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sábado, 16 de febrero de 2013

Unión Europea. Sobre su presupuesto y el contenido social (inmigración y empleo) del programa de las presidencias irlandesa, lituana y griega (I).



1. ¿Habrá avances en la política social europea durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2014, es decir durante el período de las presidencias semestrales de la Unión Europea que corresponden  a Irlanda (ya en marcha), Lituania y Grecia? No soy precisamente optimista después de leer el programa de trabajo conjunto delas tres presidencias, y tampoco tas la aprobación del Marco FinancieroPlurianual 2014-2020 por parte del Consejo Europeo celebrado la pasada semana en Bruselas.


En cualquier caso, espero que la puesta en marcha de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, dotada con 6.000 millones de euros durante todo el período pueda servir para reducir las tasas de desempleo de un colectivo especialmente castigado por la crisis y por las políticas de recortes y austeridad aplicadas en buena parte de los Estados de la UE y aprobadas por las instancias de dirección comunitarias.

Parece que de dicha partida presupuestaria España puede salir bien beneficiada, cosa lógica por otra parte si reparamos en nuestra elevada tasa de desempleo juvenil que dobla la de la mayor parte de los restantes países de la UE y porque la Iniciativa, según  se recoge en el documento del Consejo de aprobación del MFP, “estará abierta a todas las regiones (Nivel NUTS 2) que tengan tasas de desempleo juvenil por encima del 25 %”. Así lo manifestaba el jueves 14 de febrero la Secretaria de Estado de Presupuestos yGastos, Sra. Fernández Currás, que afirmó que de la partida de 6.000 millones “España se llevará algo más del 30 %, es decir unos 920 millones de euros”. Dinero con el que pueden ponerse en marcha algunas de las medidas anunciadas, pero aún no concretadas, de la futura Estrategia Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.

Según las conclusiones del Consejo, el Fondo actuará en apoyo de la iniciativa juvenil propuesta por la Comisión, y ahora en fase de debate entre los Estados miembros, por la que todos ellos se comprometerían a poner en marcha medidas para acercar o incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo no más de cuatro meses más tarde de la finalización de sus estudios o de una anterior salida de dicho mercado. En explicación de la propia Comisión se trataría de que “en un  máximo de cuatro meses tras acabar los estudios o quedarse en paro, los jóvenes de hasta 25 años reciban ofertas de trabajo, formación, aprendizaje o prácticas de calidad”, con ayuda financiera por parte de la UE a través de la reasignación de recursos del Fondo Social Europeo, siendo el objetivo de la Comisión que la propuesta de Recomendación se apruebe el próximo mes de febrero y se empiecen a adoptar las medidas oportunas por los Estados para su efectiva aplicación, dejando para el período estival de 2013 la puesta en marcha de otras medidas como la alianza europea para la formación de aprendices y la posible adopción de un marco de calidad de las prácticas.

En cuanto al origen de los fondos destinados a la iniciativa juvenil “3 000 millones de euros provendrán de la inversión específica del Fondo Social Europeo en las regiones subvencionables del nivel NUTS 2, proporcionalmente al número de jóvenes desempleados en tales regiones, y 3 000 millones provendrán de una línea presupuestaria específica para Empleo Juvenil, dentro de la subrúbrica 1b). El derecho a subvención y el número de jóvenes desempleados se determinarán sobre la base de las cifras de la Unión para el año 2012…”. Justamente cabe pensar que una parte de esos fondos servirán para la puesta en marcha de uno de los objetivos marcados en materia de empleo por las tres presidencias, ámbito en el que apuestan, con carácter general, por ir desarrollando las medidas presentadas por la Comisión en  2012 y que han merecido mi atención en anteriores entradas del blog, haciendo hincapié “en la creación de empleo de calidad, la reforma estructural de los mercados de trabajo y la inversión en capital humano…·. En efecto, la concreción económica que debe significar la aplicación práctica, una vez que se apruebe, de la Recomendación del Consejo relativa a la garantía juvenil, debe llevar al uso de esos recursos por los Estados miembros; dicha Recomendación no debe quedar aislada, sino que se plantea “en el contexto del conjunto de medidas para la transición de los jóvenes, así como otras medidas para reducir la exclusión juvenil por medio de mercados de trabajo integradores”.

Sobre la iniciativa juvenil, y más en general sobre la política europea, vale la pena leer la propuesta “Hacia una Europa federal”, presentada esta semana por la delegación española del “Grupo de la alianza progresista de socialistas y socialdemócratas en el Parlamento Europeo”, en la que se subraya que “la reducción de los déficit públicos y los niveles de endeudamiento de los Estados es importante pero no suficiente para lograr un crecimiento económico”, y para complementar el Pacto Europeo por el Crecimiento aprobado en junio, proponen, entre otras medidas “Garantía Juvenil para reintegrar a los jóvenes en la sociedad y en el mercado laboral en Europa, un plan de empleo juvenil por valor de al menos 10.000 millones de euros a través de reasignaciones de fondos y una nueva partida presupuestaria en las próximas perspectivas financieras, que se concentre en aquellos países con mayores índices de desempleo entre los jóvenes”.

Respecto al montante total del gasto de la UE, ya con Croacia en su seno en 2014, el MFP lo fija para el período 2014-2020  en “959 988 millones de euros en créditos de compromiso, lo que representa el 1,00 % de la renta nacional bruta (RNB) de la UE, y de 908 400 millones de euros en créditos de pago, lo que representa el 0,95 % de la RNB de la UE”. Esta cantidad queda bastante lejos de la propuesta contenida  en el documento citado en el párrafo anterior, en el que se propone un “aumento gradual del presupuesto comunitario, hasta alcanzar el 3% del PIB de la UE al final del nuevo periodo del Marco Financiero Plurianual de 2020-2026, reorientándolo decididamente hacia programas de I+D+i, tecnologías limpias, apoyo a PYMES e infraestructuras para el crecimiento económico”.


2. En el ámbito de los denominados “asuntos de interior”, el documento de las tres presidencias incluye todo lo relativo a la política de inmigración y asilo, marcando una política continuista con respecto a las anteriores presidencias, asumiendo como “prioridad fundamental el desarrollo de una política común de inmigración capaz de contribuir al programa de crecimiento de la UE”

A) Esta prioridad pasa por intentar avanzar, (se habla con un ¿excesivo? optimismo de “concluir”), en la aprobación de las propuestas de Directivas que están desde hace ya bastante tiempo siendo objeto de debate, las referidas a los trabajadores de temporada y a los desplazados en el seno de la propia empresa, y modificar las directivas vigentes sobre admisión de estudiantes e investigadores, algo realmente importante a mi parecer si queremos potenciar la calidad de nuestros centros de estudio e investigación.

B) Se apuesta, sin mayor concreción por seguir avanzado en políticas de integración más eficaces, o dicho de otra forma en ejecutar la “Agenda europea para laintegración de nacionales de terceros países”. Recordemos que en la Agenda  se analiza la integración como una responsabilidad compartida, partiendo del planteamiento previo, en el marco jurídico vigente, que no es la UE la que ha de determinar las estrategias nacionales de integración, pero sí que puede (ex artículo 79.4 del Tratado de funcionamiento de la UE) “proporcionar un marco para el seguimiento, la evaluación comparativa y el intercambio de buenas prácticas, y establecer incentivos mediante los instrumentos financieros adecuados”. Las medidas más concretas para incentivar la integración recogidas en la Agenda  son las siguientes:

a) En primer lugar, pasa por la mayor participación de los migrantes en las sociedades de acogida. Ello requiere poner en marcha medidas de apoyo al aprendizaje de las lenguas oficiales, políticas adecuadas de acceso al empleo (puede ser necesario poner en marcha “programas de introducción” para que la persona migrante adquiera un previo conocimiento del mercado laboral en el que va a operar, y aquí me viene ahora a la mente la ley catalana de acogida de la población inmigrada), la educación y la formación profesional, y la lucha decidida contra todo tipo de discriminación (recuérdese los importantes instrumentos jurídicos europeos de protección contra todo tipo de discriminación, incluyendo el que ocurre por raza o etnia).

b) La integración pasa por conseguir la igualdad de trato y un sentimiento de pertenencia, desde el respeto de los valores universales y los derechos fundamentales que están consagrados en el Tratado. La participación política y social cobra aquí pleno sentido, con una llamada de la Comisión a que los Estados faciliten el derecho al voto en las elecciones locales y la participación de representantes del colectivo migrante en los diferentes órganos consultivos locales, regionales y nacionales. El pleno respeto del principio de no discriminación es responsabilidad de los Estados, debiendo asegurarse la Comisión de “la correcta y plena aplicación de las directivas existentes en el ámbito de la no discriminación y de la migración legal”.

c) La atención a colectivos vulnerables, y a evitar la segregación por razón de instalación en zonas urbanas desfavorecidas, es una de las medidas más importantes para facilitar la integración, y así lo demuestran (aunque los resultados sean desiguales) las políticas emprendidas por diversos Estados (España y Francia entre ellos). Se trata de apoyar el desarrollo urbano y estimular la actividad económica y cultural, con el objetivo de contribuir a la cohesión social. De ahí la importancia de los llamados “pactos territoriales” con implicación de poderes públicos y organizaciones sociales, con medidas de carácter urbanístico y de empleo, o lo que es lo mismo “con un enfoque integrado, con objeto de evitar la segregación”. El apoyo de la Comisión a tales pactos debe manifestarse a través del Fondo Europeo para la Integración de los Nacionales de Terceros Países, fijándose unos objetivos claros en tales pactos para poder obtener fondos europeos y que pasarían por incrementar, en el ámbito territorial de referencia, las tasa de empleo, los niveles de educación, la inclusión social y la ciudadanía activa.

d) La integración no afecta sólo a las políticas que se adopten en los países de acogida. Los países de origen también han de jugar un papel importante en el apoyo al proceso; los inmigrantes deben tener información adecuada sobre todo aquello (idioma, requisitos profesionales, documentación) que necesitan para su integración regular, y también la UE puede ayudar a ello mediante la puesta en marcha,  de un portal UE sobreinmigración. Deben producirse contactos entre las comunidades en el exterior y los países de origen, y ahí las remesas de los inmigrantes y la transferencia de conocimientos pueden jugar un papel de primera importancia en el desarrollo de los países de origen y el fomento del espíritu empresarial. En fin, los países de origen pueden preparar el retorno temporal (política de migración circular que reconozca los derechos de las personas inmigradas y que no les dificulte, en el Estado de acogida, el retorno) o definitiva de los migrantes. Para ello se requiere, y en general para toda la política de integración, reforzar los mecanismos de cooperación, consulta y coordinación entre los países de origen y los de acogida.

e) Por último, cabe decir que el seguimiento de los resultados obtenidos es fundamental para conocer el grado real de eficacia de las políticas adoptadas tanto en el seno de la UE como de los distintos Estados que la componen. La Comisión trabaja con cuatro indicadores adoptados por el Consejo en junio de 2010 y que afectan a las cuestiones abordadas con anterioridad: empleo, enseñanza, inclusión social y ciudadanía activa”. Su seguimiento deberá servir para mejorar el proceso europeo de aprendizaje de las diversas realidades de la integración, correspondiendo a la Comisión supervisar la evolución de la situación y formular recomendaciones, “previo diálogo con los Estados miembros”.

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