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jueves, 26 de diciembre de 2019

Unión Europea. La puesta en marcha del semestre europeo 2020. Notas sobre la estrategia anual de crecimiento sostenible 2020, la propuesta de Recomendación sobre la política económica de la zona euro, y el proyecto de informe conjunto sobre el empleo,


1. La nueva Comisión Europea, presidida por Ursula der Leyen, hizo públicos el 17 de diciembre los documentos con los que inicia el ciclo del semestre europeo 2020 de coordinación de las políticas económicas, presupuestarias y sociales, y que he tenido oportunidad de leer, teniendo como punto de referencia principal la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020", en la que se afirma, según la notaoficial de presentación, que “Establece la estrategia de política económica y de empleo de la UE, que sitúa la sostenibilidad y la inclusión social en el centro de la política económica de la UE, en consonancia con las prioridades consagradas en el Pacto Verde Europeo, la nueva estrategia de crecimiento de la Comisión. Su objetivo es garantizar que Europa siga teniendo los sistemas de protección social más avanzados del mundo, se convierta en el primer continente climáticamente neutro y sea un polo dinámico de innovación y emprendimiento competitivo. Dotará a Europa de instrumentos para redoblar los esfuerzos por lograr la justicia social y la prosperidad. En términos más generales, la estrategia de crecimiento sostenible ayudará a la UE y sus Estados miembros a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que la Comisión ha integrado por primera vez en el Semestre Europeo”.  

  
En la Comunicación sobre la citada Estrategia, que será objeto de atención más adelante, se destaca que a lo largo de la  última  década,  “el  Semestre  Europeo  se  ha convertido  en  instrumento  clave  para  la  coordinación  de  las  políticas  económicas  y  de  empleo nacionales”, y que  “como  tal,  puede  ayudar  a  impulsar  estas  políticas  hacia  la  consecución  de  los  ODS, supervisando los avances y garantizando una coordinación más estrecha de los esfuerzos nacionales en el ámbito de las políticas económicas y de empleo, manteniendo su enfoque en cuestiones que tengan implicaciones para el conjunto de la economía”.


Tomando en consideración más general todos los documentos presentados, la Comisión constata que “El Semestre Europeo hará mayor hincapié en la sostenibilidad medioambiental al facilitar orientaciones específicas a los Estados miembros sobre los ámbitos en que resultan más necesarias las reformas estructurales y las inversiones en pro de un modelo económico sostenible. Las orientaciones políticas en el marco del Semestre Europeo contribuirán también a aumentar la productividad, ya que fomentarán las inversiones y las reformas estructurales a fin de estimular la investigación y la innovación, mejorar el acceso a la financiación y el funcionamiento de los mercados de productos y servicios, y eliminar los cuellos de botella en el entorno empresarial. La equidad debe salvaguardarse mediante la aplicación de políticas sociales que garanticen unas condiciones de trabajo justas para todos y permitan a las personas adaptarse a circunstancias cambiantes en un período de grandes transformaciones. La estabilidad macroeconómica debe preservarse mediante el respeto de las normas presupuestarias, aprovechando al mismo tiempo toda la flexibilidad de que están dotadas, haciendo frente a los desequilibrios y completando la Unión Económica y Monetaria europea (UEM)”.

La CE ha presentado varios documentos. Además del dedicado a la estrategia sostenible, se han publicado, la propuesta de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona euro, con el fin de integrar mejor las dimensiones nacionales y de la zona del euro de la gobernanza económica de la UE, el Informe sobre el mecanismo de alerta, la Propuesta de informe conjunto sobre el empleo (PICE), el Informe sobre el funcionamiento del mercado único, y  el segundo informe de seguimiento anual sobre la aplicación del programa de apoyo a las reformas estructurales de 2018.

Respecto al PICE, se presenta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 148 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), documento en el que se ofrece “un resumen anual de las evoluciones más importantes en materia social y de empleo en Europa, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros, en consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. La información sobre estas reformas respeta la estructura de las orientaciones: impulsar la demanda de mano de obra (orientación n.º 5), mejorar la oferta de mano de obra, las capacidades y las competencias (orientación n.º 6), mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo (orientación n.º 7) y fomentar la inclusión social, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades (orientación n.º 8)”. Además, el Informe supervisa los resultados de los Estados miembros en relación con el cuadro de indicadores sociales establecido en el contexto del pilar europeo de derechos sociales aprobado en la cumbre interinstitucional de Gotemburgo celebrado el 17 de noviembre de 2017.

En la presentación de los documentos del semestre europeo, se enfatizó por el Vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsable de una economía al servicio de las personas, la importancia de adaptar la economía europea a los cambios medioambientales, tecnológicos y demográficos para que Europa “siga siendo una potencia económica a escala mundial y lo haga de una manera sostenible y justa. Por su parte, el comisario de Economía, Paulo Gentiloni, subrayó que una de sus prioridades en el primer año de mandato será “integrar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en el semestre europeo”.

Desde la perspectiva más estrictamente social, el comisario de empleo y derechos sociales, Nicolas Schmit, destacó lo siguiente: “La nueva estrategia integra los principios de lucha contra las desigualdades y de búsqueda de una convergencia económica y social al alza consagrados en el pilar europeo de derechos sociales. El número de personas en activo en la actualidad se encuentra en un nivel récord, pero persisten las disparidades. En un mundo en rápida transformación y en una economía en la que la innovación es clave, tenemos que facilitar un mejor acceso al mercado laboral e invertir más en capacidades para aquellos que necesitan adaptarse a la transición digital y ecológica, especialmente para los más vulnerables. La justicia social debe ser parte integrante de esta nueva línea de trabajo”.  

Analizo a continuación algunos de los contenidos más relevantes de los documentos citados en el título de esta entrada por lo que respecta a sus contenidos referidos a las políticas de empleo y protección social. Para el estudio y análisis de los documentos presentados en 2019 remito a esta entrada, y para los anteriores desde 2014 a esta. 


2. El texto de referencia obligada es la Comunicación de la CE dedicada a la Estrategiaanual de crecimiento sostenible 2020, cuya primera frase marca todo el documento y sus objetivos y finalidades: “El crecimiento económico no es un fin en sí mismo. La economía debe estar al servicio de las personas y el planeta”, y expone que la nueva estrategia de crecimiento, articulada a través de Pacto Verde Europeo anunciado por la presidente de la CE en su declaración de intenciones para su mandato, deberá conciliar cuatro dimensiones, que son “el medio ambiente, la productividad, la estabilidad y la equidad”, vinculándolos con la especial atención a los aspectos económicos y los relacionados con el empleo.  


El documento parte del crecimiento de la economía europea, aunque se apunte una cierta ralentización, del aumento del empleo y del descenso del número de personas desempleadas, si bien apunta un dato que va a tener real importancia en el futuro a medio plazo, y que requiere de medidas que permitan adaptarse a la nueva realidad, cual será a corto plazo el envejecimiento de la población en once Estados “en más de un 3 % a partir de 2024”, y que a medio-largo plazo “la población activa de la UE caerá un 12 % de aquí a 2060”.


Desde la perspectiva más social, me interesa destacar que el objetivo de la nueva CE es garantizar que la agenda económica que se instrumente durante su mandato “preste especial atención a las regiones, las industrias y los trabajadores para los que la transición suponga un mayor esfuerzo”, por cuanto que las disparidades dentro de la Unión han ido aumentando y más concretamente “el 10 % de las regiones mejor clasificadas en términos de productividad son seis veces más productivas que el 10 % de las regiones mejor clasificadas”.

Desde un planteamiento inclusivo que me parece muy positivo, al menos desde la reflexión teórica y a la espera de que se plasme en la realidad, la necesidad de búsqueda de acuerdos se configura como necesaria, ya que se subraya que “a la hora de  trabajar  por  un crecimiento más inclusivo, la integración al mercado laboral de trabajadores menos cualificados puede reducir  la  productividad  media  a  corto  plazo.  Sin embargo, ello no cambia la ventaja  que  supone  a largo plazo la integración en el mercado laboral, que contribuye a crear una sociedad más equilibrada y próspera en el tiempo”. 

Apunta la importancia del cambio tecnológico, algo cada vez más importante en nuestra realidad económica y social, y apunta con plena corrección a mi parecer, que “los  datos  y  la  inteligencia  artificial  son  grandes  motores  de  la innovación que pueden ayudarnos a encontrar soluciones para los retos sociales en ámbitos como el de la salud o la agricultura y la producción de alimentos, la seguridad o la industria”. Y se apuesta por una inversión “de gran alcance” en la educación y el desarrollo de capacidades, subrayando que “Las estrategias globales en materia de capacidades deben centrarse en las necesidades individuales para actualizar y reciclar las capacidades, una  responsabilidad  compartida  entre  particulares,  empresas  y  gobiernos,  teniendo  en  cuenta  las necesidades de los más vulnerables”.

Una parte destacada del documento está dedicada a cómo avanzar en la mejora de condiciones de trabajo, con desarrollo de las líneas y principios marcadas en pilar europeo de derechos sociales, debiendo ser leída esta parte del documento en estrecha relación con el texto del Informe del PICE y también con el informe económico de la zona euro.

Los datos son claros y han sido ya puestos de manifiesto en numerosos informes anteriores, con los que basta ahora realizar una breve recapitulación: cerca de un 10 % de trabajadores en la Unión siguen teniendo la consideración de “working poors”; la importancia de la contratación temporal (es curioso que todavía se le sigue denominándola “atípica”), que es sinónimo es muchas ocasiones de precariedad/inestabilidad, por lo que se trata de “promover las transiciones hacia los contratos indefinidos”; las desventajas de la población femenina en el mercado de trabajo (brecha salarial, brecha contractual…); la atención especial a los colectivos más vulnerables y la lucha contra el dumping social y la contratación irregular.

Y, entre otros, la necesidad de una mejor protección social para todas las personas que lo necesiten, de tal manera que “para  garantizar que los  trabajadores sigan  recibiendo apoyo incluso  en caso de fuerte perturbación económica, un Régimen Europeo de Reaseguro de Prestaciones por Desempleo -SURE podría  complementar  la  acción  nacional”.   En esta línea, y a la espera de conocer como se instrumentará, el documento apunta una propuesta digna de merecer interés, en línea con las orientaciones políticas de la nueva CE, cual es la puesta en marcha de un nuevo mecanismo económico de transición justa, que “proporcionará apoyo  específico  a  los  ciudadanos  y  regiones  más  afectados  y  velará  por  que  nadie  quede  rezagado. Hará especial hincapié en la reconversión de las regiones más afectadas por la progresiva sustitución de los combustibles fósiles”.


3. Parecidas propuestas, como no podría ser de otra forma, se recogen en la propuesta deRecomendación sobre la política económica de la zona euro. 

En primer lugar, se recuerda que si bien los indicadores del mercado de trabajo siguen mejorando, lo hacen a un ritmo más lento que en años anteriores, siendo las previsiones de mayor ralentización a corto plazo y teniendo aún presentes muchos retos relativos a la calidad del empleo. A continuación, y de manera casi idéntica a la expuesta en el documento anterior, se subraya que la transición ecológica debe ser inclusiva y por ello “tendrá que ir acompañada de inversiones en la adquisición de cualificaciones y en apoyo para las transiciones laborales, a fin de garantizar que todos los ciudadanos cosechen los beneficios del cambio tecnológico, en particular en aquellos sectores y regiones que se han quedado rezagados en el proceso de transición digital y ecológica”, a fin de evitar el incremento de las desigualdades tanto entre territorios como entre personas, al mismo tiempo que avanzar de forma gradual en un proceso de convergencia al alza dentro de los Estados miembros. Se critica que la presión fiscal está sesgada en perjuicio del factor trabajo, y se avanza que una mayor presión tributaria sobre la propiedad inmobiliaria o el medio ambiente tendrían “efectos menos perjudiciales sobre el crecimiento y sobre la oferta y la demanda de mano de obra”, a la par que contribuirían “al crecimiento sostenible incentivando un comportamiento «más ecológico» por parte de los consumidores y productores”.

En menciones concretas a los aspectos sociolaborales, se insiste en la conveniencia y necesidad de desarrollar el pilar europeo de derechos sociales, en la perspectiva de mejorar las condiciones de vida y de trabajo, de tal manera que se promueva empleo de calidad, se reduzca la segmentación del mercado de trabajo y se potencie el diálogo social, al mismo tiempo, como ya he apuntado, que es necesario un amplio y sostenido esfuerzo a favor de la mejora de las cualificaciones de una buena parte de la población trabajadora escasamente preparada para el cambio tecnológico y ecológico. No falta la obligada referencia, en cada nuevo documento comunitario, a la importancia de trabajo en la economía de las plataformas, siquiera sea indirectamente, ya que la mención es a las nuevas (¿o no tan nuevas en muchas ocasiones? me pregunto) formas atípicas de empleo, para las que la legislación debería ofrecer condiciones laborales equitativas y dignas, ya que “brindan nuevas oportunidades, aunque también plantean retos desde la perspectiva la seguridad del empleo y la protección social”. En la misma línea que la Comunicación sobre la estrategia sostenible, se enfatiza que la CE tiene la intención de promover “un régimen europeo de reaseguro de prestaciones por desempleo con el fin de proteger mejor a las ciudadanos si se producen perturbaciones económicas”.

Todas las manifestaciones contenidas en los párrafos anteriores y que se encuentran en la parte introductoria del documento, se concretan en la Recomendación núm. 3 dirigida a todos los miembros de la zona euro durante el período 2020.2011, para que adopten las siguientes medidas:

“Reforzar los sistemas de educación y formación y la inversión en la adquisición de cualificaciones. Aumentar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo que apoyan la integración en él y la resolución satisfactoria de las transiciones en el mercado de trabajo, en particular hacia la creación de más empleos en los sectores digital y ecológico. Promover la participación en el mercado laboral, en particular la de las mujeres, y desplazar la presión tributaria del trabajo hacia otros factores, en particular en beneficio de las personas que perciben pocos ingresos y las segundas fuentes de ingresos del hogar. Fomentar la creación de empleo de calidad y unas condiciones laborales justas, y abordar la segmentación del mercado laboral. Mejorar el acceso a unos sistemas de protección social adecuados y sostenibles. Aumentar la eficacia del diálogo social y promover la negociación colectiva”.


4. El estudio sobre el crecimiento es acompañado anualmente del proyecto de informeconjunto sobre el empleo de la Comisión y el Consejo, que será definitivamente aprobado, como en años anteriores, en el Consejo de marzo de 2020. Se trata de un extenso documento de 166 páginas, que dedica su capítulo I a las principales tendencias sociales y de mercado laboral en la Unión; más adelante, son objeto de presentación “los principales resultados del análisis del cuadro de indicadores sociales asociado al pilar europeo de derechos sociales”, mientras que en el capítulo 3 “se ofrece una descripción detallada por país de los indicadores clave (incluidos los del cuadro de indicadores sociales) y de las políticas aplicadas por los Estados miembros para satisfacer las orientaciones para las políticas de empleo”.

El documento constata los progresos puestos en práctica en nueve de los catorce indicadores sociales que acompañan al pilar, y observa una estabilidad o tendencia negativa en los cinco restantes, de los que destacaría el abandono prematuro de la educación o la formación, y la brecha de género en el empleo, así como también que todos los Estados miembros, a excepción de los Países Bajos, tienen un indicador bastante por debajo de la medida o bien con una importante tendencia negativa.

En el caso de España, se encuentra en situación crítica respecto a las personas que abandonan prematuramente la educación y la formación, así como también por lo que respecta a las tasas de empleo, y a la capacidad de sus transferencias sociales para reducir el riesgo de pobreza, mientras que se encuentra entre los Estados UE con mejores resultados en el indicado sobre inscripción de menores en guarderías, y “mejor que la media” en las necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas.


Las tesis centrales o ideas eje del documento guardan, nuevamente hay que reseñarlo, mucha sintonía con el estudio sobre la estrategia sostenible. En los aspectos positivos cabe destacar la fuerte creación de empleo, de tal manera que en el segundo trimestre de 2018, “241,5 millones de personas estaban en situación de empleo en la UE”, es decir 17 millones más que el nivel más bajo alcanzado a mediados de 2013, en el punto álgido de la crisis, con una tasa de empleo del 73,9 % que permite razonablemente pensar que se está cerca de lograr el objetivo del 75 % fijado en la Estrategia Europea 2020, con un especial incremento de la población ocupada en las personas de edad avanzada, es decir de 55 a 64 años, y de las mujeres, con especial impacto entre aquellos altamente cualificados. Por el contrario, la tasas de participación de los trabajadores con niveles bajos de cualificación siguen estando por debajo de la existente en 2008, al mismo tiempo que sigue también baja la presencia de las personas con discapacidad, y el empleo de los migrantes sufre las consecuencias de políticas restrictivas en diversos Estados que dificultan su incorporación regular y estable al mercado laboral.

Las tasas de empleo según los diversos grupos de edad van desde el 35,4 % de los jóvenes de 15 a 24 años (aún 1,9 puntos por debajo de la de 2008), pasando por el 58,7 % de las personas de edad avanzada (incremento de 13 puntos porcentuales con respecto al inicio de la crisis) y del 80, 4 % para la población de 25 a 54 años. También se incrementa la tasa de empleo de la población extranjera, que en el grupo de 20 a 64 años alcanza el 64,5 % en 2018, todavía cerca de diez puntos por debajo de la de ciudadanos de la UE (73,9 %), y habiendo aumentado la diferencia en cuatro puntos desde el inicio de la crisis.

Más luces en el mercado de trabajo: la reducción de las tasas de desempleo, situada en el 6,3 % en la UE, con niveles cercanos o incluso inferiores a los del inicio de la crisis de 2008, si bien nuevamente se alerta de la persistencia de un desempleo elevado en varios países, entre los que se menciona a España.  Ya se habla abiertamente de “escasez de mano de obra” en Estados donde el nivel de desempleo es bajo, si bien la situación de ralentización económica está empezando a hacer disminuir el número de empresas que afirman sufrir dicha escasez.  No obstante, hay que mejorar la protección de las personas desempleadas ya que solo un tercio de los desempleados de corta duración (menos de 12 meses) está cubierto por la protección por desempleo como medio en la Unión.

Cantidad y calidad de empleo deberían ir de la mano para un mercado en el que se apostara por un trabajo decente y digno, pero ya sabemos que las cosas no siempre son tan fáciles y sencillas. Un dato positivo es que si bien hasta 2018 había más empleo pero menos horas trabajadas con respecto al inicio de la crisis, dado que el número de horas de trabajo se ha ido incrementando de forma gradual en los últimos años ello ha significado que, aun cuando el empleo se ha ido desplazando a sectores con menos intensidad de horas de trabajo, en dicho año se superó por primera vez desde 2008 el número de horas trabajadas (+ 0,3 %).  El empleo en el sector servicios supone ya el 74 % de la población ocupada.

¿Qué decir sobre los salarios, los niveles salariales? Que la desigualdad de ingresos “ha aumentado ligeramente, en general, y se mantiene en un nivel elevado en comparación con el período anterior a la crisis, aunque relativamente favorable en comparación con los niveles internacionales. De media en la UE, el 20 % más rico de los hogares cuenta con una renta más de cinco veces superior a la del 20 % más pobre”. Para atajar las desigualdades de renta el proyecto de Informe considera necesario que los Estados miembros adopten medidas en distintos ámbitos, como “el diseño de sistemas fiscales y de prestaciones, la fijación de salarios (mínimos), el fomento de la igualdad de oportunidades en la educación y la formación desde una edad temprana, la garantía del acceso a servicios asequibles y de calidad, la promoción de la igualdad de género y la resolución de las disparidades regionales”.

La brecha entre hombres y mujeres tanto en tasas de empleo como en condiciones salariales se sigue manteniendo sustancialmente en los mismo porcentajes que desde 2013, 11,6 puntos en las primera y 16,2 puntos en la segundas. Con grandes diferencias entre Estados miembros, siguen siendo necesarias medidas que faciliten tanto el acceso de los menores como personas con dificultades físicas por razón de edad avanzada a servicios sociales de calidad y que corrijan el impacto que tiene la parentalidad (y el cuidado de mayores) entre las mujeres con respecto a los hombres.

¿Qué decir sobre el empleo atípico? En el bien entendido que cada vez es más cuestionable que el trabajo indefinido y a tiempo completo sea la forma ordinaria de actividad de la población trabajadora, al menos para una parcela muy amplia de la población juvenil, el Informe pone de manifiesto que en el ámbito geográfico de la UE el empleo temporal se sitúa alrededor del 14 % (superior al 26 % en España), y que más de la mitad de este porcentaje (53 %) es de trabajadores que lo hacen de forma involuntaria, ante la imposibilidad de alcanzar un empleo más estable.  A destacar que hay un 16 % de trabajadores pobres, o working poors, entre quienes están presente en el mercado de trabajo con contratos temporales. En cuanto al trabajo a tiempo parcial involuntario, ha ido disminuyendo de forma gradual desde el inicio de la recuperación en 2014, si bien todavía es un porcentaje bastante elevado, el 24,6 %.

No es sorprendente que las cualificaciones profesionales  adquiridas vías educativa y formativa lleve a una mayor tasa de empleo de la población más cualificada, que se sitúa en un 84,5 %, frente al 73,4 % de  quienes tienen un nivel medio, y de un mucho más reducido porcentaje del 56,1 % para quienes no han completado el segundo ciclo de enseñanza secundaria, subrayándose la preocupación existente por la baja participación (por debajo del 5 %) en actividades formativas de aquellos más especialmente necesitados. Las diferencias por nivel de cualificación también se trasladan a las existentes entre hombres y mujeres, ya que son muy superiores (21,1 puntos) en caso de las mujeres con baja cualificación, reduciéndose sensiblemente hasta 10,9 y 6,8 puntos, cuando la cualificación de la población femenina es media y alta.  

El informe dedica menciones especificas al trabajo en plataformas digitales como “una forma de empleo emergente en los mercados laborales europeos”, y enfatiza tanto los aspectos positivos como los especialmente problemáticos, en la misma línea de otros documentos que han abordado casi monográficamente esta temática. Así, se afirma que el auge experimentado de esta trabajo “abre nuevas oportunidades de empleo y permite que se desarrollen modelos de negocio innovadores, pero también pone en entredicho las prácticas y los marcos jurídicos del mercado laboral (por ejemplo, en lo que se refiere a la protección de las condiciones laborales, el acceso a la negociación colectiva y a los sistemas de protección social), que a menudo no están totalmente adaptados a las nuevas tendencias. Además, plantea nuevas cuestiones en torno al uso de datos personales y de la gestión algorítmica”.


En fin, subrayo como dato positivo, con el que cierro esta comentario, la importancia que confiere la CE al diálogo social para que se lleven a cabo de forma ordenada, y en beneficio de la mayor parte de la población, las medidas propuestas; importancia, que aparece tanto en la Comunicación dedicada a la estrategia sostenible como en el proyecto de informe sobre el empleo,   y que queda bien recogido en esta frase del segundo documento: “El fortalecimiento de la economía social de mercado es indisociable de la mejora de la calidad del diálogo social. En las orientaciones para el empleo se reconoce la participación de los interlocutores sociales en la concepción y la aplicación de las políticas y las reformas de empleo y sociales. En general, la calidad de la participación a nivel nacional y regional se ha mantenido estable en la mayoría de los Estados miembros, aunque siguen existiendo diferencias entre países. Además, aunque la participación general de los interlocutores sociales en el Semestre Europeo ha avanzado lentamente, hay margen para un mayor desarrollo. En particular, esto requeriría en algunos Estados miembros intercambios más previsibles y significativos en torno a la preparación de los programas nacionales de reforma, incluidos los plazos asignados”.

Buena lectura, y a esperar el desarrollo de los próximos acontecimientos a escala europea y el impulso de la nueva CE.  

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