sé qué
pensarían, y que seguirán pensando, las personas que han tenido o tienen contratos
de trabajo de menos de una semana de duración (alrededor del 25 % de los
efectuados en los últimos meses), o con pocas horas de trabajo (aunque en la
práctica hagan más y en ocasiones no las cobren, y por supuesto sin cotizar a
la Seguridad Social), con respecto a esas afirmaciones del documento, y todas
aquellas personas cuyos hogares han perdido poder adquisitivo respecto a los niveles
previos a la crisis.
Luces y sombras en
la propuesta para 2018. Según la Comisión, “la tasa de desempleo ha continuado
su rápido descenso, pero sigue siendo muy alta, y el elevado grado de
segmentación del mercado de trabajo obstaculiza un crecimiento más rápido de la
productividad laboral”…, previéndose que el próximo año nuestro país todavía registre
una de las tasas de desempleo más elevadas de la UE, “lo que va a contener las
presiones salariales, especialmente en el sector privado, y a su vez se espera
que la inflación se mantenga muy por debajo del 2 %. Esto apunta a una
persistente atonía del mercado laboral”.
La Comisión sigue
teniendo una visión positiva de las reformas laborales iniciadas en 2012, que
contribuyeron a su parecer, y no le falta razón, a la moderación salarial,
aunque más correcto sería hablar de devaluación salarial interna por los
amplios mecanismos legales permitidos para modificar las condiciones
salariales, por una parte, y el impacto en los salarios del debilitamiento de
la negociación colectiva.
La Comisión sigue
manifestando su preocupación por las elevadas tasas de desempleo y espera,
dirigiéndose en especial a los jóvenes, que las medidas instrumentadas en
desarrollo del sistema de garantía juvenil vayan dado progresivamente sus
frutos, aun cuando son mucho más críticos quienes han estudiado su aplicación
práctica en los últimos dos años (remito al excelente estudio coordinado y
dirigido por las profesoras Agnès Pardell, Mari Àngels Cabassés y el profesor
Carles Feixa, “Trabajo, empleo y futuro. Perspectivas sobre la garantía juvenil
en Europa y España”).
Igualmente, y como
viene insistiendo desde hace ya tiempo, la Comisión subraya la necesidad de una
mejor relación entre los servicios de empleo y los servicios sociales para prestar
apoyo personalizado a los demandantes de empleo teniendo en consideración las concretas
necesidades, capacidades y disponibilidades de cada persona, reclamando una
mayor cooperación con el ámbito empresarial en las políticas de mercado de
trabajo.
Es recurrente la preocupación
en sede comunitaria por la alta temporalidad en el mercado de trabajo español y
sus efectos nocivos tanto por lo que respecta a la inseguridad y limitación de
derechos que provoca entre la población trabajadora, como por la falta de inversión
en políticas de formación y en el reducido crecimiento de la productividad. Se
sigue apostando por incentivar la contratación indefinida, con un toque
indirecto de atención respecto a la necesidad de acertar en la utilización de
los incentivos para facilitarla, lo que dicho de forma más clara significa que
no funcionan en la actualidad y que deberían concentrarse única y exclusivamente
en los colectivos más desfavorecidos. Se valora la actuación de la ITSS
respecto a la conversión de contratos temporales fraudulentos en indefinidos, pero
al mismo tiempo se afirma, y no sé si ello será precisamente del agrado del
gobierno en general y de la Ministra de Empleo y Seguridad Social en
particular, que todas esas actuaciones no parecen “disuadir a los empresarios
de seguir recurriendo ampliamente a los contratos temporales”.
En fin, al igual
que en años anteriores, se insiste en una mejor cooperación entre el mundo
educativo y el empresarial, al objeto de facilitar la incorporación de las
personas jóvenes al mundo laboral, “ofreciendo al mismo tiempo a las empresas
las cualificaciones necesarias para aumentar su capacidad de innovación”. La
concreción de estas tesis genéricas se efectúa, aunque, valga la redundancia,
sin excesiva concreción, en la recomendación núm. 2, con la petición de una
mejor articulación entre los servicios sociales y de empleo, el favorecimiento
de la transición hacia contratos indefinidos, la mejora de los sistemas de
rentas mínimas garantizadas y la reducción del abandono escolar prematuro por el
impacto muy negativo que tiene parta el posterior desarrollo del joven en el
ámbito laboral.
Buena lectura.
Anexo. Texto comparado de las Recomendaciones para
España.
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Recomendaciones 2015
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Recomendaciones 2016.
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Recomendaciones 2017.
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Propuesta de
Recomendaciones 2018
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RECOMIENDA
que España tome medidas en 2015 y 2016 con el fin de:
1.
Garantizar una corrección duradera del déficit excesivo en 2016 a más tardar,
tomando las medidas estructurales necesarias en 2015 y 2016 y aprovechando
los resultados positivos imprevistos para acelerar la reducción del déficit y
de la deuda. Reforzar la transparencia y la obligación de rendir cuentas de
las haciendas públicas de las Comunidades Autónomas. Mejorar la relación
coste-eficacia del sector sanitario y racionalizar los gastos farmacéuticos
de los hospitales.
2.Completar
la reforma del sector de las cajas de ahorros, particularmente con medidas
legislativas, y la reestructuración y privatización de las cajas de ahorros
de propiedad estatal.
3.
Promover, en consulta con los interlocutores sociales y de acuerdo con las
prácticas nacionales, la adecuación de los salarios a la productividad
teniendo en cuenta las diferencias en las cualificaciones y las condiciones
de los mercados laborales locales, así como las divergencias en los
resultados económicos entre regiones, sectores y empresas. Tomar medidas para
aumentar la calidad y eficacia de la ayuda y del asesoramiento para la
búsqueda de empleo, especialmente como parte de la lucha contra el desempleo
juvenil. Racionalizar los regímenes de renta mínima y de ayuda familiar y
fomentar la movilidad regional.
4.
Suprimir los obstáculos al crecimiento de las empresas, tales como las disposiciones
que dependen del tamaño de las empresas, adoptar la reforma planeada de los
servicios profesionales, acelerar la aplicación de la Ley de Garantía de la
Unidad de Mercado.
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RECOMIENDA
a España que tome medidas en 2016 y 2017 con el fin de:
1. Garantizar una corrección duradera
del déficit excesivo, de conformidad con las decisiones y recomendaciones
pertinentes en el marco del procedimiento de déficit excesivo, tomando las
medidas estructurales necesarias y aprovechando todos los beneficios imprevistos
para reducir el déficit y la deuda. Aplicar en todos los niveles de la
Administración los instrumentos contemplados en la Ley Marco Presupuestaria.
Mejorar los mecanismos de control de la contratación pública y la
coordinación de las políticas de contratación en todos los niveles de la
Administración.
2. Adoptar medidas adicionales que
mejoren la integración en el mercado laboral centrándose en el apoyo individualizado
y aumentando la eficacia de las medidas de formación. Mejorar la capacidad de
los servicios autonómicos de empleo y reforzar su coordinación con los
servicios sociales. Corregir las deficiencias y las disparidades de los
regímenes de renta mínima y mejorar los sistemas de apoyo a las familias,
incluido el acceso a guarderías y cuidados de larga duración de calidad.
3. Adoptar medidas adicionales que mejoren
la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral, entre otras
cosas, estimulando la cooperación entre las universidades, las empresas y el
sector de la investigación. Aumentar la financiación por resultados de los
organismos públicos de investigación y las universidades y adoptar medidas
para estimular la investigación y la innovación por el sector privado.
4. Acelerar la aplicación a nivel
autonómico de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Garantizar la
aplicación por las comunidades autónomas de las medidas de reforma adoptadas
para el sector minorista. Adoptar la reforma prevista de los colegios y
servicios profesionales
|
RECOMIENDA
a España que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:
1.Velar
por el cumplimiento de la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016,
incluidas también las medidas destinadas a reforzar los marcos presupuestario
y de contratación pública. Llevar a cabo una revisión global de los gastos a
fin de detectar ámbitos en los que sea posible aumentar la eficiencia del
gasto.
2. Reforzar
la coordinación entre los servicios autonómicos de empleo, los servicios
sociales y las empresas, a fin de responder mejor a las necesidades de los
solicitantes de empleo y los empresarios. Adoptar medidas destinadas a
promover la contratación por tiempo indefinido. Hacer frente a las
disparidades autonómicas y la fragmentación en los sistemas de renta mínima
garantizada y mejorar el apoyo a las familias, incluido el acceso a
guarderías de calidad. Incrementar la pertinencia de la enseñanza superior
para el mercado laboral. Corregir las disparidades autonómicas en los resultados
educativos, en particular mediante el refuerzo de la formación de los
profesores y el apoyo individual a los estudiantes.
3. Garantizar
un nivel adecuado y sostenido de inversiones en investigación e innovación, y
reforzar su gobernanza en todos los niveles de la Administración. Velar por
la plena y oportuna puesta en práctica de la Ley de garantía de la unidad de
mercado en relación con la legislación vigente y futura.
|
RECOMIENDA
a España que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:
1.
Garantizar el cumplimiento de la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016,
por la que se formula una advertencia en el marco del procedimiento de
déficit excesivo, en particular mediante medidas destinadas a ejecutar los
marcos presupuestario y de contratación pública en todos los niveles de
gobierno. A continuación, garantizar que la tasa máxima de crecimiento del
gasto público primario neto no exceda del 0,6 % en 2019, lo que corresponde a
un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB. Utilizar los beneficios
excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.
2.
Garantizar que los servicios sociales y de empleo tengan capacidad para
apoyar eficazmente a los demandantes de empleo, en particular a través de una
mejor cooperación con los empresarios. Favorecer la transición hacia
contratos indefinidos. Mejorar el apoyo a las familias y abordar las lagunas
en la cobertura de los sistemas de renta mínima garantizada, simplificando la
multiplicidad de sistemas nacionales y reduciendo las disparidades en las
condiciones de acceso a los sistemas autonómicos. Reducir el abandono escolar
prematuro y las disparidades autonómicas en los resultados educativos, en
particular mediante un mejor apoyo a los estudiantes y profesores.
3.
Aumentar la inversión pública en investigación e innovación y evaluar
sistemáticamente las políticas de apoyo en este ámbito a fin de garantizar su
eficacia. Aumentar la cooperación entre el ámbito académico y la empresa, con
vistas a mitigar la actual inadecuación de las cualificaciones.
Avanzar
en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado, velando por
que, a todos los niveles de gobierno, las normas que regulan el acceso y el
ejercicio de las actividades económicas, en particular en el caso de los
servicios, estén en consonancia con los principios de esta Ley, y mejorando
la cooperación entre las administraciones.
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