1. Es un auténtico placer efectuar la recensión de la publicación en la que se recoge la historia del Ministerio de Trabajo desde su creación el 8 de mayo de 2020 hasta llegar a la fecha de su centenario en este convulso y perturbador año 2020 que hemos dejado atrás con la ilusión, que de momento es más que certeza y convicción, de que 2021 sea mucho mejor tanto para la protección de la salud como para la mejora de las condiciones económicas y sociales.
Y digo que es un placer ya que la petición se formula por una de las personas con las que he tenido, y sigo teniendo aunque ahora más por la vía telemática que presencial, más relación desde que me incorporé a la Universidad Autónoma de Barcelona en septiembre de 2007, la Dra. María Jesús Espuny, profesora titular (emérita) dela unidad docente de Historia del Derecho y de las Instituciones, y con la que he debatido en muchas ocasiones, y de la que he aprendido mucho sobre la historia de las relaciones laborales en España y más concretamente del marco jurídico institucional en el que se concreta la actividad política, primero, y el desarrollo normativo después. No es por casualidad, evidentemente, sino por sus muy amplios y acreditados conocimientos de dicha historia que la Dra. Espuny sea la autora de uno de los capítulos del libro, que es sin duda uno de los periodos mas relevante de la historia del mundo del trabajo en España, el correspondiente a la dictadura del General Primo de Rivera, de 1923 a 1931, en el que presta rigurosa y detallada atención al intervencionismo orgánico, la legislación social y la ordenación corporativa de la época.
2. “Debemos dotarnos de un nuevo marco para nuestras relaciones laborales, un Estatuto del Trabajo del siglo XXI, que ponga en su centro los cuidados, y que esté presidido por la igualdad y la corresponsabilidad, con herramientas que ya estamos implementando, como el trabajo a distancia y la flexibilidad horaria. Tenemos que hacer de nuestros trabajos espacios seguros, que amparen aquello más esencial y verdaderamente importante, la vida de las personas trabajadoras. Han pasado cien años y el mundo ha cambiado mucho. Pero los ideales de justicia, trabajo decente y progreso humano que participaron en la creación de nuestro ministerio, hoy Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, reclaman aún su espacio, con la vitalidad y la fuerza de cien años”.
Así finaliza la presentación de la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, del libro cuyo recensión efectúo a continuación, obra colectiva dirigida por el profesor Santiago Castillo y en la que prestigiosas y prestigiosos profesores pasan revista a sus distintas etapas a lo largo de sus cien años de vida, cerrado el mes de mayo de 2020, justamente en las fechas en que hace cien años, por Real Decreto de 8 de mayo de 1920 se creaba el Ministerio de Trabajo y que se vinculaba muy estrechamente en su introducción a la atención que todos los Estados y sus respectivos gobiernos prestaban en aquellos momentos “a las cuestiones sociales y muy determinadamente a cuanto con el trabajo se relaciona, hasta el punto de haber sido objeto de cláusulas especiales en el Tratado de Paz y de Conferencias Internacionales de carácter permanente”. El nuevo Ministerio, se explicaba en dicha introducción y se concretaba después en su muy breve articulado (tres artículos) recogía y aunaba distintos Centros y Organismos dependientes del Estado y agregados a distintos Ministerios que “dedican hoy su actividad a la acción social en relación con el trabajo, y para que después, con tan sólida base, desarrolle mayores actividades y eficacia en orden a las cuestiones de su competencia”.
A su creación, y a la importancia que tiene en la actualidad el Ministerio, le dedicaba el profesor, y reconocido bloguero, Antonio Baylos, una emotiva entrada en su blog el mismo día del centenario: “ElMinisterio de Trabajo cumple cien años”. También ha merecido la atención dicha norma, y por tanto la creación de la estructura orgánica laboral, en otros artículos: Arturo Villoria, “Los orígenes del Ministerio de Trabajo” (nuevatribuna.es, 12 de mayo de 2020); José Babiano y Javier Tébar, “En elcentenario del Ministerio de Trabajo”, Público, 13 de mayo de 2020); Eugenia Torijano, “En el centenario del Ministerio de Trabajo: perfiles de susministros (1920-1982)”, Trabajo y Derecho núm. 70/2020; Daniel Vallés, “El Ministerio de Trabajo 1920-1923: iniciativas normativas relevantes: corporativismo, casas baratas e Inspección de Trabajo, (Iuslabor núm. 2/2020); Alfredo Montoya, "El Ministerio de Trabajo cumple cien años" (Revista Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 227/2020)
3. Como acabo de indicar , el director de la obra es el profesor Santiago Castillo, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, quien se ha encargado también de su prólogo y del primer capítulo, el dedicado a los antecedentes, creación y primeros pasos del Ministerio de Trabajo en España 1920-1923; obra redactada, tal como enfatiza el profesor Castillo, por “verdaderos especialistas tanto en la materia como en los períodos asignados”.
Dicho prólogo es una excelente y muy cuidada síntesis de las diez etapas del Ministerio de Trabajo, con esta u otras denominaciones, y por tanto contenidos, funciones y competencias, que ha tenido a lo largo de la historia, desde su creación en 1920 hasta la finalización del mandato de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el 1 de junio de 2018, una vez que prosperó la moción de censura presentada por el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista Obrero Español al entonces Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Queda pues para las y los historiadores el capítulo del actual MITES, del que sin duda habrá mucho que decir y explicar, y hasta el momento a mi parecer priman mucho más los aspectos positivos, por su ubicación en uno de los momentos históricos más difíciles y complejos para las relaciones sociales (incluyo aquí las económicas y laborales) en España. En cualquier caso, es de plena aplicación también a este período que ahora estamos viviendo la afirmación realizada por el profesor Castillo con relación a los diez que son objeto de estudio en la publicación, cual es que desde su nacimiento en 1920 el Ministerio de Trabajo “va a ser, sin duda, instrumento importante y en muchos aspectos y períodos, clave para el desarrollo de las políticas de los distintos Gobiernos hasta la actualidad. En los referente a la regulación de las relaciones laborales, por supuesto, pero también en lo tocante a las relaciones sociales en general”.
4. En el primer capítulo, el profesor Castillo no solo se refiere al período histórico que encuentra su punto de referencia en la creación del Ministerio de Trabajo, sino que con buen criterio se adentra en la problemática social del siglo XIX y cómo las primeras etapas de abstencionismo legal en la regulación de las relaciones de trabajo fueron dejando paso poco a poco a un primer intervencionismo centrado en la protección de los menores y de las mujeres, y mas adelante en la protección de las condiciones de trabajo, siendo cuestión polémica, y sobre la que hay en la doctrina laboralista diferentes puntos de vista, la razón de dicho intervencionismo, si era la de mejorar realmente la vida de las personas trabajadoras o bien la de evitar una conflictividad social cada vez más frecuente por la aparición de las primeras manifestaciones colectivas del movimiento obrero organizado.
Es en suma, la historia de las relaciones de trabajo y de la aparición del Derecho del Trabajo que se explica en el primer tema de la asignatura dedicada a esta rama del Derecho, y en la que siempre, y estoy seguro de que puedo realizar esta afirmación que compartirán la mayoría de mis compañeros y compañeras, nos falta tiempo para explicar su real importancia, aunque cada vez mas tratamos de poner de manifiesto que algunas realidades laborales del pleno siglo XXI no se diferencian mucho (salvo en el desarrollo tecnológico) de las que se daban en los orígenes de las relaciones de trabajo en plena revolución industrial. El profesor Castillo disecciona con rigurosidad tanto el período histórico anterior a la creación del Ministerio de Trabajo como sus orígenes más cercanos, en especial la creación del Instituto de reformas sociales en 1903, que califica con toda razón de “básico para el análisis de la realidad y para el planteamiento de nuevas normativas”, y concluye que la creación se produjo en una difícil situación política, por lo que sus primeros años “serán de precaria andadura, pues difícilmente podía consolidarse un nuevo Ministerio en situación de tan abierta crisis social que acabaría con la instauración de una Dictadura”.
5. Es justamente la Dictadura del General Primo de Rivera la que es objeto de atención por la profesora Espuny, tal como he indicado con anterioridad, período histórico en el que cabe resaltar la publicación por Real Decreto de 23 de agosto de 1926 del Código de Trabajo, del que la mejor doctrina laboralista (Luis Enrique de la Villa y Carlos Palomeque) citada por la profesora Espuny resaltó que “sentó un papel trascendente en la transición de la legislación obrera hacia un cuerpo normativo y coherente unitario en la regulación de las relaciones de trabajo que constituyó el Derecho del Trabajo”.
Se trata de una etapa en la que pasa a denominarse Ministerio de Trabajo, comercio e industria, y más adelante Ministerio de Trabajo y Previsión. poniendo de relieve la autora que “la intensificación de las reformas administrativas en materia laboral se mantuvo en los dos períodos, Directorio Militar y Directorio Civil, acrecentándose en los momentos finales del régimen”.
Y ello, sin olvidar en modo alguno la importante creación de la organización corporativa nacional, y tampoco, y es bueno confrontar la relación de hace casi cien años atrás con la aprobada hace poco tiempo sobre el trabajo a distancia, la regulación del trabajo a domicilio por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1926 con su reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1927, definido como “el que, siendo de la naturaleza permitida por el mismo, ejecuten los obreros, en el local en que estuviesen domiciliados, por cuenta del patrono, del cual recibirán retribución por la obra ejecutada”, normativa que se encuadraba, según la exposición de motivos del RDL, “dentro de la finalidad tuitiva que persigue en beneficio de una gran masa de trabajadores, en su mayoría pertenecientes al sexo femenino, que hasta ahora aparecían fuera de la protección tutelar del Estado”.
6. La historia laboral de la II República y de la Guerra Civil, es decir del período que va desde 1931 a 1939, con examen diferenciado de la normativa aplicable en el periodo 1931-1936 por una parte, y de la que se aplicó en los territorios de cada de una de las partes enfrentadas desde el 18 de julio de 1936, por otra, es objeto de análisis por la profesora Josefina Cuesta, Catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca, siendo la figura del Ministro socialista Francisco Largo Caballero clave para entender los importantes avances sociales que se produjeron en la primera etapa de este período, señaladamente la Ley de contrato de trabajo de 1931. Si bien, mucho más importante desde la perspectiva política general fue la aprobación de la Constitución republicana, cuyo art. 1 proclamaba que España era “una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia”, y que dedicaba un artículo al trabajo, el 46, cuyo contenido era el siguiente: “El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el Extranjero; las instituciones de cooperación; la relación económico jurídica de los factores que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores”.
Sería este precepto el que se desarrollaría, con avances y retrocesos según el momento político, en la normativa posteriormente aprobada, con normas tan importantes, además de la ya citada ley de contrato de trabajo, como la de asociaciones profesionales, colocación obligatoria y accidentes de trabajo, en un proceso histórico que es calificado acertadamente a mi parecer de modernización del derecho laboral, y que con la guerra civil queda truncado, y tal como explica el profesor Castillo al sintetizar en el prólogo el artículo de la profesora Cuesta, “España retorna al modelo asistencial autoritario y corporativista de los fascismos europeos y se trunca en ella el proyecto modernizador, que estará en la base de los Estados sociales y de bienestar que se extienden por Europa en la segunda postguerra mundial”. Y por decirlo con las palabras de la autora del artículo, nuestra separación de la modernización social que iba a producirse en Europa tras las conflagración bélica, implicaría que “a pesar de la propaganda del régimen dictatorial, este supuso más de treinta años de retraso en el acceso a derechos laborales y sociales”.
7. Franquismo puro, primero inicios de modernización del régimen, transición política y advenimiento de la democracia, gobiernos socialistas, gobiernos de derechas, nuevos gobiernos socialistas, nuevos gobiernos de derechas, hasta llegar a junio de 2018. ¿Se puede resumir en tres líneas la historia del período que va desde 1939 a 2018? Creo que sobra dar una respuesta, y lo único que he pretendido es marcar el momento histórico, de acuerdo también a la periodificación efectuada en la publicación, en el que vive el Ministerio de Trabajo, en sus diversas denominaciones, y cómo se desarrolla la normativa laboral y las relaciones laborales.
Con un muy gráfico titular, “El Ministerio de Trabajo, 1939 – 1957: de la trinchera al franquismo social”, esta etapa es analizada por el profesor Pedro González Murillo de la UCM, cuya tesis doctoral, presentada en 2014, estuvo dedicada justamente a este período, “La política socialfranquista: el Ministerio de José Antonio Girón de Velasco (1941-1957)” y en el que se destaca que la política aplicada durante ese período fue diseñada compaginando “represión y control sobre la masa trabajadora con un modelo de previsión social organizado sobre la base de un conjunto descoordinado de seguros asentado en un criterio profesional no universal”, con una disociación entre las grandes proclamas y la realidad de los derechos laborales colectivos duramente reprimidos y con tipificación delictiva.
Quede para la historia la mención al Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938(, modificado por la Ley Orgánica de 10 de enero de 1967), del que me permito reproducir ahora un fragmento que marca de manera suficientemente clara su contenido: “ 1. El Estado se compromete a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del trabajador, su vida y su trabajo. Limitará convenientemente la duración de la jornada para que no sea excesiva, y otorgará al trabajo toda suerte de garantías de orden defensivo y humanitario. En especial prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica.
2. El Estado mantendrá el descanso dominical como condición sagrada en la prestación del trabajo.
3. Sin pérdida de la retribución y teniendo en cuenta las necesidades técnicas de las empresas, las leyes obligarán a que sean respetadas las fiestas religiosas y civiles declaradas por el Estado.
4. Declarado fiesta nacional el 18 de julio, iniciación del Glorioso Alzamiento, será considerado, además, como Fiesta de Exaltación del Trabajo.
5. Todo trabajador tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas para proporcionarle un merecido reposo, organizándose al efecto las instituciones que aseguren el mejor cumplimiento de esta disposición.
6. Se crearán las instituciones necesarias para que en las horas libres y en los recreos de los trabajadores, tengan éstos acceso al disfrute de todos los bienes de la cultura, la alegría, la milicia, la salud y el deporte”.
En fin, la Ley de reglamentaciones de trabajo, la Ley de Contrato de trabajo, la creación de la Organización Sindical Española (“todos los productores unidos” sin diferencias entre empresarios y trabajadores), la normativa sobre jurados de empresa, entre otras, son las piezas de un puzzle jurídico, al que se sumaba la creación de las magistraturas de trabajo, en el que el objetivo formal era proteger a la personas trabajadora y el real era el de evitar la conflictividad social, sin mucho éxito como es bien sabido por los conflictos que se produjeron desde la histórica huelga de los tranvías en Barcelona en 1951. Tal como sintetiza el profesor Castillo en el prólogo, hubo una “distancia sistemática entre el relato construido por el régimen y los resultados efectivos de sus políticas”.
8. La modernización económica tiene repercusiones en el terreno laboral, y aunque limitadas son un anticipo de aquello que vendrá años después en el inicio de la transición democrática. El profesor Jorge Torrens, del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, analiza el período que va desde el inicio del “desarrollismo industrial” hasta las primera fases de la transición democrática tras el fallecimiento del dictador, en el capítulo que lleva por título “El Ministerio de Trabajo, 1958-1976. Etapa de transformaciones: del desarrollismo económico franquista al inicio de la transición”.
Las referencias normativas en la que el autor ubica el periodo analizado son la primera ley de convenios colectivos sindicales, de 1958, y la Ley de Relaciones Laborales de 1976, norma esta última que se sitúa ya en un momento de cambio político y social que culminaría, aun con gobiernos franquistas, con la Ley para la reforma política sometida a referéndum en diciembre del mismo año y de la que recuerda el profesor Torrens que “formalmente fue la última incorporación a las Leyes fundamentales franquistas”.
Quede para la historia la aprobación de la primera Ley General de Seguridad Social en 1966 , y más allá del período histórico referenciado, la aprobación del Real Decreto-Ley 19/1976 de 8 de octubre por el que se creaba la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales, adelanto jurídico de lo que sería varios meses más tarde la desaparición del sindicalismo vertical y la legalización de las organizaciones sindicales democrática con la Ley de Asociación Sindical de 1 de abril de 1977. Es en suma un período histórico en el que el marco normativo oficial se contrasta con una realidad social en la que la presión del movimiento obrero el terreno laboral y de las fuerzas políticas clandestinas en el marco político van a ir poco a poco contribuyendo a cambiar el marco de las relaciones de trabajo hasta llegar al que se diseña durante la transición democrática.
9. Para quien redacta este texto no es fácil separar su visión personal de los periodos históricos vividos como profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (en tres Universidades: Barcelona, Girona y Autónoma de Barcelona) y en los que he procedido al estudio, en aportaciones doctrinales, y explicación, en mi actividad docente, de aquellos análisis que se realizan por los autores y autoras en los bloques históricos que van desde 1977 hasta 2018, con especial atención a la Constitución de 1978 y la Ley del estatuto de los trabajadores de 1980 y de la que se requiere sin duda una adaptación a la nueva realidad laboral (económica, tecnológica) del siglo XXI. Con todo, el interés de su lectura es que permite, tanto a quienes hemos vivido esas etapas, como a quienes no lo hayan hecho, en todo o en parte, por su edad, tener un excelente conocimiento de las normas dictadas durante cada periodo, y en más de una ocasión con añadidos bien fundamentados de la razón de ser de tales normas y de los factores que influyeron en su elaboración, justamente por haber participado activamente en su elaboración.
En muy apretada síntesis, la historia del período 1977-1981, la del “comienzo y consolidación de la democracia” se efectúa por el profesor Fernando Valdés, Catedrático de DTSS de la UCM, quien destaca la importancia de este período por un triple motivo: en primer lugar , por haber sido durante este periodo el Ministerio “un agente político de primer orden, no sólo para la recuperación de las libertades en el ámbito de las relaciones laborales, sino además para la restauración de la democracia en España”; en segundo lugar, por los cambios orgánicos y funcionales operados; y en tercer lugar, por la numerosa producción normativa, de la que el autor concentra su exposición en ámbitos temáticos tan relevantes como “los derechos de asociación sindical y de huelga, el Estatuto de los trabajadores y la Ley de Empleo”, no siendo desde luego ni mucho menos importante la ratificación por España de los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y derecho de negociación colectiva, y de los pactos internacionales de las Naciones Unidas sobre derechos políticos y civiles, y económicos, sociales y culturales.
10. 1982-1996 es un período sin duda de los más importantes que ha vivido España en su proceso de modernización económica y social, bajos los gobiernos presididos por Felipe González, con algunos “claroscuros” como la primera huelga general convocada por los sindicatos contra un gobierno socialista, el 14 de diciembre de 1988, o la no aprobación de la Ley de Huelga en 1993 , cuando solo faltaba el tramite formal de aprobación por el Senado, por la disolución de las cámaras legislativas y la convocatoria de elecciones generales. Su examen es realizado por otra de las figuras señeras del laboralismo español, el profesor Carlos Palomeque, Catedrático de DTSS de la Universidad de Salamanca, en “Los primeros gobiernos socialistas de la Democracia: 1982-1996”.
No hay duda de que se recordará especialmente la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea a partir del 1 de enero de 1986 y el impacto que supondría para las relaciones económicas y sociales en España, así como la aprobación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical en 1985 una vez que superó el trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo popular de acuerdo la normativa entonces vigentes que permitía la presentación de un recurso contra un proyecto de ley antes de su definitiva aprobación. No menos importante, en fin, fueron los sucesivos acuerdos suscritos por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y que fueron conformando un dialogo social reforzado que, a pesar de todos los “achaques” sufridos con posterioridad, se ha mantenido y reforzado en periodos de crisis tan grave como por ejemplo la que hemos vivido durante 2020 y que seguiremos viviendo como mínimo en la primera mitad de 2021 (y si me equivoco, estaré encantado de rectificar).
La década de los ochenta vio la adecuación del Derecho del Trabajo a la crisis económica padecida por las sociedades occidentales desarrolladas, adecuación producida bien por la vía de la concertación bilateral o trilateral y la plasmación de acuerdos en textos normativos (“legislación negociada”), bien por la propia decisión gubernamental de adoptar medidas legislativas para enfrentarse a la misma. De tal forma, la expresión “Derecho del Trabajo de la crisis” pasó a ser de uso cotidiano para referirse a los cambios que se producían, y una palabra ambigua y ambivalente comenzó a hacer furor, “flexibilidad”, si bien hay que señalar que nuestra disciplina siempre ha sido “flexible”
En España, los cambios se plasmaron fundamentalmente en el terreno de las relaciones individuales de trabajo, vía LET, a través de la introducción de mayores posibilidades del uso de la contratación de duración determinada, no ya sólo para supuestos en los que estuviera estructuralmente justificada, sino también como medida de fomento del empleo, alterándose así el principio de causalidad que había sido el rasgo básico de la contratación laboral. La apuesta operada a mediados de los ochenta por la flexibilidad de entrada tuvo unas consecuencias contradictorias: de una parte se creó un importante número de puestos de trabajo, pero de otra aumentó la inseguridad laboral para buena parte de la población asalariada y significó unos costes económicos importantes para el erario público en términos de protección por desempleo. Buena parte de la dualidad o segmentación que todavía se observa hoy en día en el mercado de trabajo español viene motivada, a mi parecer, por la reforma laboral en materia de contratación temporal operada en 1984.
En el ámbito de las relaciones colectivas la LOLS supuso el desarrollo del art. 28.1 de la CE y un reforzamiento del modelo sindical “fuerte” basado en organizaciones sindicales más representativas tanto de ámbito estatal como autonómicas, modelo aceptado por el TC bien que con importantes y abundantes matizaciones, desde las sentencias dictadas a partir de 1985 y en las que debió pronunciarse sobre presuntas violaciones del derecho de libertad sindical. Una reducción del criterio de la mayor representatividad, y paralela utilización del de la suficiente implantación, se fue operando por la vía de excluir la consideración de la presencia de sindicatos representativos en determinados órganos o instancias como ejercicio de la participación institucional, o por entender que su sola presencia y no la de otros sindicatos violentaba el principio de igualdad constitucional.
11. La etapa histórica 1996-2004, la de los dos gobiernos del Partido Popular bajo la presidencia de José María Aznar, es objeto de cuidado análisis por el profesor Joaquín García Murcia, Catedrático de DTSS de la UCM, para quien la producción normativa de esta etapa en el ámbito del empleo, las relaciones de trabajo y la protección social, alcanzo niveles considerablemente altos, “sin duda por un decidido propósito, del gobierno y del partido político que lo sustentaba, de proceder a una intensa renovación, que en muchos casos trató de ser reorientación o reordenación, del marco legal en todos los terrenos”.
Destaca también el autor algo que, por cierto, se ha ido “consolidando” en la vida política y con traslación al ámbito jurídico, cual es “el uso relativamente intenso de la legislación de urgencia para efectuar reformas en el ámbito de la legislación laboral y de la ordenación del mercado de trabajo”.
Para el profesor García Murcia, sin perjuicio de las distintas valoraciones que pueden efectuarse de la actividad ministerial y de la producción normativa durante este periodo, no es dudoso que contribuyeron, al igual que lo hicieron los precedentes y que lo harían los posteriores, “al asentamiento de nuestro régimen constitucional y al crecimiento de nuestra sociedad en términos de riqueza económica y cultura democrática. Tampoco pueden discutirse sus afanes de lucha contra el desempleo , ni sus esfuerzos en pos de la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social”. Es sin duda, y lo deseo subrayar, una etapa muy importante para la regulación jurídica del trabajo de las personas extranjeras en España, con la aprobación de la Ley Orgánica 4/2000, posteriormente y en varias ocasiones, con restricción en unos casos y ampliación en otras de los derechos, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
12. La etapa histórica de los dos gobiernos socialistas presididos por José Luis Rodríguez Zapatero es analizada y diseccionada por Marí Luz Rodríguez, profesora titular del DTSS de la Universidad de Castilla – La Mancha y Secretaria de Estado de Empleo del 30 de octubre de 2010 al 30 de diciembre de 2011, en el artículo “El Ministerio de Trabajo 2004 -2011: de la esperanza del pleno empleo a la contención de los efectos devastadores de la crisis económica”.
La autora pasa revista a las tres etapas bien definidas, y con distintas denominaciones, del Ministerio de Trabajo, con los ministros Jesús caldera, Celestino Corbacho y Victoriano Gómez. Para la historia de este período quedará en el recuerdo especialmente una de las normas más importantes dictadas en este siglo XXI, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre las mujeres y hombres, que poco a poco fue incorporándose y aplicándose en resoluciones judiciales dictadas con perspectiva de género; una norma de ámbito laboral que había tenido una referencia más general en una ley, la de violencia de género, aprobada en 2004, que persigue acabar con una de las lacras más preocupantes en nuestra sociedad cual es la violencia machista.
Igualmente muy importante, aunque su aplicación práctica fue dejando poco a poco que desear ante la falta de presupuesto adecuado para hacerla efectiva, fue la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, aprobada en 2006. En ese mismo año, el proceso de regularización de población migrante en situación irregular permitió el reconocimiento de derechos a más de 500.000 personas que se encontraban en situación no protegida por la normativa aplicable, muy especialmente en el ámbito laboral.
La reforma de la conocida como “ley de extranjería marcó otro hito importante de este período en 2009. Si bien, creo que la reforma laboral mas importante que debió abordar el Ministerio en la etapa de Celestino Corbacho, y continuada después en la de Valeriano Gómez, con la presencia directa de la autora del artículo, fue la que finalmente se aprobó por Real Decreto-Ley 10/2010 de 16 de junio y que tras su tramitación parlamentaria posterior se convirtió, con ligeras modificaciones en la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, con el objetivo de reducir el nivel de temporalidad y que no contó con el visto bueno sindical que llamó a la huelga general el 29 de septiembre.
La reforma de las políticas activas de empleo y la modificación de la Ley del Estatuto de los trabajadores para potenciar mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos en caso de desacuerdo en el proceso de negociación colectiva, fueron dos de las medidas más relevantes adoptadas en el último año y medio de mandato socialista, que finalizaría con la aprobación de la Estrategia Española de Empleo, en aplicación de las directrices comunitarias. Y en el mientras tanto, la regulación de las agencias privadas de colocación marcó un hito importante en el camino de las reformas en materia de empleo, algunas de las cuales, como una mayor participación de las Administraciones, las locales, que están más cercanas a la ciudadanía, siguen esperando que se concreten.
13. Por último, la etapa de gobierno que se inicia en 2012 nuevamente con el Partido Popular, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, y que se cierra a finales de junio de 2018, es objeto de atención en el artículo de Nuria P. García Piñero, profesora titular de DTSS de la UCM y vocal asesora de la Ministra durante el período 202-2017, por lo que es una conocedora directa de la actividad ministerial durante ese período.
La historia del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (obsérvese la desaparición del término “Trabajo”) y de la Ministra Fátima Báñez será la de la reforma laboral operada en 2012, aprobada por Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, y que olvidó el acuerdo social alcanzado pocos días antes entre los agentes sociales, y que tras su tramitación parlamentaria se convirtió en la Ley 3/2012 de 6 de julio.
En el artículo, titulado “El Ministerio de Empleo y Seguridad Social 2011- 2018: gestión de la crisis, empleabilidad y futuro del trabajo”, la profesora García Piñero repasa la estructura orgánica del Ministerio en primer lugar, y se detiene a continuación en las reformas operadas en el ámbito económico y social en el período de crisis comprendido entre la llegada al poder del gobierno del Partido Popular y los primeros atisbos de salida de aquella en 2015. No es este el momento ni el lugar adecuado, se trata de una recensión y no de una valoración propia, de polemizar con los pareceres de la autora, salvo en uno, cual es, y discrepo como he ido explicando de forma detallada en este blog al analizar la reforma laboral de 2012, que “el diagnóstico y el objetivo de la reforma laboral del Partido Popular son muy similares a los de las dos últimas reformas del Partido Socialista de 2010 y 2011”.
La autora también pasa revista a las medidas adoptadas para reducir el desempleo juvenil, en seguimiento de la normativa comunitaria, y de la lucha contra el fraude y el trabajo irregular, de las medidas (muy polémicas) adoptadas para “consolidar y garantizar el sistema de Seguridad Social”, y de las sucesivas Estrategias Españolas de Activación para el Empleo, acompañadas de los Planes Anuales de Política de Empleo. En su repaso, diferencia claramente el período de crisis (2012-2015) con el que califica de “recuperación económica y del empleo”, que se producirá durante 2016- 2018, y finaliza el texto prestando atención a los debates sobre el futuro del trabajo que tuvieron lugar con ocasión de la iniciativa lanzada por la OIT con ocasión del centenario de su creación en 1919.
13. Como recapitulación final, cabe decir que es una obra que permite conocer muy bien la historia del Ministerio de Trabajo, sus estructuras orgánicas y sus competencias a lo largo de los cien años de vida, y cómo ha influido en las relaciones de trabajo tanto en el plano normativo como en el de la búsqueda del acuerdo y el dialogo social con las organizaciones sindicales y empresariales. Desde dicha perspectiva, y no la de profundizar en los contenidos más detallado de cada etapa, creo que es acertada y cobra pleno sentido la manifestación del director de la obra, el profesor Santiago Castillo, contenida en el prólogo, de que “nuestro objetivo ha sido ofrecer a los lectores una historia diseñada para que, sin perjuicio de insertarse en una visión planificada de conjunto, cada capítulo conserve la vivacidad de ser una “obra de autor” que, en su período, enfatiza los aspectos y matices por él considerados como los más relevantes”.
Buena lectura.
