Composición de la comisión negociadora, en convenio colectivo de grupo de empresas, por la parte sindical. Cómputo de los representantes unitarios con mandato prorrogado. Nota a la sentencia de la AN de 30 de marzo de 2017.

1. Es objeto de atención en esta entrada del blog una interesante, a mi parecer, sentenciadictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 30 de marzo, de la que fue ponente el magistrado Ramón Gallo.

En dicha resolución, se pone de manifiesto la conflictividad existente entre organizaciones sindicales respecto a la composición de la comisión negociadora de un convenio colectivo; conflictividad, derivada en gran medida del trasvase de una organización a otra y su impacto en los resultados de las elecciones a representantes de los trabajadores en una empresa y la posterior incidencia sobre la ponderación de los miembros de la comisión negociadora por parte de cada organización sindical, cuando se hubiera decidido que la negociación del nuevo convenio se llevara a cabo por las representaciones sindicales.

El resumen oficial de la sentencia, que permite tener ya un buen conocimiento del litigio y de la resolución judicial, es el siguiente: “Tutela de la Libertad sindical, se vulnera en su vertiente de derecho a la negociación colectiva por el hecho de no reconocer a un sindicato en una determinada negociación la representatividad que por ley le corresponde. La SSAN acoge parcialmente la demanda deducida por CGT y desestima la deducida por ELA impugnado la constitución de la comisión negociadora de un grupo de empresas de seguros. Para el cálculo de la representatividad de cada organización deben ser tenidos en cuenta todos los representantes electos por candidaturas promovidas por las mismas a la fecha de constitución de la Comisión negociadora, con independencia de que su mandato se encuentre prorrogado o no, pues la Disposición Adicional 4ª de la LOLS solo se refiere a los efectos previstos en los arts. 6 y 7 de la misma. Por el contrario, no pueden ser tenidos en cuenta aquellos representantes que a fecha de constitución de la CN ya no se encuentren en el ejercicio de su cargo, aun cuando su vacante no haya sido cubierta”.

2. El litigio encuentra su origen en la decisión empresarial (grupo de empresas) de denuncia del convenio colectivo vigente y petición a las organizaciones sindicales presentes en las empresas del grupo, a través de sus representaciones sindicales (de CCOO, CGT, UGT, SICO, ELA y LAB) de designación de las personas integrantes del banco social.  

Cobra interés reseñar aquí que el escrito se envía el 19 de diciembre de 2016, y que poco después, el dia 28, por varios miembros del comité de una empresa del grupo se dirige escrito a la parte empresarial comunicando que estaba prevista la celebración de elecciones en dicha empresa el mes de febrero 2017, solicitando que se aplazara la constitución de la comisión negociadora hasta dicha celebración, al objeto de tomar en consideración los resultados que se produjeran en la ponderación de la representación de cada sección sindical. ¿Qué había detrás de esta petición? Lo sabemos con toda claridad al leer el hecho probado segundo, en que se hace referencias a los citados miembros del comité, en esos momentos representantes de CCOO y que “tenían intención de concurrir a un nuevo proceso electoral por CGT”.

La petición no fue atendida si seguimos prestando atención a los hechos probados, en los que se da cuenta de que la comisión negociadora se constituyó el 4 de enero, con presencia de las representaciones sindicales “y por voto ponderado en función de su número de  representantes unitarios electos”, que se determinó tomando en consideración los representantes con mandato, vigente o prorrogado, en la fecha de constitución de la comisión, tesis aceptada por todos los sindicatos menos por la CGT, que sostuvo que no podían tomarse en consideración a los efectos del cómputo aquellos representantes que tuvieran su mandato prorrogado.

Es importante destacar, porque también será motivo de la controversia jurídica de la que deberá conocer la AN, que no fueron computados ocho representantes que habían sido elegidos en las candidaturas del sindicato ELA en el anterior proceso electoral, debido al haber causado baja en la empresa, sin que fueran sustituidos.

Sobre los representantes cuyo mandato estaba prorrogado, se contiene una detallada explicación en el hecho probado cuarto, a cuya lectura remito a todas las personas interesadas.  

3. Fue en primer lugar la CGT la que interpuso demanda, el 6 de febrero, en proceso de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, siendo más adelante ELA, el día 27 del mismo mes, la que también lo haría, siendo acumuladas las dos demandas por la Sala y acordando la celebración del acto de juicio el 28 de marzo.

La argumentación de la CGT se centró en la vulneración de su derecho a la libertad sindical por haberse efectuado por los restantes sindicatos, y aceptado por la parte empresarial, un cómputo de representantes unitarios que implicaba una disminución cuantitativa de su presencia en la comisión. La defensa de su argumentación giró sobre el carácter erróneo del cómputo, al haber tomado en consideración a representantes cuyo mandato “se encontraba caducado por haber transcurrido más de cuatro (años) desde su elección”, así como también a un representante que había dimitido de su cargo. La fundamentación jurídica, que no será aceptada por la Sala, se basó en la presunta vulneración de la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, añadida al texto original de la LOLS por  la Ley Orgánica 14/1994, de 19 de mayo, cuyo tenor literal dispone que “Los delegados de personal y los miembros del Comité de Empresa con el mandato prorrogado no se computarán a efectos de determinar la capacidad representativa de los artículos 6 y 7 de la presente Ley”. Por consiguiente, solicitó la declaración de nulidad radical de la conducta de las demandadas (parte empresarial y restantes organizaciones sindicales).

ELA se manifestó en los mismos términos que la CGT respecto a sus peticiones, si bien con una argumentación diferente respecto a su hipotético derecho vulnerado, por entender que el número de miembros que se le habían asignado en la comisión negociadora era incorrecto por no haberse computado en el total de representantes unitarios aquellos delegados cuyo mandato se había extinguido y no habían sido sustituidos, tratándose de ocho trabajadores, siete que habían causado baja en la empresa y el octavo fallecido.

En un caso que sin duda debió ser interesante en cuanto a las argumentaciones de las dos partes demandantes, cada una de ellas se opuso a la argumentación de la otra, algo que tiene razón de ser si nos atenemos a los hechos probados. También se opusieron a las pretensiones de ambas demandantes las restantes partes demandadas, con sólo un allanamiento parcial por parte de CCOO a la demanda de CGT, y que sería aceptado por la Sala, al reconocer que no debía ser computado un representante del sindicato que había dimitido, al haber sido sustituido por otro.

La tesis central de las demandadas (sin que en la sentencia se disponga de información separada sobre las tesis de cada una de ellas, por lo que cabe razonablemente pensar que todas mantuvieron la misma argumentación) se basó en la inaplicación de la disposición adicional cuarta de la LOLS al supuesto debatidos en autos, es decir para determinar la composición de la comisión negociadora de un convenio, cuestión distinta a su parecer de la determinación de la representatividad sindical, debiendo estarse pues al número de representantes con mandato electoral en vigor, ya fuera porque estuvieran con mandato vigente o bien porque hubiera sido prorrogado y siguieran desempeñando las mismas funciones. Queda constancia igualmente, y no alcanzo a entender la fundamentación jurídica, de tal tesis, de la alegación de estar más propiamente ante un conflicto de mera legalidad ordinaria que no de tutela del derecho fundamental de libertad sindical.

4. Será justamente la última alegación referenciada en el párrafo anterior, por las partes demandadas, la que abordará la Sala en primer lugar, para manifestar con claridad y contundencia, con pleno acierto a mi parecer, que estamos en presencia de un conflicto laboral en el que está en juego el derecho fundamental de libertad sindical y por consiguiente el proceso instado ante la Sala por las partes demandantes es totalmente correcto. La Sala recuerda la consolidada doctrina jurisprudencial, tanto del TC como el del TS y de la propia AN, conforme a la cual la exclusión de un sindicato a participar en una comisión negociadora (ya sea total, o parcial como pudiera ocurrir en esta ocasión) supondría una vulneración del derecho de libertad sindical en su vertiente funcional del derecho a la negociación colectiva, en cuanto que parte o contenido esencial del mismo, y por ello cualquier decisión que supusiera un “cercenamiento” de dicho contenido esencial sería contraria al art. 28.1 de la CE.

Aceptada la existencia de un conflicto jurídico que versa sobre la posible vulneración del derecho de libertad sindical, la Sala se adentra ya en la cuestión debatida, a partir de las tesis expuestas en la demanda y de las manifestaciones y argumentaciones de todas las partes en el acto del juicio, o dicho con sus propias palabras, se trata de determinar “cuáles son los representantes unitarios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de conformar la comisión negociadora de un convenio colectivo de grupo de empresas, como es el que nos ocupa, negociado por secciones sindicales, y en el que se acuerda un voto ponderado en función de la representatividad de cada una de ellas”, siendo obligado recordar que los arts. 87 y 88 de la Ley del Estatuto de los trabajadores regulan la participación de los sindicatos, y de sus representaciones sindicales, en las diferentes unidades de negociación, y que el art. 88.1 dispone que el reparto de miembros en la comisión negociadora “se efectuará con respeto al derecho de todos los legitimados según el artículo anterior y en proporción a su representatividad”. 

La Sala trae a colación, a continuación, una ya consolidada doctrina jurisprudencial sobre la necesidad de acreditar la legitimación que cada representación tenga para poder formar parte de la comisión negociadora “en el momento de constitución”, así como también la pacífica doctrina de la AN relativa a que “el sistema de cálculo aritmético responde al criterio de proporcionalidad con los resultados electorales, que consiste en dividir el número de representantes entre el número de los puestos en la mesa negociadora, dividiendo por el mismo cociente el número de representantes obtenido por cada sindicato”.

Entran en juego en el debate jurídico tanto la disposición adicional cuarta de la LOLS como los arts. 67.3 y 67.4 de la LET, mereciendo especial importancia a mi parecer, y también para la Sala, que los representantes se mantendrán en sus funciones, con ejercicio de las competencias conferidas por la normativa legal y mantenimiento de las garantías para el ejercicio de su función, “hasta tanto no se hubiesen promovido y celebrado nuevas elecciones”, y previendo la norma que cuando se produzca una vacante durante el período de mandato, operará la sustitución por el siguiente en la lista electoral (comité de empresa) o por quien haya obtenido el número de votos inmediatamente inferior al del elegido (delegados de personal).

Será, pues, aceptada y mantenida la tesis de la toma en consideración, a los efectos de distribución de los miembros de la comisión negociadora entre las organizaciones sindicales legitimadas al efecto, de los representantes que tuvieran su mandato vigente, estuviere prorrogado o dentro del mandato electoral para el que fueron elegidos, cuando se constituye la comisión. Las dos disposiciones en juego regulan cuestiones jurídicas diferenciadas, sin que alcance a entender, aunque no tenga mayor importancia a mi parecer, la diferenciación que efectúa la Sala entre “norma especial” (disposición adicional cuarta de la LOLS) y “norma general” (art. 67.3.1º de la LET), siendo el precepto de la LOLS referido a la representatividad con alcance general para determinar la condición de sindicato más representativo a escala estatal o autonómica o en un ámbito territorial y funcional específico, mientras que el de la LET está referido sólo a la condición de representante del personal, aun cuando con incidencia directa sobre la composición de una comisión negociadora si quienes negocian son las representaciones sindicales.  Dado que los representantes unitarios electos lo son tanto durante el período para el que fueron elegidos, como en el inmediatamente posterior mientras sigan desarrollando las mismas funciones, la Sala aplica, para reforzar su tesis, la máxima interpretativa de que donde la ley no distingue “no resulta lícito distinguir”.

Respuesta negativa merecerá también la pretensión formulada por ELA, ya que aquellos representantes que han dejado de serlo, ya fuera por haber abandonado la empresa ya por defunción, no pueden computarse como existentes en el momento de constitución de la comisión negociadora. Que no hayan sido sustituidos es responsabilidad en su caso de quienes promovieron la candidatura, encontrándose la Sala ante el dato cierto y no controvertido de la inexistencia de sustitución.

En definitiva, y a salvo de la estimación parcial de la demanda de la CGT respecto al no cómputo de un representante de CCOO, que había dimitido y siendo su puesto ocupado por otro representante que también había sido computado, la Sala desestima las demandas y no aprecia vulneración del derecho fundamental de libertad sindical en su vertiente del derecho a la negociación colectiva.

Buena lectura de la sentencia.