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domingo, 25 de abril de 2010

Hablemos menos de reformas laborales y más de crear empleo.

Mientras en España seguimos inmersos en el debate sobre la “necesaria reforma laboral”, como si esta fuera una pócima mágica que vaya a curar todos los males de nuestro debilitado mercado de trabajo, los ministros de trabajo y empleo del G20 se reunían la pasada semana en Washington y aprobaban cinco grandes recomendaciones dirigidas a sus jefes de Estado y de Gobierno que se reunirán en la ciudad canadiense de Toronto los días 26 y 27 de junio.

Los responsables laborales de los países que suman más de los dos tercios de la población mundial y el 85 % de la economía mundial piden que siga estando en el centro del debate mundial la creación de empleo y la adopción de medidas que protejan, si es necesario, a la población trabajadora que ha sufrido, sin comerlo ni beberlo, los envites de la crisis financiera. Más concretamente, demandan acelerar la creación de empleo y asegurar una recuperación sostenible que permita un crecimiento con un elevado nivel de empleo; el refuerzo de los sistemas de protección social y la promoción de las políticas activas de mercado de trabajo; situar el empleo y la prevención de la pobreza en el centro de las estrategias económicas nacionales y globales; la mejora de la calidad de los empleos para la ciudadanía; y, último pero ni mucho menos poco importante, preparar a la población activa para los futuros retos y oportunidades que se contemplan ya en unos casos, y se prevén a corto y medio plazo en otros, en el mercado de trabajo.

Obsérvese que las propuestas sitúan, con acierto a mi entender, que el valor del trabajo en general, y su concreción en la ocupación de un puesto de trabajo con garantías de estabilidad y de cualificación profesional, ha de ser el eje central de todo debate para salir de la crisis económica-financiera, reiterando de esta manera la declaración que los jefes de Estado y de Gobierno hicieron en Pittsburgh el mes de septiembre de 2009.

¿Estamos debatiendo de todo ello en España en el marco del diálogo social sobre la reforma laboral? Más bien poco, diría yo, porque parece que todo se reduzca a reducir las modalidades de contratación laboral y el coste que asume la parte empresarial cuando procede a la extinción del contrato de trabajo (por cierto, la palabra “despido” tiene mala prensa, pero sigue existiendo en el ordenamiento jurídico español), con el argumento de que por esta vía se reducirá la dualidad existente en el mercado de trabajo español entre trabajadores estables y los que no disponen de garantías de estabilidad. En el debate también han entrado, como elefantes en una cacharrería, quienes cuestionan los “privilegios” de los empleados públicos en régimen funcionarial y piden que se modifique la normativa que garantiza la estabilidad y que no deja a los tan criticados denostados funcionarios públicos al pie de los caballos de cualquier cambio político. (Recordar lo que ocurría en épocas históricas en las que no existía esta garantía de estabilidad sería conveniente para algunos desmemoriados).

A lo largo de mi años de vida profesional he vivido varias reformas laborales y todas ellas han tenido impacto sobre la creación de empleo, ciertamente, aunque su impacto ha sido mucho más limitado de lo que los apologetas del cambio radical pretenden ahora.

¿Niego la necesidad de reformas (en plural) en las relaciones laborales en España? En modo alguno, porque hemos de adoptar medidas que incentiven la incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo, dotándoles de un grado de cualificación profesional que les permita incorporarse en condiciones dignas; se han de introducir mecanismos en el seno de las empresas (aprovechando las posibilidades existentes y explorando otras nuevas por los empresarios y los trabajadores o sus organizaciones) que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo a las cada vez más cambiantes realidades económicas y productivas a escala internacional; hemos de prestar especial atención al colectivo, cuantitativamente cada vez más importante en España, de trabajadores autónomos y velar porque puedan disponer de acceso al sistema financiero; y, ciertamente, tampoco ha de dar ningún miedo debatir sobre la hipótesis de una reducción del coste de la extinción contractual si ello va acompañado de medidas que potencien la contratación estable de las personas que se incorporen al mercado de trabajo.

En el debate de las reformas laborales echo en falta la voz de los trabajadores afectados en el día a día por la crisis, y no me refiero a los desempleados sino a quienes siguen en sus puestos de trabajo. Llevo mucho años impartiendo docencia a personas que combinan su condición de estudiante con la de trabajadores, y creo que en los últimos dos años he oído historias de flexibilidad real en la vida laboral (algunos, quizás, lo llamaríamos descontrol o “lo tomas o lo dejas”) que harían sonrojar muchos de quienes critican las rigideces de nuestras condiciones de trabajo.

No vivimos tiempos fáciles en el ámbito laboral, pero la apuesta por el futuro debe pasar por una adaptación permanente a los cambios en el sistema productivo y tratar de impulsar el cambio en una dirección que beneficie a las personas trabajadoras, que son la gran mayoría de la población. Cuando estaba iniciando la redacción de esta artículo he leído cuales son las 100 empresas mejores para trabajar en España y que características tienen, y en todas ellas se habla de trabajo en equipo, confianza en los directivos, implicación en el trabajo cotidiano de toda la plantilla, en definitiva confianza en las cosas bien hechas. No he encontrado referencias a precariedad, inseguridad, miedo al futuro profesional.

Las reformas laborales ayudan a crear empleo, ciertamente, pero no les pidan aquello que no están en condiciones de dar.

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