1. ¿Habrá
avances en la política social europea durante el período comprendido entre el 1
de enero de 2013 y el 30 de junio de 2014, es decir durante el período de las
presidencias semestrales de la Unión Europea que corresponden a Irlanda (ya en marcha), Lituania y Grecia? No
soy precisamente optimista después de leer el programa de trabajo conjunto delas tres presidencias, y tampoco tas la aprobación del Marco FinancieroPlurianual 2014-2020 por parte del Consejo Europeo celebrado la pasada semana
en Bruselas.
En cualquier
caso, espero que la puesta en marcha de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, dotada
con 6.000 millones de euros durante todo el período pueda servir para reducir
las tasas de desempleo de un colectivo especialmente castigado por la crisis y
por las políticas de recortes y austeridad aplicadas en buena parte de los
Estados de la UE y aprobadas por las instancias de dirección comunitarias.
Parece que de
dicha partida presupuestaria España puede salir bien beneficiada, cosa lógica
por otra parte si reparamos en nuestra elevada tasa de desempleo juvenil que dobla
la de la mayor parte de los restantes países de la UE y porque la Iniciativa,
según se recoge en el documento del
Consejo de aprobación del MFP, “estará abierta a todas las regiones (Nivel NUTS
2) que tengan tasas de desempleo juvenil por encima del 25 %”. Así lo
manifestaba el jueves 14 de febrero la Secretaria de Estado de Presupuestos yGastos, Sra. Fernández Currás, que afirmó que de la partida de 6.000 millones “España
se llevará algo más del 30 %, es decir unos 920 millones de euros”. Dinero con
el que pueden ponerse en marcha algunas de las medidas anunciadas, pero aún no
concretadas, de la futura Estrategia Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.
Según las
conclusiones del Consejo, el Fondo actuará en apoyo de la iniciativa juvenil
propuesta por la Comisión, y ahora en fase de debate entre los Estados
miembros, por la que todos ellos se comprometerían a poner en marcha medidas
para acercar o incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo no más de cuatro
meses más tarde de la finalización de sus estudios o de una anterior salida de
dicho mercado. En explicación de la propia Comisión se trataría de que “en
un máximo de cuatro meses tras acabar
los estudios o quedarse en paro, los jóvenes de hasta 25 años reciban ofertas
de trabajo, formación, aprendizaje o prácticas de calidad”, con ayuda
financiera por parte de la UE a través de la reasignación de recursos del Fondo
Social Europeo, siendo el objetivo de la Comisión que la propuesta de
Recomendación se apruebe el próximo mes de febrero y se empiecen a adoptar las
medidas oportunas por los Estados para su efectiva aplicación, dejando para el
período estival de 2013 la puesta en marcha de otras medidas como la alianza
europea para la formación de aprendices y la posible adopción de un marco de
calidad de las prácticas.
En cuanto al
origen de los fondos destinados a la iniciativa juvenil “3 000 millones de
euros provendrán de la inversión específica del Fondo Social Europeo en las
regiones subvencionables del nivel NUTS 2, proporcionalmente al número de
jóvenes desempleados en tales regiones, y 3 000 millones provendrán de una
línea presupuestaria específica para Empleo Juvenil, dentro de la subrúbrica
1b). El derecho a subvención y el número de jóvenes desempleados se
determinarán sobre la base de las cifras de la Unión para el año 2012…”. Justamente
cabe pensar que una parte de esos fondos servirán para la puesta en marcha de
uno de los objetivos marcados en materia de empleo por las tres presidencias,
ámbito en el que apuestan, con carácter general, por ir desarrollando las
medidas presentadas por la Comisión en
2012 y que han merecido mi atención en anteriores entradas del blog,
haciendo hincapié “en la creación de empleo de calidad, la reforma estructural
de los mercados de trabajo y la inversión en capital humano…·. En efecto, la
concreción económica que debe significar la aplicación práctica, una vez que se
apruebe, de la Recomendación del Consejo relativa a la garantía juvenil, debe
llevar al uso de esos recursos por los Estados miembros; dicha Recomendación no
debe quedar aislada, sino que se plantea “en el contexto del conjunto de
medidas para la transición de los jóvenes, así como otras medidas para reducir
la exclusión juvenil por medio de mercados de trabajo integradores”.
Sobre la
iniciativa juvenil, y más en general sobre la política europea, vale la pena
leer la propuesta “Hacia una Europa federal”, presentada esta semana por la delegación
española del “Grupo de la alianza progresista de socialistas y socialdemócratas
en el Parlamento Europeo”, en la que se subraya que “la reducción de los
déficit públicos y los niveles de endeudamiento de los Estados es importante
pero no suficiente para lograr un crecimiento económico”, y para complementar el
Pacto Europeo por el Crecimiento aprobado en junio, proponen, entre otras
medidas “Garantía Juvenil para reintegrar a los jóvenes en la sociedad y en el
mercado laboral en Europa, un plan de empleo juvenil por valor de al menos
10.000 millones de euros a través de reasignaciones de fondos y una nueva
partida presupuestaria en las próximas perspectivas financieras, que se
concentre en aquellos países con mayores índices de desempleo entre los jóvenes”.
Respecto al
montante total del gasto de la UE, ya con Croacia en su seno en 2014, el MFP lo
fija para el período 2014-2020 en “959
988 millones de euros en créditos de compromiso, lo que representa el 1,00 % de
la renta nacional bruta (RNB) de la UE, y de 908 400 millones de euros en
créditos de pago, lo que representa el 0,95 % de la RNB de la UE”. Esta
cantidad queda bastante lejos de la propuesta contenida en el documento citado
en el párrafo anterior, en el que se propone un “aumento gradual del
presupuesto comunitario, hasta alcanzar el 3% del PIB de la UE al final del
nuevo periodo del Marco Financiero Plurianual de 2020-2026, reorientándolo
decididamente hacia programas de I+D+i, tecnologías limpias, apoyo a PYMES e infraestructuras
para el crecimiento económico”.
A) Esta
prioridad pasa por intentar avanzar, (se habla con un ¿excesivo? optimismo de “concluir”),
en la aprobación de las propuestas de Directivas que están desde hace ya
bastante tiempo siendo objeto de debate, las referidas a los trabajadores de
temporada y a los desplazados en el seno de la propia empresa, y modificar las
directivas vigentes sobre admisión de estudiantes e investigadores, algo
realmente importante a mi parecer si queremos potenciar la calidad de nuestros
centros de estudio e investigación.
B) Se apuesta,
sin mayor concreción por seguir avanzado en políticas de integración más
eficaces, o dicho de otra forma en ejecutar la “Agenda europea para laintegración de nacionales de terceros países”. Recordemos que en la Agenda se analiza la integración como una
responsabilidad compartida, partiendo del planteamiento previo, en el marco
jurídico vigente, que no es la UE la que ha de determinar las estrategias
nacionales de integración, pero sí que puede (ex artículo 79.4 del Tratado de funcionamiento de la UE)
“proporcionar un marco para el seguimiento, la evaluación comparativa y el
intercambio de buenas prácticas, y establecer incentivos mediante los
instrumentos financieros adecuados”. Las medidas más concretas para incentivar
la integración recogidas en la Agenda son
las siguientes:
a) En primer
lugar, pasa por la mayor participación de los migrantes en las sociedades de
acogida. Ello requiere poner en marcha medidas de apoyo al aprendizaje de las
lenguas oficiales, políticas adecuadas de acceso al empleo (puede ser necesario
poner en marcha “programas de introducción” para que la persona migrante
adquiera un previo conocimiento del mercado laboral en el que va a operar, y
aquí me viene ahora a la mente la ley catalana de acogida de la población
inmigrada), la educación y la formación profesional, y la lucha decidida contra
todo tipo de discriminación (recuérdese los importantes instrumentos jurídicos
europeos de protección contra todo tipo de discriminación, incluyendo el que
ocurre por raza o etnia).
b) La
integración pasa por conseguir la igualdad de trato y un sentimiento de
pertenencia, desde el respeto de los valores universales y los derechos
fundamentales que están consagrados en el Tratado. La participación política y
social cobra aquí pleno sentido, con una llamada de la Comisión a que los
Estados faciliten el derecho al voto en las elecciones locales y la
participación de representantes del colectivo migrante en los diferentes
órganos consultivos locales, regionales y nacionales. El pleno respeto del
principio de no discriminación es responsabilidad de los Estados, debiendo
asegurarse la Comisión de “la correcta y plena aplicación de las directivas
existentes en el ámbito de la no discriminación y de la migración legal”.
c) La atención a
colectivos vulnerables, y a evitar la segregación por razón de instalación en
zonas urbanas desfavorecidas, es una de las medidas más importantes para
facilitar la integración, y así lo demuestran (aunque los resultados sean
desiguales) las políticas emprendidas por diversos Estados (España y Francia
entre ellos). Se trata de apoyar el desarrollo urbano y estimular la actividad
económica y cultural, con el objetivo de contribuir a la cohesión social. De
ahí la importancia de los llamados “pactos territoriales” con implicación de
poderes públicos y organizaciones sociales, con medidas de carácter urbanístico
y de empleo, o lo que es lo mismo “con un enfoque integrado, con objeto de
evitar la segregación”. El apoyo de la Comisión a tales pactos debe
manifestarse a través del Fondo Europeo para la Integración de los Nacionales
de Terceros Países, fijándose unos objetivos claros en tales pactos para poder
obtener fondos europeos y que pasarían por incrementar, en el ámbito
territorial de referencia, las tasa de empleo, los niveles de educación, la
inclusión social y la ciudadanía activa.
d) La
integración no afecta sólo a las políticas que se adopten en los países de
acogida. Los países de origen también han de jugar un papel importante en el
apoyo al proceso; los inmigrantes deben tener información adecuada sobre todo
aquello (idioma, requisitos profesionales, documentación) que necesitan para su
integración regular, y también la UE puede ayudar a ello mediante la puesta en
marcha, de un portal UE sobreinmigración. Deben producirse contactos entre las comunidades en el exterior y
los países de origen, y ahí las remesas de los inmigrantes y la transferencia
de conocimientos pueden jugar un papel de primera importancia en el desarrollo
de los países de origen y el fomento del espíritu empresarial. En fin, los
países de origen pueden preparar el retorno temporal (política de migración
circular que reconozca los derechos de las personas inmigradas y que no les
dificulte, en el Estado de acogida, el retorno) o definitiva de los migrantes.
Para ello se requiere, y en general para toda la política de integración,
reforzar los mecanismos de cooperación, consulta y coordinación entre los
países de origen y los de acogida.
e) Por último,
cabe decir que el seguimiento de los resultados obtenidos es fundamental para
conocer el grado real de eficacia de las políticas adoptadas tanto en el seno
de la UE como de los distintos Estados que la componen. La Comisión trabaja con
cuatro indicadores adoptados por el Consejo en junio de 2010 y que afectan a
las cuestiones abordadas con anterioridad: empleo, enseñanza, inclusión social
y ciudadanía activa”. Su seguimiento deberá servir para mejorar el proceso
europeo de aprendizaje de las diversas realidades de la integración,
correspondiendo a la Comisión supervisar la evolución de la situación y
formular recomendaciones, “previo diálogo con los Estados miembros”.
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